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Nadia Calviño Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“La competencia fiscal a la baja es irresponsable y nos empobrece a todos”

“No podemos rechazar modelos de gestión de infraestructuras con peajes que sí tienen nuestros países vecinos, debemos europeizarnos”

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Carlos Pardellas

A la vicepresidenta segunda del Gobierno se le notan los muchos años de corrección en los pasillos comunitarios. Nadia Calviño (La Coruña, 1968) inició en su tierra natal la agenda de viajes oficiales para explicar lo que ella llama la “transición hacia la recuperación” y cuando se le pregunta sobre el tiempo que pasó desde su última a visita a La Coruña responde: “lo tenemos que verificar, pero mucho”.

–¿Qué sintió con las imágenes de este fin de semana tras el estado de alarma?

–Entiendo el deseo de todos los ciudadanos por salir y celebrar la vida, pero hay que ser conscientes de que el virus no ha desaparecido y la pandemia sigue.

–¿No hubiese sido mejor prorrogar el estado de alarma para la inmunización?

–No. En esta última fase hemos visto la creciente toma de decisiones de las comunidades autónomas adecuando las medidas a las necesidades de sus territorios. Si el Supremo juega esa función de tribunal de casación para garantizar la coherencia, podemos abordar la parte final de la pandemia minimizando el uso de medidas restrictivas que tienen que ser excepcionales.

–¿A qué achaca las críticas de casi todas las comunidades?

–Desde hace un año se nos critica por hacer y no hacer. Las comunidades tienen la responsabilidad principal en la gestión sanitaria y tienen que ser las que asuman la responsabilidad principal de las distintas medidas.

–El Plan de Recuperación recoge el sistema de peajes en las autovías del Estado. ¿Se va a instaurar?

–Es un error perder de vista la imagen global de un plan con una inversión de 140.000 millones hasta 2026 y un programa muy ambicioso de reformas para modernizar la economía de nuestro país. Pediría por favor que no se reduzca la atención a un único elemento. Todos somos conscientes de la caída muy intensa en la inversión pública tras la crisis financiera desde más del 4% del PIB al 2%. No se ha recuperado y muchos años ni siquiera invertimos lo suficiente para mantener las infraestructuras. Sabemos también que el modelo de financiación se basó en concesiones a operadores privados, por lo que una parte de nuestros territorios ha venido pagando por el uso de esas infraestructuras y otros no. Tenemos que diseñar un modelo de financiación de las vías de alta capacidad más justo, que permita garantizar el mantenimiento y al que también contribuyan los vehículos extranjeros, que son la mitad de los 100.000 que entran cada día en España. El planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y rechazar modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos. Esta vez la respuesta europea es la de endeudarse juntos para invertir juntos en nuestro futuro, pero eso exige responsabilidad de todos los países e ir en la línea de europeizarnos.

–¿Es más justo que el trabajador al que no le queda otro remedio que usar esas vías pague?

– Se trata de un tema complejo que requiere un trabajo serio para acertar con el modelo. El modelo de pago por uso es un proyecto en el que ya trabajaba el PP así que espero que sean constructivos. En todo caso, cualquier medida tendrá en cuenta el uso intensivo y el sector del transporte, que tan importante en es nuestro país.

–¿Habrá bonificaciones?.

–Por supuesto.

–¿No se tocarán los impuestos hasta que haya propuestas del comité de expertos de la reforma fiscal?

–La prioridad absoluta es impulsar el crecimiento de la economía y el empleo y, hasta que sea sostenido, no se abordarán algunas de las reformas previstas en el plan. Lo responsable es empezar a trabajar ahora con los expertos para ver cuáles son los instrumentos que pueden modernizar nuestro sistema fiscal y hacerlo más fuerte, sostenible, progresivo y justo.

Nadia Calviño, durante la entrevista en La Coruña. Carlos Pardellas

–El plan contempla la coordinación autonómica en la fiscalidad a la riqueza, ¿confirma que el Impuesto sobre el Patrimonio se mantendrá?

–La competencia impositiva a la baja por parte de las comunidades es una dinámica empobrecedora para el conjunto de España, además de muy poco solidaria con respecto a los distintos territorios. Debilita nuestro sistema fiscal. En un país que arrastra un importante déficit y alta deuda pública y con claras carencias de financiación en servicios públicos como la sanidad y la educación, no me parece una política fiscal responsable.

–Parece que también irá ahora la reforma de la fiscalidad del diesel.

–Tenemos que analizar toda la fiscalidad verde y asegurarnos que vamos a un modelo más moderno, alineado con las prioridades de la política económica. Pero el Gobierno ha dicho con mucha claridad que el sistema será más progresivo y eso implica no subir la carga fiscal a las clases medias. Estas medidas no tienen un objetivo recaudatorio, sino de impulsar comportamientos más sostenibles.

–¿Reservarán una parte de la recaudación por la subida del diésel para que las clases medidas no lo sufran tanto?

–Habrá que analizar todas las opciones y para esto convocamos el grupo de expertos.

–¿Los ERTE incorporarán algún tipo de incentivo para la reincorporación de los afectados en la próxima prórroga?

–Estamos trabajando con los agentes sociales en los ERTE de transición hasta el 30 de septiembre y entre todos tenemos que articular un sistema que incentive la activación de los trabajadores. Aún hay más de 600.000 trabajadores afectados y debemos asegurarnos su reincorporación en paralelo a la creación de nuevos empleos gracias al crecimiento intenso que prevemos en la segunda parte del año.

–¿Los empleos del ocio nocturno y de parte de la hostelería se dan por amortizados?

–No. Hay que asegurarse que todos encuentran un empleo en la fase de recuperación y por eso es tan importante la formación y la recualificación.

–La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, dice que todas las medidas de la reforma laboral se publicarán este año en el BOE. ¿Será así?

–Ese es nuestro objetivo.

–¿Volverán a prevalecer los convenios de sector sobre los de las empresas?

–Hay cuatro reformas de calado que darán un nuevo marco a finales de 2021 para que toda la creación de empleo a partir de ahora vaya orientada a la mejora de la productividad, la calidad del empleo y los salarios. Por eso queremos trabajar intensamente con los agentes sociales en la simplificación de contratos, para hacer que el indefinido sea de verdad el habitual; en el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad y estabilidad alternativo a la altísima temporalidad y la excesiva volatilidad de la ocupación característica de crisis anteriores, sobre la buena experiencia de los ERTE; en lograr una adecuada regulación de las subcontratas, y en un marco moderno para la negociación colectiva.

–¿Se van a regular los precios de los alquileres?

–El acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, sobre todo por parte de los jóvenes, es una de las prioridades de este Gobierno. La regulación de los precios puede tener sentido en determinadas circunstancias, pero no es la solución milagrosa a todos los temas pendientes en este ámbito. Por eso hemos lanzado un conjunto de actuaciones para reforzar el parque público y mejorar la protección de los inquilinos. El plan de recuperación prevé invertir 1.000 millones de euros en el desarrollo de vivienda pública.

–¿El presidente del Gobierno agotará la legislatura?

–Sí

“El plan de recuperación no es un reparto de fondos entre regiones, es un plan de país”

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–¿El reparto de los fondos europeos será la próxima batalla política en este país tan polarizado?

–Espero que no. Es fundamental que todos rememos en la misma dirección. El Gobierno trabaja con determinación con todos los grupos políticos, administraciones y agentes económicos y sociales para que sea un éxito. Sinceramente espero que, en particular el PP y las comunidades autónomas, entiendan que es un momento que exige altura de miras.

–Presidentes autonómicos están dejando caer la sospecha de que el reparto de fondos podría ser arbitrario.

–El plan no se basa en el reparto de fondos a las comunidades. Se trata de desplegar proyectos ambiciosos para el conjunto del país que logren aumentar el crecimiento futuro movilizando la inversión privada de grandes empresas, pero también pequeñas, “start ups” y autónomos. Si normalmente estoy en contra de la crispación y el enfrentamiento entre instituciones, ahora más que nunca todos debemos mirar por el interés general.

–¿Los resultados de las elecciones de Madrid condicionarán la política nacional?

–No más que las elecciones en Cataluña, País Vasco o Galicia.

–¿Por qué entonces esa transcendencia?

–Supongo que porque muchos medios de comunicación están en la Comunidad de Madrid.

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