El Gobierno incluyó en uno de los anexos de Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que la semana pasada envió a Bruselas –un documento con una serie de reformas que le exige la UE para poder beneficiarse de las generosas unas ayudas europeas– una serie de cambios fiscales entre los que figura eliminar de forma progresiva las exenciones por hacer la declaración del IRPF de forma conjunta, lo que en la práctica supondría anegar este camino que este año usarán 95.303 familias asturianas para hacer la declaración de la Renta. Las críticas de la oposición y de los asesores fiscales que ven en este medida un nuevo hachazo fiscal a las clases medias obligó al Ejecutivo a rectificar. A dar marcha atrás. Fuentes gubernamentales señalaron a “El País” que van a esperar al dictamen de los expertos para la reforma fiscal, entre los que se encuentra el catedrático asturiano Carlos Monasterio, antes de tomar una decisión definitiva. También señalaron que de suprimirse estas ayudas se haría sin aumentar la carga fiscal de las familias.
La casuística es variada, pero, a priori, los más perjudicados, si este cambio llega a materializarse, serían matrimonios en los que uno de los cónyuges no trabaja; las madres divorciadas con hijos; viudas con descendientes a su cargo; o parejas de pensionistas en las que solo uno de los dos cobre la paga de retiro. Pese a la marcha atrás del Ejecutivo, en el plan remitido a Bruselas figura con nitidez que el Gobierno pretende “la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente las mujeres)”. Así figura en la página 341 del documento, en el anexo número cuatro. Estas deducciones premian a parejas en las que uno trabaja y el otro no y, por lo general, quien no está enganchado laboralmente hablando de los dos suele ser la mujer.
Un estudio elaborado recientemente por la Autoridad Fiscal (Airef) señalaba que estas deducciones cuestan 2.239 millones anuales a las arcas nacionales y los beneficiarios son 2,1 millones de hogares en España (el 17% de las familias). En Asturias, según las últimas estimaciones de la propia Agencia Tributaria, se esperaba que este año se presentaran en la región 95.303 declaraciones conjuntas, un 5,9% menos que hace un año.