El Ayuntamiento de Valladolid dio luz verde recientemente a una licencia de obra para que Amazon construya un centro de distribución en uno de los polígonos de esta ciudad castellana. Tendrá un tamaño mucho menor que el del Principado, de hecho, la inversión inicial ya es bastante menor, y, algunas fuentes señalaron que podría servir de complemento al que la multinacional de la distribución –reacia por el momento a desvelar su estrategia de negocio– va a comenzar a levantar en el polígono de Bobes (Siero). El caso es que ambos entrarán en funcionamiento casi al mismo tiempo: en el verano de 2022.
En Valladolid, según confirmó el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, está previsto que Amazon realice una inversión de 5,7 millones de euros. Una cantidad que está muy lejos de los cien millones que pretende gastarse en el Principado. El Consistorio vallisoletano ya ha dado luz verde a la licencia de obras después de que la semana pasada se firmaran las escrituras de compra de la parcela en la que se va a instalar el nuevo almacén, por 3,3 millones de euros, con la inmobiliaria Hipavima, que suele trabajar de forma habitual con la multinacional norteamericana.
Óscar Puente, que evitó nombrar directamente a Amazon, sí que reconoció que los contactos con la multinacional se llevan manteniendo “desde hace años”. Y, puntualizó, que un centro logístico “de estas dimensiones” podría generar entre 200 y 500 empleos. También en esta comparación el futuro centro logístico vallisoletano sale perdiendo con respecto al de Bobes. La previsión de la multinacional americana es que en Siero trabajen inicialmente cerca de un millar de personas, en su gran mayoría mozos de almacén. Pero esa cantidad irá creciendo de forma considerable. Es más, sus previsiones pasan por alcanzar una plantilla de dos mil trabajadores en el plazo de dos o tres años.
La parcela que ocupará Amazon en Valladolid tiene 46.000 metros cuadrados y está ubicada exactamente en el polígono del Jalón. La apuesta de Amazon por Siero, primero, y ahora también por Valladolid ha levantado algunas ampollas en la vecina León, que era otro de los territorios que aspiraban a albergar el centro logístico de la multinacional.
La multinacional nacida en Seattle en 1994 cuenta con 28 centros de trabajo repartidos por el país. El año pasado abrió dos nuevas áreas logísticas, una en Dos Hermanas (Sevilla) y otra en Alcalá de Henares (Madrid) –las dos de un tamaño muy inferior a la que va a comenzar a construir en Bobes–, y otras tres estaciones logísticas (mucho más pequeñas aún) en Rubí (Barcelona), Murcia y Leganés (Madrid). En la capital española, además, tiene un importante centro tecnológico. Allí trabajan 400 desarrolladores de software e ingenieros informáticos que dan soporte a las webs europeas de Amazon. Y, a sumar, también instalará en Aragón –en Huesca más concretamente– un centro de análisis de datos europeo. Todo esto se está traduciendo en que cada vez más empresas españolas, y también asturianas, están vendiendo a través de su página web. Uno de los últimos informes de la multinacional sobre su actividad en España señala que las pymes asturianas están entre las que “más exportan” a través de la página de la multinacional. En concreto, apunta a que vendieron productos “made in Asturias” al extranjero por valor de más de cinco millones de euros.
El Gobierno da tres meses para regular a los “repartidores”
La futura ley que fijará la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales –los denominados “riders”– contempla un plazo de tres meses para regularizar la relación por cuenta ajena de estos trabajadores, un colectivo al que el Tribunal Supremo ha reconocido como “falsos autónomos”. El último borrador presentado por Trabajo a los agentes sociales incluye una disposición transitoria única que establece que las empresas afectadas por la norma deberán dar de alta a las personas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, “como máximo, en el día primero del tercer mes a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto ley”. Distintas fuentes del diálogo social señalan que esta fórmula es entendida como un plazo de tres meses. El texto añade que este plazo se entenderá sin perjuicio de los procedimientos liquidatarios que correspondan por la duración íntegra de la relación laboral por cuenta ajena o derivados de las reclamaciones judiciales que afecten a las citadas personas trabajadoras.
