“Que se olviden quienes pretendan cambiar el actual sistema público de pensiones (la llamada modalidad de reparto, basada en los principios de contribuidad, solidaridad y suficiencia) por un modelo de capitalización” porque en España “no hay consenso social ni político para modificarlo”, sostuvo ayer la presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y secretaria de Seguridad Social del PSOE, Magdalena Valerio, exministra de Trabajo.
Durante un coloquio telemático organizado por la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Valerio negó que en España haya un gasto excesivo en pensiones (se sitúa en el 10,9% del PIB, y el 12% si se suma el sistema de clases pasivas, frente al 12,4% de media en la UE) aunque planteó la necesidad de asegurar su sostenibilidad futura (“social, financiera y jurídica”) con las recomendaciones del Pacto de Toledo toda vez que si hoy se pagan 10 millones de pensiones públicas, en 2040 habrá que abonar cerca de 15 millones y en un contexto de caída de la natalidad. Entre las medidas necesarias, propuso acabar con el “déficit bastante ficticio de la Seguridad Social”, toda vez que el “sistema ha asumido durante mucho tiempo 20.000 millones de gastos impropios”, que no le corresponde afrontar, y que deben devincularse, para lo que el Pacto ha dado un plazo tres años al Gobierno para lo que se denomina “clarificación de fuentes”. También planteó una reforma fiscal y una lucha “sin cuartel” contra la economía sumergida (20% del PIB) y el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social.
“Todo lo que se invierta en cohesión social contribuirá a garantizar la paz social y la estabilidad política”, sostuvo la exministra. “Las pensiones, como el ingreso mínimo vital, la sanidad, la educación y la dependencia son pilares del Estado de Bienestar” y “contribuyen a la redistribución y a reducir la pobreza”, indicó. “Es una magnífica inversión que hay que gestionar de modo adecuado porque es un dinero que es de todos”, precisó.
“Solo las reformas pactadas en la comisión del Pacto de Toledo y en la mesa del diálogo social perdurarán”, como se demostró, dijo, con la que hizo el PP en solitario en 2013 y que el propio PP tuvo que enmendar en 2018 suspendiendo la aplicación anual del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad (en este caso, hasta 2023) que había aprobado sin acuerdo con otras fuerzas políticas ni con los agentes sociales.
Valerio abogó por encontrar un equilibrio entre los principios de contribuidad y de solidaridad intergeneracional, interterritorial y entre cotizantes (topando las pensiones máximas y complementando las prestaciones que no llegan a la pensión mínima) de modo que no se desincentive la cotización. También postuló que los autónomos coticen por sus ingresos reales.
La presidenta del Pacto de Toledo dejó abierta la posibilidad de buscar nuevas fuentes de ingresos como la posible cotización de los robots que sustituyen a mano de obra y otras.
Pedro Fernández-Raigoso, director general de Empleo del Principado, defendió el sistema público de pensiones como “ejemplo del modelo de protección español” y alertó contra quienes “denostan lo público tratando de demostrar desde posiciones neoliberales que la gestión privada es más eficiente”. Fernández-Raigoso avisó, no obstante, de que “no será posible la sostenibilidad del sistema si no hay un crecimiento económico que cree empleo, dado el carácter contributivo del sistema”.
