El índice general de inflación remontó en abril en España en nueve décimas respecto a marzo y se situó en el 2,2% en tasa interanual, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE) que fue difundido ayer y que deberá ser confirmado el mes próximo.
Este repunte (en marzo la tasa de inflación interanual había sido del 1,3%) establece un nivel que no conocía la economía española desde octubre de 2018 y alimenta los temores a un rebrote inflacionario que han condicionado desde enero el comportamiento de los inversores. La subida mensual es la mayor desde 2012.
Sin embargo, este vigoroso ascenso del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sido atribuido en su totalidad al encarecimiento de la electricidad y al mantenimiento de los precios de carburantes y combustibles. De hecho, el índice de inflación subyacente (que excluye los componentes más volátiles del coste de la vida, como la energía y los alimentos no elaborados) siguió su tendencia descendente y se situó en el 0% respecto a abril de 2020, con lo que se coloca 2,2 puntos por debajo del índice general.
Esta divergencia, de consolidarse, complicará la gestión de los bancos centrales (los vigilantes de la inflación) porque mientras la tasa general ha rebasado (otra cosa es que sea coyuntural) el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), la subyacente bordea de nuevo la desinflación y no despeja el riesgo de deflación.
En la subida del IPC opera un efecto estadístico (abril de 2020 coincidió con los confinamientos) y un encarecimiento de la energía que se atribuye al coste del CO2, alguna dificultad en el parque nuclear francés, el aumento de la demanda internacional por la recuperación económica y el frío, y la carestía del gas.
