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El Principado teme que la gestión de los fondos europeos se le atragante

Cárcaba plantea poder fichar personal para tramitar las ayudas | Críticas de otras comunidades al plan del Gobierno

Banderas de la UE junto a la Comisión Europea.

Banderas de la UE junto a la Comisión Europea.

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, planteó ayer la necesidad de que las administraciones autonómicas puedan reforzar su personal ante el “esfuerzo” que va a suponer “ejecutar con rapidez y efectividad” las inversiones vinculadas al plan de recuperación de la Unión Europea, el paquete de ayudas destinadas para levantar a la economía comunitaria tras el contagio del coronavirus. Cárcaba hizo este petición durante la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que el Ministerio de Hacienda ha presentando de manera formal a las comunidades, y a la federación española de municipios y provincias (FEMP) los detalles del programa tras la presentación realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Al término del encuentro, la consejera valoró positivamente que las comunidades autónomas vayan a participar en el sistema de información y control de las futuras inversiones, cuyos primeros recursos estarán previsiblemente disponibles en el segundo semestre del año. Sin embargo, agregó que las gestiones de las ayudas van a suponer un gran “esfuerzo” y el Principado teme que la tramitación se le acabe atragantando. Por eso, Cárcaba aseguró que “entendemos imprescindible que la UE concrete las posibles vías a través de las cuales podamos reforzar nuestros equipos humanos”.

En el encuentro no hubo unanimidad, más bien todo lo contrario. Varios gobiernos autonómicos protestaron por la gestión que está realizando el Ejecutivo central de las ayudas, pese a que aún no ha comenzado su reparto. Por ejemplo, el País Vasco criticó que la forma de repartir las ayudas invade sus competencias. El Gobierno extremeño también reclamó un mayor protagonismo para las comunidades autónomas en la gestión. El de Murcia exigió que se le permita participar en la selección de los proyectos. Lo mismo que los de Canarias y Castilla y León. Este último aseguró que el sentimiento “generalizado” es que las comunidades no están participando ni siendo consultadas en el proceso.

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