"Tengo un salón desde hace 11 años en el que éramos 5 personas trabajando y ahora somos 2. Estamos sufriendo mucho desde que en 2012 nos subieron el IVA desde el 8% al 21%. Nos dijeron que era algo temporal, pero en 2021 todavía seguimos en el tipo general", explica Jessica Gallardo, propietaria de una peluquería en Tona (Barcelona).
Entonces, el sector defiende que el incremento no se repercutió en los clientes porque había una crisis económica y ahora tampoco lo puede hacer por el mismo motivo, y es que la pandemia del coronavirus ha sido la guinda. "Antes tenía clientes semanales que han pasado a ser quincenales y las que tenía cada quince días ahora vienen una vez al mes o por miedo o porque ya no salen tanto. Si nos devolvieran nuestro IVA (tipo reducido) todo sería más fácil", añade.
Gallardo ha sido una de los alrededor de cincuenta profesionales de la imagen personal que se han concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados para reclamar la rebaja del IVA de las peluquerías y centros de estética del tipo general, del 21%, al reducido del 10%, después de que la presidenta del Senado, Pilar Llop, anulase el viernes una enmienda en la que todos los grupos políticos, a excepción del PSOE habían aprobado esta rebaja a partir del 2022.
El Gobierno de Mariano Rajoy elevó en 2012 el IVA de las peluquerías y centros de estética al 21% y, desde entonces, nadie se ha atrevido a corregir esta situación. A pesar de que el PSOE en 2018 cuando estaba en la oposición propuso una rebaja, igual que ahora hace el Partido Popular, pero ninguno ha sido capaz de ejecutar el cambio cuando está en el Gobierno. "No se trata de que nos lo bajen porque sí, sino porque nos lo deben, porque nos lo prometieron y porque somos esenciales. Necesitamos que nos tengan un poco en cuenta", expone Ermitas Silva, propietaria de un salón en Santiago de Compostela.
En su caso, también tenía más empleados en el 2012 de los que tiene ahora, en concreto tres, ahora solo tiene uno. A la primera, la despidió tras la subida del IVA entonces, y a la segunda, en enero, seis meses después de sacarla del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). "Tuve que indemnizarla, pero qué le voy a hacer, después de 11 años fue difícil porque en este sector creas una amistad, pero lo entendió porque no había otra", reconoce Silva.
Eso es, precisamente, lo que trata de evitar Cristina Díaz en su peluquería de Legazpi (Madrid). "Bajar el IVA supondría no tener que despedir a un empleado, poder cubrir el alquiler, poder cubrir los pedidos, poder pagar la luz, lo que para ellos (políticos) son pesetas para nosotros es un salario, un jornal", denuncia. "Al final mucha gente deja la profesión porque no renta trabajar en esto. Si somos esenciales lo somos para todo", añade.
Además, el sector denuncia que un IVA elevado provoca un trasvase de profesionales hacia la economía sumergida. En concreto, según la 'Alianza por la Bajada del IVA al 10% a las peluquerías y centros de estética' un 20% de la facturación del sector se ha ido a la economía sumergida desde la subida del IVA de 2012. “Te sube la luz, te sube el alquiler y te faltan clientes, así que lo que haces es cerrar porque no te salen las cuentas y dices, ya me arreglaré como pueda”, explica la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Estética (Fanae), Rosa María Cruz. "Pero quien cierra un centro tiene que comer, así que se va a una casa o a otro sitio a hacer el mismo trabajo, pero sin contrato ninguno ni Seguridad Social. Lo que ocurre es que la persona que paga y tiene un centro de estética tiene menos clientes, porque muchos se han ido a la economía sumergida", añade Cruz.
