El ex ministro gijonés de Economía Rodrigo Rato (Madrid, 1949) tiene de plazo hasta pasado mañana, lunes, para depositar la fianza de 65,1 millones que le fue impuesta en el auto de procesamiento por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción en los negocios, todos ellos relacionados con el presunto origen ilícito de parte de su patrimonio. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 70 años de cárcel.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid comunicó ayer a Rato el plazo límite para abonar la fianza, con la que el juez trata de “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran imponerse al exministro en una futura sentencia. Si no aportase esta cantidad en el plazo estipulado, “se le embargarán bienes” para cubrir esa cifra.

El ex ministro declaró que, “de los tres principales delitos” por los que se le detuvo en su domicilio en 2015, “ninguno está en el auto”, y que los que ahora se le atribuyen “se refieren a trabajos profesionales facturados a través de sociedades”. Rato sostuvo que ésta es una “práctica habitual entre muchos profesionales liberales y que personas muy relevantes, como expresidentes de Gobierno” –que no identificó–, nunca fueron llevados por la vía penal” por casos similares, “sino por la administrativa”. El juez concluye que Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a Hacienda y que se produjeron incrementos no justificados en su patrimonio por 15,6 millones en el periodo 2005-2015.