El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó ayer que su partido está a favor del rescate de una empresa “señera” como Duro Felguera, pero subrayó la importancia de que se conozca el destino de “hasta el último céntimo” de la operación.

“Queremos que se solucione la situación, pero no queremos que el Gobierno maneje el dinero a escondidas”, afirmó Queipo, que añadió que ese mismo Ejecutivo es el “corresponsable” de la situación de Alu Ibérica, del “abandono” de las comarcas mineras y de la aprobación de un estatuto para la industria electrointensiva “que ha favorecido a la industria catalana y vasca como un pago político de los apoyos a Pedro Sánchez”. “Con todo este cultivo, supongo que a nadie le extrañará que nosotros queramos saber el destino de hasta el último céntimo que se pone en el rescate”, recalcó Queipo.

Sobre la polémica surgida después de que el diputado popular Miguel Ángel Paniagua sembrada dudas sobre el rescate al señalar en una interpelación en el Congreso que en el consejo de Duro Felguera se sientan dos exministros socialistas –en referencia a Valeriano Gómez y Jordi Sevilla–, Queipo se limitó a decir que “no deja de ser llamativo como dato”.

Fruto de esa interpelación, el PP ha presentado una moción en el Congreso sobre las actuaciones de la SEPI y los rescates en la que apunta que “se ha ayudado a empresas cuya solvencia es más que discutible” y sobre Duro apunta que “acumuló pérdidas de 436 millones de euros en los últimos seis años, sin tener nada que ver con la pandemia”.

Ante esa moción, el diputado asturiano del PSOE Roberto García Morís señaló que “el PP vuelve a cuestionar y a poner en duda las ayudas a Duro Felguera” y criticó su “doble discurso”.

La portavoz del Gobierno del Principado, Melania Álvarez, instó ayer a la presidenta del PP de Asturias, María Teresa Mallada, a que defienda ante la dirección nacional de su partido la necesidad de rescatar a Duro Felguera. Melania Álvarez lamentó que el PP “ponga en duda tanto la necesidad como las razones” del rescate público por importe de 120 millones.