El exministro gijonés Rodrigo Rato ha sido procesado por el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, junto a otras trece personas físicas y tres societarias, por supuestos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y evasión fiscal, según un auto conocido ayer y que puede ser recurrido por las partes.
El juez culmina así la investigación iniciada en 2015 y que motivó entonces la mediática detención del ex secretario general del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia en su domicilio de Madrid. La propuesta de procesamiento por esta tercera causa judicial contra Rato podría llevar de nuevo al político asturiano al banquillo cuando acaba de acceder el mes pasado a la libertad condicional tras haber cumplido casi tres cuartas partes de los cuatro años y medio de prisión a los que fue condenado por el caso de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia que, opacas al fisco, se usaban para costear a cargo de ambas entidades gastos personales de los consejeros y directivos.
Rato y otros 33 procesados fueron exonerados el pasado 29 de septiembre en otro caso judicial, el de la salida a Bolsa de Bankia, aunque están pendientes de resolver varios recursos de casación planteados por las acusaciones.
El juez Antonio Serrano-Artal considera en el nuevo sumario contra Rato que, siendo presidente de Caja Madrid, esta entidad contrató los servicios de la sociedad Lateralmente, dominada por un supuesto testaferro del expolítico gijonés, Alberto Portuondo, quien habría pagado comisiones (sobre los ingresos así obtenidos) a la sociedad Kranodara, propiedad de Rato.
El auto señala a su vez que, también bajo la presidencia de Rato, Bankia habría contratado a la sociedad Albisa Inversiones, también dirigida por Portuondo, como prestadora de supuestos servicios de consultoría que en realidad enmascaraban, según el magistrado, el pago a Rato de comisiones por las dos agencias de publicidad contratadas por Albisa y que prestaron servicios a la entidad financiera entre 2011 y 2012. Ambos casos serían sendos supuestos de corrupción entre particulares.
Evasión de impuestos
En cuanto a los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de evasión fiscal, investigados desde 2006, el juez considera que el vicepresidente económico en los gobiernos de José María Aznar (PP) habría utilizado varias sociedades instrumentales para repatriar 7,8 millones entre 2006 y 2014, con cuyo movimiento habría defraudado al fisco 3,6 millones.
