Con un acuerdo de “mínimos” y con la carta que se enviará al Gobierno de España para defender a las grandes fábricas asentadas en Asturias aún por cerrar y “matizar”. Así se cerró ayer la segunda reunión de la bautizada como Alianza por la Industria de la que forman parte el Gobierno regional, los partidos con representación en la Junta, la patronal FADE, las Cámaras de Comercio, los sindicatos UGT y CC OO, la Federación de Concejos y la Universidad de Oviedo, uno foro con el que el Principado quiere dar una imagen de unidad en Madrid tras el fiasco que supuso la aprobación del estatuto del consumidor electrointrensivo en diciembre. Hay sintonía en las cuestiones generales, pero divergencias en los matices que los miembros de la Alianza han decidido dejar en segundo plano, por ahora.
El Principado reconoce que el reto es complejo. “Este es un foro que aglutina una gran diversidad de opiniones, y esa diversidad implica una complejidad en la gestión. Que un mes después de la constitución de esta alianza sigamos aquí es una prueba de éxito”, señaló el consejero de Industria, Enrique Fernández. Para lo que ya hay acuerdo es para enviar al Gobierno de Pedro Sánchez un documento con cuatro exigencias: desvincular las ayudas recogidas en el estatuto de la disponibilidad presupuestaria, equiparar las políticas para favorecer la competitividad del sector electrointensivo a las de otros países de la UE, la puesta en marcha de forma urgente de un mecanismo que sustituya a la subasta de interrumpibilidad y, por último, que los ministerios españoles tengan una mayor interlocución con las empresas electrointensivas asturianas para elaborar planes de inversión específicos que garanticen su supervivencia.
Faltan por pulir algunos matices, cambiar algunas frases de la redacción, pero el texto final a enviar por la Alianza a Madrid se aprobará la próxima semana. Y eso que algunos no estaban muy convencidos de la propuesta final. Es el caso del PP. Su portavoz de Industria en la Junta, Álvaro Queipo, señaló que “el documento que presenta el Gobierno en el marco de la Alianza por la Industria es un acuerdo de mínimos que no aporta las soluciones que la industria asturiana necesita, por eso nosotros hemos presentado una solicitud de revisión del estatuto de la industria electrointensiva y pedimos al resto de fuerzas políticas que se sumen a la iniciativa del PP y entre todos hagamos un frente común”. No obstante, Queipo matizó que apoyarán el documento que impulse esta Alianza, en aras del consenso.
La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, preguntó al Gobierno asturiano “si se va a seguir otra vía, aparte de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se reúna con Pedro Sánchez, para que nuestras reivindicaciones sean escuchadas a nivel central y no ocurra como con el estatuto electrointensivo”. No obstante, reconocíó “la voluntad de todos los participantes de buscar soluciones unánimes y dejar a un lado las discrepancias”.
Algunas de las peticiones de Podemos no tendrán hueco en la redacción final. Su secretario general en Asturias, Daniel Ripa, aseguró que hace falta un “mecanismo para abaratar los costes de la electricidad en su conjunto y no regalar dinero a las multinacionales”. A su juicio “también hay que apoyar a la industria asturiana para que se considere como un sector estratégico”.
La portavoz de IU en la Junta, Ángela Vallina, señaló que la reunión de la Alianza terminó “con un acuerdo de mínimos para la defensa de la gran industria asturiana, lo que hemos acordado es que el presidente regional, Adrián Barbón, es quien, con este tema, tiene que dirigirse respaldado por todos los agentes sociales y grupos políticos al presidente de España, Pedro Sánchez. De Presidente a Presidente”. En una línea muy similar, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, señaló que “ Barbón debe liderar a toda la sociedad asturiana y exigir al Gobierno de España que articule mecanismos que permitan que nuestra industria no haga frente a unos costes energéticos que lastran enormemente su competitividad”.
Sin perder el tiempo
El presidente de la patronal FADE, Belarmino Feito, resaltó que “en este momento es verdaderamente urgente dar solución a los problemas concretos de la industria hiperelectronintensiva que el Estatuto aprobado por el Gobierno de España no ha resuelto y que, paradójicamente, son los que justificaron el mismo”. Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera, matizó que “el acuerdo, aunque sea de mínimos es positivo, siempre queda algún tema que nos hubiera gustado incorporar, pero estamos satisfechos”. Igual de satisfecho estaba el vicepresidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Jorge Suárez, que apuntó que “si se lograran las cuatro reclamaciones que hemos hecho sería muy beneficioso para la gran industria. No podemos perder más el tiempo”. El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, reconoció estar de acuerdo con el documento, pero con “matices”. “Las ayudas a grandes industrias no se pueden vincular a un periodo de tres años porque nada hace pensar que en ese periodo España tendrá un coste eléctrico similar al de otros países”, dijo. Mientras que el líder de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, dijo que “queda claro que el estatuto para las electrointensivas en Asturias no sirve, es insuficiente. Ahora toca defender un nuevo marco regulatorio que permita a nuestras industrias ser competitivas”.
