La factura de no rebajarle la luz a la industria puede salirle extremadamente cara a Asturias. El análisis lo han realizado el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, que aseguran que las consecuencias del estatuto de los consumidores electrointensivos que se aprobó en diciembre –y que casi no rebaja el recibo eléctrico de las compañías de la región– serán muy negativas” para el Principado. ¿Cuáles serán esos efectos? En la lista de daños figura, por ejemplo, que las compañías electrointensivas asentadas en la región retraerán sus inversiones, “vitales para el mantenimiento futuro de la actividad”, matizan ambos colegios; hay riesgo real de deslocalización total o parcial de estas compañías, y habrá más paro, especialmente entre los jóvenes ingenieros.
La parte positiva es que no todo está perdido. Aún hay margen de maniobra para que el Gobierno tome cartas en el asunto y adopte medidas urgentes que eviten una fuerte destrucción de empleo en el sector industrial de la región, tal y como pronostican que puede ocurrir. En su estudio, los ingenieros destacan que el coste energético es vital para muchas de estas empresas. Tanto que en algunos casos supone el 50% de su coste de producción. Ante esas cifras, resaltan, “el riesgo de deslocalización es evidente”. Eso provocaría un efecto “castillo de naipes”. La destrucción de empleo, tanto directo como indirecto –calculan que el inducido es tres veces superior al directo–, se aceleraría y, por tanto, se cerraría de un portazo la puerta a los jóvenes ingenieros que cada año salen de la facultad. “En estas grandes industrias encuentran acomodo muchos jóvenes ingenieros, ahí es donde maduran profesionalmente antes de dar el salto y buscar oportunidades de mejora. Todo esto da más sentido a la formación de carácter técnico que tenemos en la región”, dicen.
El principal problema del estatuto es la falta de medidas efectivas para conseguir rebajar la factura de la luz de la gran industria asturiana. La primera consecuencia de todo esto será la merma de productividad que sufrirá la industria, según apunta el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Esteban Fernández Rico. “Son gotas que van llenando el vaso hasta que acaba derramándose”, agrega. Sin embargo, sostiene que aún hay margen para arreglar el desaguisado. La propia Unión Europea lo permite. “Hay un marco comunitario general y común, y hay directrices que permiten avalar las singularidades de las empresas asturianas”, asegura Fernández Rico. Bruselas permite que los estados miembros den ayudas a estas compañías, altamente consumidoras de electricidad. “Habría que explorar las subvenciones que se pueden aplicar en España y llevarlas hasta el límite”, dicen los colegios en el informe.
En Europa hay un marco comunitario general y común, y hay directrices que permiten avalar las singularidades de las empresas asturianas
La de la UE no es la única vía que los ingenieros industriales y de minas piden al Gobierno de España que explore. Otro camino podría ser establecer unas compensaciones por los costes de CO2 indirectos que sean “estables y predecibles, en lugar de depender de las aportaciones puntuales de los Presupuestos del Estado, y llevar esas partidas al máximo”. Lo proponen después de que este año esas ayudas fueran raquíticas: solo se repartieron 60 millones entre toda la gran industria. No ocurre así en otros países del entorno, como Francia o Alemania, que siempre aprietan el acelerador con estas subvenciones, exprimiéndolas al máximo. “Sería necesario profundizar en las causas por las que hay tanta diferencia entre las ayudas que por ese mismo motivo se conceden en otros países”, argumentan.
“Los mecanismos para rebajar la luz a la industria deben ser ágiles porque a día de hoy los plazos juegan en contra”, resalta Esteban Fernández Rico. Exactamente en la misma línea, el decano del Colegio de Minas del Noroeste, Juan José Fernández, recalca que “el problema para el Principado es mayor porque medidas como el estatuto perjudican a empresas que tienen mucho empleo y que son tractoras para otras, y que, además, están ubicadas en zonas que vienen ya de una reconversión. Se está poniendo en riesgo su continuidad”.
El problema para el Principado es mayor porque medidas como el estatuto perjudican a empresas que tienen mucho empleo y que son tractoras
Todo esto llega en un mal momento para la industria. El impacto de la pandemia sobre este sector abrió una enorme herida que aún no ha cicatrizado. El estudio de los dos colegios de ingenieros resalta que lo que se conoce como el valor agregado bruto (VAB) –termómetro por el que se mide el vigor de los sectores– bajó el año pasado del 20% en el caso de la industria en Asturias. Ese es, precisamente, el límite establecido para considerar a una región como industrial. Aunque reconocen que será una caída coyuntural, ya que todas las previsiones apuntan a que este sector crecerá con fuerza a lo largo de 2021 hasta conseguir recuperar el vigor que ha perdido en el aciago 2020.
Es más, en su estudio señalan también que “las industrias hiperelectrointensivas en España consumen del orden del 10% de la demanda nacional de energía eléctrica. Si desapareciesen, seguramente habría que replantearse algunas de las grandes inversiones en energías renovables establecidas en el plan integrado de energía y clima y que está previsto que se desplieguen de aquí a 2030, y tendría que adaptarse la transición energética en su conjunto a las nuevas condiciones”.
Barbón pide “estabilidad” para la industria y dice que el estatuto “no responde a sus necesidades”
El estatuto de la industria electrointensiva “no responde” a las necesidades que Asturias reclama “de forma justa”, señaló ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el transcurso de la reunión del comité federal del PSOE, celebrado en Barcelona, aunque se desarrolló por primera vez en la historia del partido de forma telemática. El jefe del Ejecutivo asturiano indicó asimismo ante los demás líderes socialistas que la “prioridad” debe ser dar “estabilidad” al sector industrial electrointensivo del Principado, lo que a su juicio requiere la concreción de un estatuto que dé respuestas a las necesidades del sector, pues el actual documento ha decepcionado a las empresas afectadas y al Gobierno autonómico, que lo calificó de “poco favorable” para Asturias al considerar que favorece a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Barbón defendió en el comité federal la necesidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) “se implique” y “dé un paso adelante para el rescate de empresas estratégicas, como Duro Felguera”. Además, resaltó la importancia de que lleguen inversiones destacadas a las comarcas mineras asturianas, para que puedan acceder también a “una transición justa”. Trasladó finalmente la necesidad de “seguir avanzado en la cogobernanza, sobre todo en aspectos como la salud pública, y aplaudió la retirada del copago farmacéutico a los pensionistas.
