La transición energética y la digitalización son los dos principales ejes del ansiado Plan de Recuperación, con el que España aspira a salir del bache provocado por la crisis del coronavirus. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), explica cuándo y cómo se empezarán a distribuir las primeras ayudas con cargo a los 27.000 millones incluidos en los Presupuestos de 2021.
–¿Cuáles serán los primeros proyectos que se pongan en marcha?
–Queríamos que las primeras medidas del Plan de Recuperación fueran medidas replicables en la pequeña escala. Empezamos con un paquete que incluye techos solares en zonas de servicio y polígonos industriales, cargadores en zonas urbanas, rehabilitación energética con una dotación de 1.000 millones de euros y actuaciones en depuración y saneamiento en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes y en economía circular con 580 millones de euros. Cosas que pueden tener una incidencia muy clara en el empleo local y en beneficios sociales para los vecinos de municipios pequeños.
–¿Se vehicularán a través de la Administración pública?
–Son convocatorias abiertas en muchos casos. Hay medidas en las que el mecanismo de atribución es contratación pública, en otras es convocatoria de subvenciones y en otras es un consorcio en el que hay instituciones públicas y privadas. En función de aquello que estemos hablando, nos vamos a encontrar distintas herramientas.
–¿Cuándo se aprobará?
–En las próximas dos o tres semanas va ese primer paquete e inmediatamente después tendremos el “Moves III” (plan para incentivar la compra de vehículos eléctricos), que moviliza y mantiene abierta una convocatoria de 400 millones de euros ampliable por otros 400 millones de euros más.
–Ha habido mucho ruido alrededor del anuncio sobre una fábrica de baterías “cerca de Martorell”. ¿Hay margen para que se sitúe en otras comunidades?
–Yo no descarto que haya parte de la fabricación que esté cerca de Martorell, hay ya fabricación en Valencia, y probablemente puede haber fabricación en otros territorios de España porque la necesidad de almacenamiento y trabajar en baterías es importante para la electrificación del automóvil y de otros vehículos y para el conjunto del sistema energético. Hemos detectado un interés muy notable por parte de distintos territorios y de distintas empresas. No tiene sentido pensar que esto se plantea en términos de exclusión o de lucha de territorios, sino ver cómo se combinan las piezas y qué está dispuesto a aportar cada cual en algo que probablemente es transformador para nuestro modelo industrial y para nuestro modelo energético.
–¿Y el litio de dónde va a salir?
–España tiene unas vetas de litio importantes en la frontera con Portugal y eso nos obliga a pensar cuáles son las condiciones de gestión sostenible de la minería y de la extracción de materiales y minerales. A partir de ahí hay que ver el caso concreto, si es viable o no y en qué condiciones. Y en qué otros sitios hay litio en caso de que no lo sea o en caso de que se requiera más.
–El Rey habló en Seat de la necesidad de incentivos y de una nueva fiscalidad. ¿Se plantean reducir el IVA al coche eléctrico?
–Es una tarea que tutela Hacienda. Nosotros creemos que es importante facilitar el cambio, y eso probablemente nos lleve a mantener un tratamiento fiscal que lo incentive, pero están encajando las piezas en este momento. En los vehículos hay distintas figuras, como el impuesto de circulación, el de matriculación y el IVA. Hemos avanzado en algunos aspectos para facilitar que los puntos de recarga puedan suministrar electricidad incentivada. Esa visión de conjunto respecto a la fiscalidad del automóvil eléctrico la tendremos en breve. Es una pieza importante para acelerar la movilidad.
–¿El próximo PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) será el del hidrógeno?
–Hay un PERTE asociado al vehículo eléctrico y queremos que haya un PERTE asociado a renovables innovadoras, almacenamiento e hidrógeno. Hay un potencial importantísimo para nuestro país. No sé en qué orden saldrán, pero este es uno de ellos.
–A partir de junio llega una nueva factura de la luz, pero hay quien se queja de que se gastará más a fin de mes...
–Con esta nueva regulación lo que queremos es recuperar la señal de que ahorrar sale a cuenta. Hasta ahora lo que teníamos era una parte fija de la tarifa (potencia contratada) muy elevada. La diferencia de nuestra tarifa en un mes que no consumiéramos nada de electricidad con respecto a un mes que consumiéramos mucho era insignificante. Ahora los costes fijos tendrán menos peso y la parte variable, el consumo real de energía, tendrá más. Y a eso se suma tres tramos horarios.
–¿Es usted partidaria del sí o del no en la OPA (oferta pública de adquisición) del fondo australiano IFM sobre Naturgy?
–Como responsable del ramo, me gustan más los perfiles industriales que los perfiles de fondos, pero esto es algo que evidentemente tiene que moverse en un marco de compatibilidad con la legislación europea y la legislación nacional. Por lo tanto, atenderemos a las razones de seguridad de suministro y del sector, atenderemos a las razones concretas del perfil industrial y empresarial de Naturgy y a las propuestas y el entendimiento de los interesados en participar en una empresa que está cotizada en un marco de libre mercado, con las limitaciones, las prohibiciones y las señales que marca la ley, que incluyen poder introducir prohibiciones en caso de que se considere necesario plantear condiciones o, incluso, limitar o prohibir el acceso a un inversor.
“Un recorte del 55% en emisiones limitaría el uso del coche”
–Usted asumió hace un año la responsabilidad de hacer frente al abandono de la España interior y revertir un proceso de décadas. ¿Qué ha podido hacer en un año?
–Hemos actualizado la estrategia dirigida a revertir esta tendencia e identificado las intervenciones que se deben activar desde el Estado, sabiendo que es fundamental que se sumen las administraciones, como las autonomías, que tienen capacidad real en el territorio. También nos hemos focalizado en algunas áreas específicas, como en la franja transfronteriza con Portugal. El próximo martes tenemos una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, en la que presentaremos las medidas que se van a aplicar. Incluyen mejoras de la conectividad, aprovechar la digitalización para el acceso a determinados servicios, servicios ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en acceso a vivienda, movilidad, acceso a formas de energía modernas. –¿Cuáles son esas medidas?
–Son muchas. Las vamos a presentar el martes. Recibimos más de 4.200 expresiones de interés.
–En las próximas semanas se aprobará en el Congreso la ley de Cambio Climático. Los ecologistas la califican de poco ambiciosa.
–Es una de las leyes más ambiciosas de la Unión Europea. Nuestros objetivos para 2030 están muy por encima de las obligaciones que planteaba la Comisión para España. Se pretende trasladar al caso de España el -55% de emisiones respecto a 1990 acordado para el conjunto de la Unión, ignorando que nuestra situación en esa fecha no tenía nada que ver con la de Alemania o Francia. España contó con objetivos de contención de emisiones y no de reducción por esta razón. Una reducción del -55% respecto a 1990 sería de -75% respecto a nuestras emisiones actuales.
–¿Qué consecuencias tendría reducir ese 75%?
–Obligaría a limitar el uso del coche durante varios meses al año de forma parecida a lo que ha ocurrido durante la pandemia. Lo que necesitamos ahora es que la ley entre en vigor cuanto antes para que el proceso se acelere y revisaremos nuestros objetivos al alza en 2023.
