José María Orihuela, hasta ahora consejero delegado de Duro Felguera, ha sido relevado como primer ejecutivo de la empresa por el ingeniero asturiano Jaime Argüelles Álvarez, aunque Orihuela continuará formando parte del consejo de la compañía como vocal externo, según el acuerdo adoptado en la noche del viernes por el consejo de administración de la ingeniería.
Además del nombramiento del asturiano Jaime Argüelles como primer ejecutivo –según el consenso alcanzado entre la Sociedades Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la banca acreedora y la ingeniería asturiana–, el consejo de Duro aprobó el nombramiento como nuevos vocales, en la condición de consejeros externos, de los dos representantes designados por Fondo estatal de rescate y la SEPI: César Hernández Blanco y Miguel Ángel Santiago Mesa, ambos directivos del grupo industrial pública y con un perfil muy técnico.
El órgano de administración de Duro Felguera aprobó a su vez y suscribió el pacto de refinanciación y reestructuración de la deuda alcanzado con el sindicato de bancos acreedores. Este acuerdo permitirá el inmediato desbloqueo del rescate de la empresa asturiana por el Estado mediante la aportación en varias fases de los 120 millones de euros de recursos públicos que, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), aprobó conceder el Consejo de Ministros a Duro Felguera el pasado 9 de marzo. El desembolso de los primeros 40 millones (20 millones mediante un crédito participativo y los otros 20 como préstamo ordinario) fue solicitado en la misma noche del viernes de modo oficial por Duro a la SEPI tras haber dado cumplimiento a todos los requisitos que le impuso el Gobierno. Este primer desembolso se hará efectivo de manera inmediata, probablemente el lunes mismo, según fuentes consultadas.
El pacto con la banca
El acuerdo finalmente alcanzado por Duro Felguera con los seis bancos acreedores (Santander, Sabadell Caixabank, BBVA, Banco Cooperativo y Liberbank), y cuya firma era condición para el rescate junto con el relevo del consejero delegado, supondrá la restructuración de la deuda financiera actual (85 millones), la refinanciación de la sociedad y el otorgamiento de una línea de avales por 80 millones (más el compromiso de negociar otros 20 millones como línea temporal) para que Duro, que ha carecido de este tipo de garantías desde 2016, pueda reanudar la contratación de proyectos y acometer su proyecto de viabilidad.
De los 85 millones de deuda bancaria, Duro Felguera amortizará 7,5 millones, con lo que pasivo financiero se situará en 77,5 millones. De esta cuantía, 25,5 millones serán convertidos en un préstamo participativo estructurado en dos tramos: uno, por un importe de 20 millones (de los que se deberán amortizan 12,5 millones entre 2021 y 2022) y otro de 5,5 millones.
Los 52 millones estantes de la deuda financiera resultante se convertirán en una emisión de obligaciones convertibles en acciones y cuya emisión deberá ser aprobada por la junta general de accionistas de Duro Felguera para su suscripción por la banca. Estas obligaciones tendrán una duración máxima de seis años (hasta 2027) y, de llegar a ser convertidas en acciones de Duro por los bancos, deberán otorgar a las entidades financieras una participación mínima del 13% en el capital de la ingeniería.
La banca otorgará a la empresa, según los términos ya conocidos, una línea de avales "revolving" por un importe de 80 millones cuyo riesgo para las entidades financieras estará cubierto en el 70% por la aseguradora de mayoría estatal Cesce.
A su vez, la banca se compromete a negociar la concesión a Duro Felguera de una línea de avales temporal por otros 20 millones para que la empresa pueda dar cumplimiento al Plan de Viabilidad de la compañía. Esta segunda línea de avales temporal será susceptible de ser sustituida por el primer subtramo de la nueva línea de avales por 80 millones cuando se produzca la segunda fase del rescate y la SEPI desembolse los 80 millones restantes hasta totalizar los 120 millones que el Estado se comprometió aportar a Duro.
En el acuerdo entre la empresa y sus prestamistas, la banca ha accedido a extender hasta 2027 la fecha de vencimiento de las obligaciones de clase A que ambas partes pactaron en el anterior acuerdo de refinanciación y reestructuración de la deuda de julio de 2018 que, junto con la ampliación de capital entonces realizada por la empresa, impidió su entrada en concurso. También se ha pactado la cancelación de las obligaciones de la clase B que proceden del mismo acuerdo de 2018.
