El consejero de Industria, Enrique Fernández, afirmó ayer que la elevación de las compensaciones a la industria por las emisiones de CO2 hasta el máximo que permite la Comisión Europea “es un compromiso legal que hay que cumplir y estaremos vigilantes”. Con esa subida, los 79 millones presupuestados por el Gobierno central para este año se elevarían a más de 250 millones. “Hay un compromiso presupuestario a partir del próximo ejercicio y ahora estamos reclamando y luchando para se aplique a este”, señaló Fernández en la Junta en respuesta al diputado del PP Pablo González, que destacó “los portazos en las narices” que el Gobierno de Pedro Sánchez le da a los planes del Principado y destacó los “3.000 empleos perdidos en la industria asturiana” en tres años.
El consejero de Industria afirmó que el sector fabril asturiano, al que se van a destinar 30 millones entre 2021 y 2022 en apoyo al proceso de descarbonización, “va a recuperar el vigor” porque ha sabido sortear los principales envites de la pandemia. “La industria, junto con la construcción, se está mostrando como uno de los motores de la recuperación económica”, señaló Fernández, que destacó que el sector ya tiene niveles de paro previos al covid.
La diputada de Ciudadanos Susana Fernández señaló que a los problemas por el precio de la electricidad se suma el nuevo impuesto de residuos, “lo que agrava el riesgo de deslocalización de la industria”. El consejero afirmó que el tributo afecta, sobre todo, a ArcelorMittal, Azsa y Cogersa, y aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica ha rebajado un 50% el tipo impositivo previsto inicialmente en el proyecto de Ley y que se contempla una exención de tres años para facilitar la adaptación de la industria.
