El 37% de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV) cursadas en Asturias desde su entrada en vigor, hace ahora un año, han sido denegadas y el 40% están aún sin tramitar, denunció ayer UGT Asturias. Según este sindicato, han sido denegados 11.543 de los 31.080 expedientes presentados. A ello se añade la problemática a la que se enfrentan unos 3.000 ciudadanos asturianos que venían percibiendo el salario social y que ahora, al tener derecho al ingreso mínimo vital, podrían tener que hacer frente a una devolución, señaló la organización que dirige Javier Fernández Lanero. UGT dijo que “esta medida, que tuvo su origen como parte del llamado escudo social durante la pandemia, está siendo claramente insuficiente, ya que ni ha cumplido las expectativas por las que fue impulsado ni ha beneficiado a las personas potencialmente perceptoras” porque “no llega a todos los hogares vulnerables”. El sindicato mantiene que, aunque se trata de una medida necesaria, la cuantía de la prestación es “claramente insuficiente”, puesto que “sólo alcanza a cubrir la diferencia entre la renta garantizada –que para un solo beneficiario es de 461 euros– y el conjunto de rentas e ingresos que tenga el beneficiario”. A su juicio, se hace necesaria “una reforma mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente”.
