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El plan de Escrivá contra la temporalidad

Tres de cada cinco contratos duran menos de un mes y la Seguridad Social quiere aumentar el coste empresarial de las relaciones ultracortas

El plan de Escrivá contra la temporalidad

El plan de Escrivá contra la temporalidad

El Gobierno se ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios poner coto a la temporalidad en el empleo. Así se lo ha prometido a Bruselas, que le ha reprendido en múltiples ocasiones, y en esa dirección pretende dar pasos durante la presente legislatura. Una lacra que arrastra desde hace décadas el mercado laboral español y que actualmente afecta a casi uno de cada cuatro asalariados. Por un lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya negocia con patronal y sindicatos una reforma para endurecer los despidos de eventuales y limitar la duración de sus contratos a un año; dos si es para una sustitución. Y, en paralelo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, también prepara modificaciones desde su ámbito de actuación en ese sentido. Su intención es aumentar las sobrecotizaciones que tendrá que pagar el empresario en aquellos contratos que sean de muy corta duración.

¿Qué pretende hacer Escrivá?

La rotación de una parte importante de los trabajadores en España es tal que en el 2019 se firmaron 27 millones de contratos. Cabe recordar que la población ocupada es de unos 19,5 millones de personas. Y es que uno de cada cinco de esos 27 millones de contratos duraron un día y tres de cada cinco menos de un mes. En las estadísticas mensuales de paro y afiliación es habitual ver como en el último día del mes se dan de baja centenares de miles de contratos. Escrivá quiere acabar con las perturbaciones que evidencian los registros de altas y bajas a la Seguridad Social, con anomalías como el clásico efecto fin de semana. Es decir, el empresario da de baja al trabajador un viernes y lo recontrata un lunes, ahorrándose dos días de cotizaciones. Y la vía que ha elegido es que los empresarios tengan que pagar más a las arcas públicas por los contratos de muy corta duración. Una especie de tasa extra que pretende desincentivar relaciones laborales que van acumulando paréntesis.

¿Cómo quiere hacerlo?

La fórmula que pretende la Seguridad Social es hacer que el número de bajas sea proporcional a la sobrecotización exigida al empresario. Es decir, cuanto este más eche y vuelva a contratar al mismo empleado, más deberá pagar a la Seguridad Social para formalizar dicho contrato. Actualmente ya existe una sobrecotización para este tipo de contratos, que fue introducida en el 2019 por la predecesora de Escrivá, Magdalena Valerio. Y, en el caso de que duren menos de cinco días, el empresario debe pagar el 40% más que en el caso de un indefinido. La intención de Escrivá es aumentar más esa cifra.

¿Quién saldría ganando y quién perdiendo?

Esta nueva medida beneficiaría a los trabajadores, a las arcas públicas de la Seguridad Social y, por el otro lado, perjudicaría a aquellas empresas que abusan de la temporalidad. Los empleados eventuales que viven en una cadena de altas y bajas con sus contratos tendrían una perspectiva más estable. También acumularían más días de cotizaciones, lo que tiene un efecto directo en los derechos y prestaciones sociales, como por ejemplo, más días cotizados para acceder a la prestación por desempleo y menos lagunas a la hora de calcular la futura pensión. Las empresas que abusan de la temporalidad tendrán que pagar más al fisco, lo que les encarecerá las contrataciones. Algo que Escrivá pretende que les guíe a abandonar ese trampeo de altas y bajas para cultivar relaciones estables, que redunden en trabajadores más productivos. Y aquellas compañías que no incurran en estas malas prácticas se verán beneficiadas porque sus rivales tendrán menos vías para ganar competitividad por la vía de dejar de pagar cotizaciones.

¿Ha comenzado ya a negociarlo con patronal y sindicatos?

No. Si bien el jueves el ministro de Inclusión afirmó que “estamos a punto de poner en marcha la nueva medida”, diversas fuentes de los agentes sociales afirman que con ellos no se ha iniciado formalmente la negociación de ese punto. Sí ha habido contactos sobre el tema en otros espacios del diálogo social, como la mesa de pensiones o de reforma laboral, pero no se ha abordado específicamente ese tema ni ha habido intercambio de papeles al respecto.

¿Cuándo se aprobará?

No hay fecha definida, aunque públicamente Escrivá ha afirmado en diferentes ocasiones que su intención es que entre en vigor en 2021. Fuentes consultadas de Seguridad Social apuntan a que están trabajando para que sea “pronto”, pero reconocen que no tienen fecha todavía para ello. La alta actividad negociadora del diálogo social, con la reforma de pensiones encallada, entre otros, aprieta la agenda de Ejecutivo, empresarios y sindicatos. Y la patronal, que actualmente se está mostrando contraria a la reforma de Yolanda Díaz en materia de temporalidad, no parece que vaya a meter prisa para abordar con urgencia esta materia.

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