La industria electrointensiva española (caso de las plantas asturianas de alto consumo energético) podrá optar a ayudas por 91 millones para compensar los cargos soportados en 2020 en la tarifa eléctrica y que se destinan sufragar el régimen especial (energías renovables, cogeneración y generación con residuos), así como el déficit del sistema eléctrico de años precedentes y la compensación del 50% del sobrecoste de la producción eléctrica extrapeninsular.
Esta primera convocatoria de compensaciones, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, se suma a los 79 millones para resarcir a estas factorías por los costes indirectos por CO2. Las empresas beneficiarias deberán comprometerse en adoptar medidas de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, y mantener su actividad durante al menos tres años desde la recepción de las ayudas.
Reyes Maroto, ministra de Industria, afirmó que con estas dos medidas que suman 170 millones –a las que añadió los 600 millones asignados al Fondo de Reserva de Garantías para los avales a los consumidores electrointensivos que suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo (PPA)– se da cumplimiento a los tres instrumentos incluidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.
El estatuto generó decepción en Asturias, en el momento de su aprobación, en diciembre, al juzgarse bien orientado pero insuficiente, por haberse ampliado la nómina de empresas beneficiarias (612 de más de 60 actividades) y por no haber discriminado entre las electrointensivas y las hiperintensivas, caso de la gran industria asturiana.
Maroto señaló que la nueva partida de 91 millones es la máxima ayuda permitida por la Comisión Europea (85%) para compensar los costes soportados en la factura eléctrica y que incluyen todos aquellos cargos de la parte fija de la factura (salvo los peajes) que dependen de decisiones de la Administración.
El Estatuto reemplaza al antiguo sistema de subastas por interrumpibilidad, que, para un colectivo inferior de empresas, llegó a movilizar 682 millones, aunque en 2019 ya había descendido a 196 millones.
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendió ayer en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a defender el empleo de la industria electrointensiva.