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Hacienda frena muchas de las ayudas a los hosteleros asturianos, dicen las asesorías

Los gestores administrativos aseguran que algunas subvenciones son rechazadas por deudas ya pagadas y reclaman bajar el IVA al sector

Clientes en una terraza de Oviedo.

Clientes en una terraza de Oviedo.

Los gestores administrativos han presentado al Gobierno un informe con 25 propuestas de carácter fiscal, laboral y para la digitalización de la administración, con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Una de las últimas trabas se las está encontrando el sector hostelero asturiano –uno de los más afectados por el oleaje de restricciones–, según apunta el decano del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, Carlos Rodríguez-Noriega, cuando los empresarios van a solicitar las ayudas que les corresponden a la ventanilla de la administración. “Muchas están viniendo rechazadas por problemas de pagos con Hacienda o con la Seguridad Social”, explica. El problema está en que el atasco administrativo es tan grande que muchos ya han regularizado su situación y aun así, la subvención les viene rechazada.

“Tenemos un montón de casos así”, asegura Rodríguez Noriega, que apunta que todo esto acabará trayendo consigo una inevitable litigiosidad por parte del sector para reclamar estas ayudas. Entiende el decano del colegio de gestores que en situaciones como la actual la administración debería ser algo más sensible y levantar algo la mano. Porque a los rechazos también se suma que muchas de las ayudas se están demorando, hasta desesperar a los empresarios que dependen de ese dinero para poder llegar a final de mes y pagar las facturas.

De hecho, una de las propuestas que han lanzado los gestores administrativos pasa por rebajar el IVA en el sector hostelero para ayudar a estos negocios en su recuperación. La idea que han dejado sobre la mesa es rebajar ese tipo impositivo hasta el mínimo de forma temporal, hasta que la recuperación de la economía vaya consolidándose.

La actividad de las pymes, asegura Carlos Rodríguez-Noriega, pende de un hilo. Los negocios han ido perdiendo músculo y según se van adoptando medidas restrictivas sus resistencias van aflojando. “Muchos tienen complicada la reconversión y también entre las grandes empresas se va notando que el colchón financiero que tenían se va agotando”, señala.

El presidente del Consejo Nacional de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, alertó durante el acto de presentación de esas medidas de que en España aún quedan aún 300.000 trabajadores por cobrar el expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y avisó de que muchos pueden encontrarse con una desagradable sorpresa a la hora de rendir cuentas ante Hacienda. Es decir, cuando les toque hacer la declaración de la renta, ya que, al constar como que tienen dos pagadores (el Estado y su compañía), van a tener que devolver parte del dinero que habían recibido, puesto que el Servicio Estatal de Empleo (Sepe) ha realizado unas retenciones mínimas.

El informe elaborado por los gestores administrativos recoge la necesidad de que desaparezca esa obligación de declarar cuando el segundo pagador sea el Servicio Público de Empleo. Según los cálculos del propio Santiago, un trabajador que haya pasado nueve meses de ERTE –es decir aquel que ya con el estallido de la pandemia, allá por mediados de marzo del año pasado, fue regulado– y que tuviera unos ingresos brutos al año de 22.000 euros tendrá que pagar de media unos 1.400 euros en su declaración de la Renta. Un buen hachazo en tiempos de necesidad.

Entre las medidas presentadas por los gestores administrativos figura también la de agilizar al máximo la digitalización de la administración para tratar de evitar que suceda de nuevo el colapso en la tramitación de los ERTE, que aún se arrastra. También aseguran que sería necesario flexibilizar los trámites para permitir que los empleados regulados pudieran tener un trabajo durante el tiempo que están de ERTE o, incluso, probar a ser autónomos.

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