El Consejo de Ministros aprobó ayer demorar dos años más, hasta fines de 2023, el plazo para que el Estado privatice su participación del 61,8 % en Bankia, que tras la fusión con CaixaBank pasará a superar el 16 % de esta última entidad. El Gobierno espera que en ese plazo aumente la cotización del banco fusionado, lo que permitiría obtener unos ingresos superiores y reducir las pérdidas en las que incurrirá el Estado por las ayudas otorgadas a Bankia. El consejero delegado de esta entidad, José Sevilla, y otros tres directivos que formaron parte del primer comité de dirección de la entidad han decidido abandonar el banco tras su fusión con CaixaBank, según confirmaron fuentes de la entidad.
