El precio de la electricidad se ha disparado hasta unos niveles inéditos en primavera y la industria asturiana, intensiva en consumo de energía, tiene que afrontar la carestía sin parte de las ayudas comprometidas por el Gobierno. La altermativa al sistema de interrumpibilidad –que durante años fue la herramienta al servicio de la industria más efectiva para rebajar la factura de la luz– no acaba de llegar y la promesa de incrementar las compensaciones de CO2 con fondos europeos “se ha evaporado”, denuncian asociaciones empresariales de la industria, que además temen que los precios de la energía aumenten aún más con la puesta en marcha del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
El gas y el CO2, disparados. En el último año, el precio del gas se ha duplicado y el del coste de los derechos de emisión de CO2 se ha disparado hasta niveles récord. En lo que va de mes, el precio medio de la tonelada de CO2 se ha situado en 51,70 euros y en algunos días ha superado la barrera de los 55 euros. A principios de año el precio estaba situado en 33,43 euros y hace un año en 19,83. La subida interanual ha sido del 160%.
La subida del precio de la luz. El alto precio de gas y emisiones encarece la producción de electricidad en las centrales de ciclo combinado. La generación con renovables y con nuclear en España no está siendo suficiente para evitar la entrada de los ciclos combinados en el sistema eléctrico, que sin la competencia de la centrales de carbón –casi todas cerradas– están marcando en muchos momentos el precio de todas las tecnologías en el mercado mayorista de la luz, que es marginalista: el precio que se paga a todas las centrales lo determina la última oferta que entra para satisfacer la demanda. En ese contexto, el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista está en niveles atípicos para la primavera. Según el operador de mercado eléctrico, OMIE, el precio medio para hoy será de 76,65 euros MWh, cuando hace un año era de 23,79 euros. La subida es de 222%, que repercute en la parte variable de la factura. En grandes empresas asturianas intensivas en consumo eléctrico, como es el caso de Asturiana de Zinc, los costes de la energía han pasado a representar este año el 50% de los totales, cuando anteriormente rondaban el 40%.
La nueva factura. A partir del 1 de junio entrará en vigor la nueva factura de la luz. En la industria el principal coste de la factura corresponde a la energía consumida, muy por encima de los costes por peajes y cargos. En el nuevo recibido las modificaciones afectan a esos últimos componentes de la factura y el impacto depende del perfil de consumo y del nivel de tensión al que esté conectada la industria. Según calcula la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), en términos medios la parte regulada de la factura antes de impuestos aumentará para las industrias conectadas en redes de distribución entre el 3% y el 12% y disminuirá para las industrias conectadas en redes de transporte (como el es caso de las gran industria asturiana) aproximadamente el 3% respecto de los peajes vigentes (que representan el 21% de la factura).
El estatuto “insuficiente”. A finales de 2020, y tras dos años de trámites, el Gobierno aprobó el estatuto de la industria electrointensiva, cuya principal medida para abaratar el recibo este año es una ayuda de 91 millones para compensar los cargos soportados en la tarifa eléctrica por el fomento de renovables y el déficit del sistema eléctrico. La convocatoria de las ayudas, aún aprobada el pasado día 11, todavía no está abierta. Gobierno del Principado, oposición, empresarios y sindicatos han calificado de “insuficiente” el estatuto al abrir las ayudas a más empresas –sobre todo de Cataluña– y no tener en cuenta la singularidad de las industrias hiperelectrointensivas, con alta concentración en Asturias.
La nueva interrumpibilidad. Esas hiperelectrointensivas (entre las que están Arcelor, Azsa o la antigua Alcoa) eran las principales beneficiarias del sistema de interrumpibilidad y recibían una remuneración (llegó a superar los 500 millones anuales) por estar disponibles para desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema eléctrico. El servicio dejó de prestarse en junio de 2020 y el Gobierno anunció un sistema alternativo denominado servicio de reserva estratégica de respuesta rápida que debería estar en vigor desde principios de año y que aún no se ha aprobado.
Las compensaciones por CO2. En los presupuestos generales de este año el Gobierno incluyó una partida de 71 millones (tras detraer 30 del borrador para cumplir un compromiso con el PNV) para compensaciones a la industria por costes indirectos de CO2, los que están ahora engordando la factura eléctrica. La UE permite destinar a esas compensaciones hasta el 25% del dinero recaudado con las subastas de derechos de emisión –que supera anualmente los 1.000 millones– y la nueva ley de Cambio Climático también recoge esa posibilidad. Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló la semana pasada que los 71 millones presupuestos “es lo que hay”. Desde el Ministerio de Industria se había apuntado la posibilidad de recurrir a fondos europeos para aumentar la partida, “compromiso que se ha evaporado”, señaló Andrés Barceló, director general de la patronal siderúrgica Unesid.
El Fondo de Sostenibilidad. Las patronales de la industria han alertado de que la factura aumentará aún más si se aprueba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por el cual los costes de las renovables saldrán del recibo y serán financiados por comercializadores y operadores del sistema eléctrico. La industria sospecha que ese sobrecoste será traspasado a los consumidores y que los más perjudicados serán los que más consumen.
