Un despacho de la planta 11 del complejo que la Audiencia Provincial de Barcelona tiene en la Ciutat de la Justícia es el lugar donde más deudas se examinan de toda la geografía judicial española. Allí tiene su sede el Juzgado de 1ª Instancia número 50 de la capital catalana, pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad a gente aplastada por deudas que no puede pagar. Después de la experiencia barcelonesa, otras audiencias provinciales, como Santander o Valencia, empiezan a imitarla.
El 50 de Barcelona comenzó estudiando un centenar de solicitudes de acogida a la Segunda Oportunidad en 2016, al año de promulgarse. El año pasado ya tramitaba algo más de 400 peticiones de particulares para declararse en concurso de acreedores. Y este año, pasado uno de pandemia, “vamos camino de superar los 600. Cada año crece el número de concursos personales entre un 30 y un 40 por ciento”, relata el titular del juzgado, el magistrado Miguel Ángel Chamorro, ovetense con once años de toga que, antes de convertirse en el juez de la deuda, se fogueó en un juzgado civil en Badalona.
Su firma aparece ya en más de un millar de autos de lo que en el mundillo jurídico llaman abreviadamente “BEPIs”. Son las siglas de lo que burocráticamente se llama Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho, la manumisión de los esclavos de la deuda.
-Cuando usted accedió a la judicatura, supongo que no imaginaba que se iba a convertir en el juez que más deuda conoce en plena pandemia.
-Soy el que más concurso de personas físicas lleva, pero no por nada buscado por mí. Cuando accedí a la judicatura no lo esperaba. Uno puede tener la imagen del juez sentenciador, el que impone penas, castigos, y lo cierto es que yo hago lo contrario, y es muy gratificante. Simplificando mi función, me toca ser el que condona deudas, el que perdona, y no el que embarga, ejecuta o sanciona.
-¿Por qué crecen tanto los concursos de particulares?
-Imagino que la crisis económica asociada a la sanitaria es un caldo de cultivo.
-Está aflorando una deuda covid, cuya principal característica es su velocidad de transmisión…
-A nosotros todos los concursos nos vienen acompañados de una memoria que explica cómo se ha llegado a esa situación. Y desde que ha llegado esta plaga las causas de la insolvencia muchas veces vienen ligadas a la pandemia. Muchos deudores tienen el origen de sus problemas con los acreedores en haber cambiado de forma sorpresiva, imprevisible y sobrevenida sus ingresos habituales, con EREs, paro…
-Los expertos en recobro prevén un tsunami de impagos si este verano no se salva la situación económica. ¿Usted también lo ve en el horizonte?
-Soy jurista, no adivino, pero sí que estamos en una crisis económica brutal, repentina, profunda, y esto tendrá unas consecuencias… pero no me atrevo a describir el futuro al respecto.
-¿Y qué se puede hacer para evitar ese futuro oscuro?
-No me corresponde a mí decirlo. Pero sí que hay herramientas que pueden evitar la solución concursal, y la insolvencia, que son el llegar a un acuerdo entre acreedores y deudores, el acuerdo extrajudicial de pago, un trámite notarial que es previo a la solicitud de concurso que está infrautilizado.
-¿Cuál es el perfil del particular que acude al Juzgado 50 cargado de deudas? ¿Vivió por encima de sus posibilidades, como diría un fiscal calvinista?
-Nosotros conocemos de los concursos de personas físicas no empresarias. Nuestro campo de acción son los trabajadores asalariados, y desempleados, pensionistas, estudiantes, no los autónomos. El concurso se acomoda a cierto perfil de deudores, porque a la persona que tiene ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional la protección que le otorga la ley es ya otra. Ese salario es inembargable y a partir de ahí no tiene la necesidad imperiosa de acudir al concurso. Aunque es cierto que gente con ingresos paupérrimos también va al concurso, porque quiere despejar su horizonte, a lo mejor afrontar nuevas iniciativas en el futuro sin una losa pesada. Tampoco es habitual que vengan al concurso personas con ingresos muy altos, porque ya sabe que uno de los presupuestos para obtener la exoneración del pasivo es la liquidación de los activos. Y las personas con ingresos normalmente han acumulado algo de patrimonio y tendrían que venderlo.
-Hace usted un llamamiento a que la gente encuentre acuerdos antes de acabar en el juzgado. Pero hay dos acreedores que siempre se niegan al acuerdo: Hacienda y la Seguridad Social. ¿El Estado debería también pactar con sus deudores?
-El Estado, por ley, no tiene capacidad de negociar. Podría ser solución por parte del legislador potenciar esta herramienta. Pero siempre hay gente que entiende que la hacienda pública somos todos, y otros sectores, no sin falta de razón, entienden que hay que igualar, no privilegiar al acreedor público. Yo en esto no dejo de ser un intérprete y aplicador de la ley, y apechugo con lo que tengo.
-Por su juzgado pasan personas que acumulan grandes deudas con sueldos muy pequeños. Cuando un trabajador que gana 1.500 euros se entrampa en 120.000 a alto interés en tarjetas y préstamos rápidos, ¿quién es más culpable, quien agarra los créditos o los que los ofrecen?
-No se puede cargar toda la responsabilidad en una de las partes. La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta valiosa para que los deudores puedan reencarrilar su vida a partir de uno de estos fracasos, muchas veces sobrevenidos, inesperados. Pero no podemos olvidarnos de los acreedores, ni tampoco minar su confianza. Es cierto que puede haber concesión de crédito de forma irresponsable, pero eso entra en la política de cada establecimiento. Cuando se contrae deuda sobre deuda en una carrera sin fin, en un círculo que no acaba, hay responsabilidad por parte de ambos.
-¿Cree que los españoles hemos aprendido a no vivir por encima de nuestras posibilidades… si es que alguna vez hicimos eso?
-Spain is diferent. En este país no siempre somos todo lo ahorradores que deberíamos, pero es una opinión particular, no de juez. A veces se advierten huidas hacia adelante, sin poner el freno de mano, y se entra en espirales difíciles de parar.
-¿No usa usted ninguna tarjeta revolving? ¿Incurre en deudas?
-No, tarjetas revolving no se me ocurriría por sus elevados intereses. Procuro ser cuidadoso con mis finanzas, pero también he acudido a financiación. La única forma de adquirir una vivienda, por ejemplo, es acudir a financiación. Para otro tipo de gastos intento evitarlo, pero cada uno es muy libre de hacer lo que le plazca.
-¿Ha reparado en la cantidad de acreedores que aparecen en sus autos que tienen su sede en Luxemburgo, Malta, Dublín…?
-Sí, es habitual hoy que aparezcan fondos situados en paraísos fiscales que compran créditos de dudoso cobro. Es una realidad que está ahí.
-¿Cómo hace el juez del 50 de Barcelona para detectar a los buscaquitas, o morosos profesionales?
-Puede darse la picaresca, pero creo que la mayoría de los deudores no está en esa clave. No dudo de que haya deudores deshonestos, pero son los menos. Nosotros tomamos precauciones para filtrar estas conductas, porque son un perjuicio para el sistema de la segunda oportunidad, que ha de tener un fundamento ético. En la pieza de calificación, el ministerio fiscal examina el expediente, y el administrador concursal, que tiene el contacto directo con el deudor, es el primer observador de estas conductas. Yo soy bastante proclive a pedir averiguaciones de patrimonio de los deudores, y con ello nos aflora una foto económica del deudor, la de ahora y la de hace unos años, para evitar alzamientos de bienes.
-Colisión en los archivos de morosos sobre la intimidad y la propia imagen. ¿Quién tiene más derecho, el deudor que no quiere que se sepa su estado de morosidad, o el acreedor que quiere que advertir a los demás?
-No puedo valorar como juez estos derechos. Si hay vulneración, están los juzgados de primera instancia. Hoy el acceso a los registros está muy regulado, debe notificarse al deudor previamente, debe ser una deuda de no más de seis años, vencida, líquida, exigible… El propio Tribunal Supremo ha declarado que es necesario que se notifique de forma fehaciente al deudor que se le va a meter en un registro de morosos. Pero la información comercial es conveniente, porque el prestamista también necesita garantías. Sería conveniente también un registro de deudores que pagan, un registro positivo.
-¿Es usted el juez de los pobres?
-No soy Robin Hood (risas), pero a mi juzgado vienen pobres, es verdad. A un juzgado como el mío vienen pobres de solemnidad, porque no estamos hablando de los concursos de los juzgados mercantiles, con sociedades con mucho patrimonio. Este no es el caso. A veces tenemos problemas para nombrar los administradores concursales, porque la ley les da unos honorarios mínimos que muchas veces no van a llegar ni a cobrar. El mío es un juzgado de pobres de solemnidad, y me alegro mucho de poder ayudar a dar una alternativa a personas que están cerca de la exclusión social, pero el juzgado no es una ONG: aplicamos una ley, un instrumento, teniendo en cuenta los derechos de todos.
