La incertidumbre que pesa sobre la continuidad de la factoría de Ence en Pontevedra (pendiente de un fallo judicial que dirimirá si la concesión de suelo de dominio público marítimo terrestre que ocupa en la ría pontevedresa vence en 2033 o en 2073) podría agravarse y abocar a un cierre mucho más cercano de la planta si prospera la interpretación más pesimista del proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética actualmente en tramitación. La ministra Teresa Ribera ha desmentido que la redacción del artículo 18.4 de ese proyecto comprometa la viabilidad de Ence en Galicia o de cualquier otra instalación fabril en el litoral español. La empresa y los trabajadores de Pontevedra desconfían sin embargo de la redacción y temen que su entrada en vigor precipite el fin prematuro de la instalación con independencia de lo que resuelva en su momento la Audiencia Nacional sobre los procesos judiciales en curso.
El cierre de Pontevedra no sería necesariamente beneficioso para la factoría de Ence en Asturias. Aunque la planta de Navia ya tiene el compromiso de nuevas inversiones por 490 millones desviadas desde la gallega por la incertidumbre que pesa sobre la factoría pontevedresa, la fábrica asturiana (la mayor de ambas y con una nueva ampliación en proyecto para diversificarse) no tendría capacidad física para absorber la producción de Galicia. Y el cierre de Pontevedra, sin una alternativa que hoy no se vislumbra factible, descompensaría la estructura de una empresa que reposa sobre tres pivotes: las dos fábricas de celulosa y el negocio de energía renovable.
El presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, dijo a los trabajadores de Pontevedra (donde la fábrica cuenta con el rechazo de una parte de la sociedad local y de los grupos políticos) que, si la empresa se viera obliga a cancelar la producción en 2033, el cierre debería anticiparse y sería “inminente” porque el grupo no podría afrontar hasta el límite de ese plazo las inversiones anuales en mantenimiento y seguridad ambiental que demanda todo emplazamiento fabril, dado que, sin una expectativa de continuidad, le sería imposible el retorno y amortización de esos recursos.
El polémico artículo 18.4 de la ley apunta a que los títulos de ocupación de dominio público marítimo no podrán superar el plazo máximo previsto (75 años) aun contando con todas las prórrogas que se hayan otorgado. Si imperase esta interpretación, supondría el fin de la planta en 2033 y dejaría sin efecto la polémica prórroga hasta 2073 que le otorgó el Gobierno de Rajoy, que fue recurrida por colectivos locales y que está pendiente de sentencia.
