Las grandes industrias asturianas deberán pagar un nuevo impuesto por los residuos que depositen o incineren en los vertederos. No hay vuelta atrás. El Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera ha desoído la reclamación de la industria regional que había presentado numerosas alegaciones para evitar esa nueva carga impositiva que califican de “injusta” y que, según alegaron, no se aplica en ningún otro país de la Unión Europea. No será posible. No se eliminará. En cambio, el Gobierno sí que ha atendido otra de las peticiones de las grandes compañías que reclamaban que, de llevarse a efecto el gravamen, la penalización fuera mucho más modesta de lo que se había estipulado inicialmente. Una de cal y otra de arena. Ribera ha aceptado aliviar la carga, aunque la industria asturiana aún sigue estudiando la ley porque el descuento depende del residuo que se genere o se incinere. “Será cuestión de echar números”, indicaron fuentes de una gran compañía radicada en la región. El Principado también había presentado alegaciones contra el proyecto de ley. En su escrito, llegó a advertir que el impuesto podía alentar la deslocalización industrial a corto plazo.
Esta nueva tasa está incluida dentro de la conocida como ley de residuos y suelos contaminados que aprobó recientemente el Consejo de Ministros. Aunque a la normativa todavía le queda recorrido. Todavía tendrá que ser aprobada por el Parlamento, previa discusión política. De hecho, algunas compañías asturianas mostraron su confianza en que durante ese trámite pueda alcanzarse un acuerdo mucho más favorable a sus intereses. La norma –además de incluir esta nueva tasa para la gran industria– también restringirá por primera vez el uso de plásticos de un solo uso (como las pajitas que se dan en los restaurantes de comida rápida con los refrescos). Y establece una serie de utensilios que, a partir de ahora, deberían dejar de estar fabricados con plástico, como los bastoncillos para los oídos, las bolsas, los cubiertos, los vasos, los platos, los palos para globos, los tapones o los recipientes de alimentos que se vendan para consumir en el mismo envase.
Dentro de esa heterogénea ley se incluye una penalización a la generación de residuos que trae de cabeza a la gran industria regional. Porque, como señala Mario Díaz, portavoz del Clúster de Industrias Químicas y Procesos del Principado de Asturias (IQPA) –una asociación que integran compañías de gran calado para la economía regional como ArcelorMittal, Bayer, Du Pont, Ence, Fertiberia, Saint-Gobain o Química del Nalón–, el peligro es que “el impuesto se haya creado, porque es algo que hasta ahora no existía”. La amenaza está, entiende, en que una vez que esté en marcha la tasa el Gobierno puede introducir las variaciones que considere necesarias. Tanto el Clúster como el propio Gobierno del Principado presentaron alegaciones al considerar que el impuesto es “injusto” con la industria asturiana.
El peligro es que el impuesto se haya creado. Es algo que no existía
Evidentemente, los grandes generadores de residuos de la región –como Arcelor o Asturiana de Zinc (Azsa)– van a ser los más penalizados en cuanto el impuesto entre en vigor. Una vez que el Parlamento lo apruebe, habrá un periodo de carencia hasta su puesta en marcha para que las grandes industrias puedan ir haciendo sus cálculos. Fuentes de la industria regional aseguraron que “aunque han aceptado algunas de nuestras alegaciones, nuestra postura es que sigue siendo un impuesto que la normativa europea no contemplaba y que nos va a suponer un incremento de costes muy importante”. La reflexión no cuadra con el punto de vista del Ministerio para la Transición Ecológica, que había asegurado que la tasa es fruto de las nuevas directrices impuestas por la Unión Europea. De hecho, durante la presentación de esta nueva ley de residuos, Teresa Ribera aseguró que esta nueva norma “es la clave de bóveda de todo el paquete normativo en materia de economía circular y una de las reformas estructurales más relevantes incluidas dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que España ha presentado a la Comisión Europea”.
En una de las observaciones realizadas por el Principado dentro de las alegaciones presentadas a este proyecto de ley, se apunta que en Asturias desarrollan su actividad empresas que tienen la consideración de gran industria (como ArcelorMittal o Azsa) y otras del ámbito energético (EDP, Iberdrola y Naturgy) que ya tienen autorizados vertederos de residuos no peligrosos para el vertido de los desperdicios generados durante sus procesos productivos. Por lo que aseguran que “el establecimiento de un tipo impositivo de 20 euros por tonelada (que es la cantidad que se planteaba inicialmente) de residuo no peligroso supone un coste para estas empresas tan importante que puede suponer su deslocalización a corto o medio plazo con la consiguiente destrucción de tejido empresarial, riqueza y empleo”.
El cálculo que hacían las empresas asturianas era que, antes de las reducciones finalmente aplicadas sobre el impuesto, esta nueva carga les iba a suponer un gasto adicional de 13 millones de euros.
La propuesta
La ley, inicialmente, pretendía que la gran industria pagara 20 euros por cada tonelada de residuos que quieran llevar a un vertedero o a una incineradora. La tasa no existía hasta ahora
La rebaja
El Ministerio para la Transición Ecológica ha aceptado rebajar la cantidad que la gran industria va a tener que pagar por mover sus residuos. En algunos el recorte ha sido de la mitad
El riesgo
El Principado había advertido en las alegaciones que había realizado a la ley que la tasa suponía un importante riesgo de deslocalización para la industria asturiana
