El rescate por el Estado de la ingeniería Duro Felguera, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, supone la primera intervención pública en una compañía asturiana en casi un cuarto de siglo.
La última toma de control de una empresa de la comunidad por el sector público estatal se produjo en diciembre de 1998 cuando la compañía pública Ence, constituida en 1968 por el Instituto Nacional de Industria (INI) a partir de la fusión de tres industrias celulósicas estatales que databan de 1957, se hizo con la propiedad de Celulosas de Asturias (Ceasa), con factoría en Navia. La operación la acometió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sucesora y heredera del INI, con la vista puesta en una inmediata privatización de Ence, lo que se produjo en el verano de 2001, dos años y medio después de la anexión de la papelera de Navia. La incorporación de Ceasa fue clave para hacer más atractiva la colocación de Ence en el mercado porque le otorgó volumen y le garantizó el liderazgo nacional en el sector.
La entrada ahora de la SEPI en Duro Felguera se plantea también como una operación transitoria y, lejos de lo que había sido habitual en Asturias a partir de los primeros años 40 con el INI, la pretensión del Estado es puramente instrumental (garantizar el salvamento de un grupo industrial con 164 años de historia y en gravísimas dificultades que amenazaban su continuidad) y no finalista.
La última vez que el Estado asumió el control de una empresa asturiana para quedarse en ella fue en 1980 cuando el Gobierno de la UCD se hizo con el control de Minas de Figaredo, que había optado por permanecer al margen de la nacionalización del sector hullero de la cuenca central asturiana que se produjo al final del franquismo, entre 1966 y 1970. Con un carbón de mejor calidad para uso siderúrgico que el de otras explotaciones del entorno, Minas de Figaredo evitó incorporarse a la compañía estatal Hulleras del Norte (Hunosa), concebida para salvar y prolongar la vida de las minas, pero el deterioro progresivo del sector y de su competitividad, la liberalización creciente del mercado y la doble crisis internacional de los años 70 puso fin a su existencia como empresa privada. Tras su socialización, mantuvo su personalidad societaria hasta que en 1998 el INI la integró en su filial Hunosa.
Constituido el 25 de septiembre de 1941, el Instituto Nacional de Industria nació con la voluntad de servir a la defensa nacional y “al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica”, el ideario fundacional del franquismo que pretendía la autosuficiencia nacional como ideal económico. Esta doctrina, que condenó al país a varios decenios de atraso y de penuria, fue abandonada a partir de 1957 tras el fracaso irreversible del modelo económico del llamado primer franquismo, lo que hizo impostergable la revisión del modelo. Pero hasta entonces guió tanto las directrices políticas de la dictadura como la estrategia del INI en calidad de actor principal de esa voluntad aislacionista.
La pretensión que subyacía en el proyecto del INI estaba inspirada en la concepción económica del sector más ideologizado del franquismo, al que pertenecía Juan Antonio Suanzes, el gran dirigente del Instituto, y quedó patente tanto en la ley por la que se constituyó el INI como en su denominación original: una intervención del almirante Luis Carrero Blanco, futuro presidente del Gobierno, evitó “in extremis” que recibiera la denominación de Instituto Nacional de Autarquía.
En su defecto, se optó por imitar la denominación del Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI), creado en Italia en 1933 para asumir y dar continuidad a los grupos fabriles dominados por tres bancos que, golpeados por la Gran Depresión, tuvieron que ser intervenidos entonces por el Gobierno.
A partir de ese origen, Suanzes, muy crítico con el empresariado español, que consideraba atenazado por miedos atávicos y prudencias excesivas, se lanzó, con el apoyo de los presupuestos generales del Gobierno y el respaldo de la jefatura del Estado, a una actuación que muy pronto dejó de ser subsidiaria de la iniciativa privada para competir con ella y en ocasiones suplantarla. Si en origen pretendía “sustituir a la iniciativa privada en sectores de baja rentabilidad o en aquellos que exigiesen una inversión fuera del alcance del capital privado”, la realidad es que terminó por irrumpir en ámbitos de actividad en los que la fortaleza de la empresa privada era notable, lo que generó fuertes acusaciones de competencia desleal. Franco dijo en Gijón en mayo de 1946 que “un Estado ha de estimular las industrias. Y si falta iniciativa particular, pondré en juego la oficial. Y donde no baste el esfuerzo privado, se volcará el Estado. Y si hace falta orden, orden impondremos”. Suanzes estaba entonces blindado.
La llegada del INI a Asturias, donde se convirtió en el mayor empresario de la comunidad y a mucha distancia de cualquier otro, fue muy temprana. El Instituto desembarcó en 1942, un año después de su creación. Ese año, tomó una participación (6,5%) en la Sociedad Ibérica de Nitrógeno (SIN), que databa de 1923, y que contaba con una fábrica en La Vega (La Felguera), a la que en 1950 sumó otra en Barros. A la vez que entraba en SIN (en la que luego desinvirtió), el INI mantuvo negociaciones en 1942 para asumir el control de Mina La Camocha, de Gijón, que se prolongaron hasta 1944. Suanzes era partidario de adquirir la explotación, pero no así el ministro de Industria, Demetrio Carceller, que se opuso y convenció a Franco para vetar la operación.
El intento de relanzar el proyecto privado de SIASA (Siderurgia Asturiana), concebida en 1942 para fabricar en Avilés productos siderúrgicos y chatarra sintética, supuso la implicación del INI y su toma de control en 1948. Siasa fue una sociedad de vida azarosa, con una larga trayectoria de pérdidas, y cuyos activos acabaron integrándose en Ensidesa en 1971 no sin fuertes resistencia del Ministerio de Industria.
La otra gran actuación de la posguerra fue la creación ese mismo año de 1948 de la primera factoría de Endasa (luego, Inespal) para fabricar aluminio en San Juan de Nieva, que posteriormente, en 1956, se trasladó al otro lado de la ría, en Zeluán, en el límite de Avilés y Gozón. Endasa llegó a Asturias un año después de que hubiese creado su primera planta en Valladolid.
La última y la más ambiciosa actuación del INI en Asturias para competir con la empresa privada fue el asentamiento en Avilés de la siderúrgica integral Ensidesa, creada en 1950 y cuyo primer horno alto se encendió en 1957. Asturias contaba entonces con tres compañías siderúrgicas: Duro Felguera, Fábrica de Mieres y SIA Santa Bárbara-Fábrica de Moreda. La región había perdido el liderazgo siderúrgico nacional entre 1880 y 1890 a resultas de la entronización de nuevas tecnologías que primaron el concurso del mineral de hierro frente al del carbón.
En 1957 Asturias producía con sus tres siderúrgicas privadas el 20% del arrabio y el 13% del acero que se elaboraban en España frente al 60 a 65% del arrabio y el 34% del acero que salían de las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). La actuación del Estado y la elección de Avilés como emplazamiento de la nueva planta acerera destronó la preeminencia de la industria de cabecera vizcaína y restableció el liderazgo en Asturias, lo que dio pie a interpretaciones sobre posibles móviles políticos y no sólo económicos.
Suanzes tuvo que luchar contra la fortísima resistencia de las industrias privadas al nuevo proyecto, que intentaron frenar por juzgarlo lesivo para sus fábricas y dañino para un mercado que no consideraban capaz de absorber la producción adicional que se iba a poner en marcha: 1,4 millones de toneladas, aunque Ensidesa tardó quince años en alcanzarlos. A la inversa, el dirigente del INI juzgaba que los industriales privados estaban atenazados por la falta de arrojo, apesadumbrados por el recuerdo de la Gran Depresión, la Guerra Civil y la inmediata posguerra, y atenazados por unas instalaciones productivas envejecidas.
Ensidesa adquirió en esta época Hulleras de Riosa para abastecerse de carbón, en lo que fue un anticipo de la posterior estatalización hullera.
La gran crisis del modelo económico franquista, con las arcas públicas exhaustas y las reservas de divisas agotadas, forzó el volantazo hacia las reformas económicas, la liberalización y la renuncia al ideal de la autarquía. La llegada al Gobierno de los ministros tecnócratas, desposeídos de la retórica falangista fundacional, llevó a un choque constante de Suanzes con el ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio –quien desconectó al INI del presupuesto general del Estado en 1957 y le obligó a financiarse en el mercado– y aún más con el nuevo ministro de Industria, Gregorio López-Bravo, partidario desde su designación en 1962 de que el INI renunciase a ser un organismo rector de la política industrial y asumiese una posición subsidiaria de la iniciativa privada y como rescatador de empresas en crisis.
Años antes, en el decenio de los 50, Suanzes ya había amagado varias veces con dimitir como forma de presión para lograr el respaldo de El Pardo. Franco le comentó entonces a su primo y secretario militar Francisco Franco Salgado-Araujo: “Un día le voy a aceptar la renuncia”. Suanzes se había enfrentado además a Franco con su resistencia a que el INI rescatase a Manufacturas Metálicas Madrileñas, una compañía en crisis en la que estaba implicado Nicolás Franco, hermano del Caudillo.
La dimisión y cese definitivos de Suanzes se produjeron en 1963 cuando el gran patrón del INI constató que Franco respaldaba la estrategia de López-Bravo y no la suya. Franco y Suanzes, ambos ferrolanos, nunca se reconciliaron.
Antes, en 1960, ya se había producido la reordenación de la industria de armamento, con la constitución de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que en el caso de Asturias supuso la integración en la nueva sociedad de las fábricas de armas de Oviedo y Trubia, con orígenes en el siglo XVIII.
La nueva etapa del INI a partir de 1962 siguió un modelo de supeditación al sector privado, socialización de pérdidas y “hospital de empresas”. De estas prácticas había habido algunos antecedentes desde los años 40, pero fue a partir de los 60 cuando se generalizaron.
Las dos grandes operaciones de salvamento industrial realizadas por el INI se produjeron en la segunda mitad de los años 60. Entre 1966 y 1970, el Estado asumió casi todas las explotaciones carboneras del Caudal y del Nalón, que estaban en situación de grave quebranto económico desde el Plan de Estabilización de 1959 y la liberalización económica de los años inmediatos, mediante la constitución de Hunosa, y se hizo cargo a su vez de las tres viejas factorías siderúrgicas privadas de Langreo, Mieres y Moreda (Gijón) así como de la nueva fábrica de Veriña (Gijón) que habían levantado conjuntamente y con una participación del INI. La salida total del capital privado de Hunosa y Uninsa culminó en 1970, no casualmente el mismo año en que España firmó el acuerdo comercial preferencial con la Comunidad Económica Europea, que iba a entrañar más desarme arancelario y más desregulación.
Estas operaciones, la estatalización en 1969 de Astilleros Españoles (dueña de Juliana Constructora Gijonesa) y su posterior integración en Izar, la asunción por el INI en 1974 de la empresa de conservas Granja La Luz-Hijos de Justo Rodríguez, de Noreña (propiedad de la familia política del general Camilo Alonso Vega, exministro de la Gobernación); la constitución de Enfersa por desagregación de actividades de Ensidesa, el nacimiento de sociedades filiales de la gran empresa siderúrgica (Metalsa, Perfrisa y Tetracero), la entrada del INI en Minas del Narcea (Minarsa) en 1965 en sociedad con Hidroeléctrica de Moncabril, la nacionalización de Minas de Figaredo en 1980 y la constitución en 1986 de Mercasturias, con la participación indirecta del INI a través de la empresa nacional Mercasa, dueña del 51%, otorgaron el INI el clímax de su poder en Asturias.
En 1976 el INI aportaba el 44% del empleo industrial de Asturias y el 41% del valor añadido bruto de la industria de la región, y Asturias concentraba el 19,85% del inmovilizado total del INI (un caso sin parangón en España y Europa occidental de hegemonía del sector público industrial) y en 1978 el Instituto alcanzó el récord de empleo directo con 54.520 nóminas abonadas en el Principado.
A partir de las reconversiones industriales de mediados de los años 80 para atajar las pérdidas voluminosas, se inició una senda descendente. El ajuste y saneamiento de las industrias dominadas por el INI, en muchos casos sobredimensionadas y obsoletas, y las fuertes inversiones modernizadoras realizadas durante las reconversiones socialistas (caso de los 100.000 millones de pesetas en Ensidesa) facilitaron la etapa de privatizaciones que acometió el PP después de 1996 y con las que el Estado ingresó en Asturias 1.700 millones de euros
Antes, en 1991, se había producido el control de la compañía eléctrica Viesgo (con importante presencia en Asturias) por la estatal Endesa (todo ello antes de la privatización de esta sociedad), así como la transformación del INI en 1995 en la actual SEPI, presente hoy en la región a través de Hunosa, Sepide, Correos y Efe, y las participadas Enagas, Indra, Red Eléctrica y Mercasa con 2.543 empleos.
La entrada en Duro Felguera abre una nueva etapa en la historia de la SEPI y en la de su relación con Asturias mediante los rescates temporales de empresas privadas impactadas por la pandemia.
Un pasado de relaciones difíciles entre Duro Felguera y el Instituto Nacional de Industria
El rescate de Duro Felguera por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)l, sucesora del Insituto Nacional de Industria (INI), unirá temporalmente los destinos de dos actores que antaño colisionaron y mantuvieron relaciones difíciles. El primer frente de fricción se produjo cuando en 1950 el INI promovió la siderúrgica estatal Ensidesa. Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y las siderúrgicas privadas asturianas se opusieron con toda su capacidad de influencia al empeño del Estado de erigirse en su competidor. El liderazgo del rechazo lo asumieron AHV y Duro Felguera, la primera y la segunda siderurgias españolas de la época. También fue explícita en su negativa la asturiana SIA Santa Bárbara. No así Fábrica de Mieres, que estaba limitada porque uno de sus grupos accionariales de referencia participaba con el INI en el capital de Siderúrgica Asturiana (SIASA), de Avilés. En la movilización ante el poder político franquista Duro estuvo representada por su consejero delegado, Antonio Lucio-Villegas, ingeniero de Minas y procurador franquista en las Cortes por el Sindicato Nacional del Combustible hasta 1946. De afiliación falangista al igual que Suanzes, Lucio-Villegas sostuvo con su correligionario un pulso en el que se impuso el presidente del INI, que entonces aún gozaba de todo el amparo de Franco. Pero la resolución del duelo pudo haber tenido otro desenlace. Un informe de los servicios de inteligencia de la CIA en España fechado el 4 de junio de 1950 aseguró que el proyecto de Ensidesa (el “plan Suanzes”) suscitó una crisis en el gabinete que estuvo a punto de costarle al presidente del INI su cargo como ministro de Industria. De hecho, Suanzes, que compatibilizaba ambas responsabilidades, cesó como ministro al año siguiente, en julio de 1951. La CIA indicó que el origen del enfrentamiento fue la oposición de los empresarios privados, quienes consideraban el plan como “no económico y dictado por los intereses particulares conectados cn el INI”. Los empresarios, que rechazaron la propuesta de participar en el capital de Ensidesa, veían esta sociedad como un competidor, y además con tratamiento privilegiado por parte del Estado, y temían que el aumento de la producción y de la capacidad instalada hundiera los precios. También temían que una planta siderúrgica mucho más moderna que las suyas arrinconara a sus fábricas en razón de sus peores coste y calidad productiva. Para Suanzes se trataba de quebrar lo que consideraba que era un oligopolio del acero, y que, con sus limitaciones productivas, estaba frenando el proceso industrializador al que aspiraba el INI. El consejo de administración de Duro postuló que el Estado diese ayudas y facilitase la importación de equipos y maquinaria (restringida por el fortísimo intervencionismo proteccionista del franquismo de la posguerra) para que las industrias privadas pudiesen modernizarse y ampliar capacidad. Las empresas privadas asturianas fabricantes de acero ya se habían opuesto también en 1944 (entonces con éxito) a la participación del INI en Mina La Camocha por el temor a que ello sirviera de origen a la creación en Gijón de una planta siderúrgica estatal. Cuarenta años después de aquel conflicto, Duro Felguera volvió a mantener fricciones con el INI. El INI había socorrido a las tres siderúrgicas asturianas entre 1966 y 1970 con la nacionalización de Uninsa, a la que las compañías privadas del acero habían transferido todos sus activos, empleos y negocios siderúrgicos. A su vez, el INI había asumido a través de Hunosa la totalidad de sus deficitarias minas de carbón junto con las de otras empresas privadas de las cuencas de los ríos Caudal y Nalón. Desprovista de sus dos actividades hegemónicas (el carbón y el acero), Duro Felguera se reinventó como fabricante de bienes de equipo a partir de los talles auxiliares de los que se había dotado en los años 50 con la importación de equipos y maquinaria británicos que financió con exportaciones de mineral de hierro de su mina de Llumeres (Gozón). Cuando en 1983 el INI acudió al rescate de la compañía vasca de bienes de equipo Babcock Wilcox y la estatalizó, Duro, que era proveedor de las empresas públicas, denunció el trato de favor que estas compañías del INI otorgaron desde entonces a Babcock en detrimento del fabricante asturiano. Las quejas y la mala relación persistieron hasta que Duro se reconvirtió en ingeniería de proyectos “llave en mano”.
