El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, avanzó ayer que el número de trabajadores acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha reducido en las últimas semanas al pasar de los cerca de 900.000 con los que cerró febrero a 783.000 a 20 de marzo.

Escrivá recordó que en el último año se ha protegido a más de un millón de autónomos y se han tramitado 3,8 millones de bajas por covid-19: 1,3 millones por contagio y 2,5 millones por aislamiento. Y ha destacado que los datos también muestran, de forma aún preliminar, los efectos del proceso de vacunación en los profesionales sanitarios y sociosanitarios. “En ellos vemos cómo han pasado de tener una incidencia un 50 % superior a la de la media de trabajadores a tener una incidencia un 50 % menor”, apuntó.

Sobre el coste de todas estas medidas, apuntó que el gasto total del Ministerio se ha situado en torno a los 16.000 millones y que hasta mayo, y sumando las partidas de desempleo, el gasto total del Gobierno se acercará a los 40.000 millones.

En total, resumió, las medidas de protección de la Seguridad Social han llegado a más de ocho millones de personas en algún momento de la pandemia y a casi 600.000 empresas.

Y cuestionado sobre otro de los temas clave de su departamento, la reforma de las pensiones, Escrivá rechazó que las negociaciones con los agentes sociales “estén bloqueadas” y achacó las discrepancias a aspectos menores, como cuestiones de calendario o algunos detalles técnicos en la parametrización de las jubilaciones anticipadas.

La mayoría de los grupos parlamentarios están presionado al Ministerio de Ecomomía para que amplíe los sectores económicos que podrán recibir los 7.000 millones de ayudas directas a empresas y autónomos.