Después de haber afirmado que los trabajadores de la generación del 'baby boom' nacidos entre los años 50 y mitad de los 70 iban a tener que elegir entre trabajar más o cobrar menos prestación en su jubilación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue afirmando que "no se expresó bien" y apunta ahora a otros elementos que también forma parte de la carpeta de la reforma de las pensiones para buscar la sostenibilidad del sistema.

En declaraciones a La Sexta, Escrivá puso el acento en una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea para elevar de forma progresiva la base máxima de cotización a la Seguridad Social. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea incluye el objetivo de un "incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima". El objetivo incluye la aprobación de esta medida antes de la finalización de de 2022, si bien la reforma se implementará de forma gradual a lo largo de las próximas tres décadas. "Con el tiempo iremos introduciendo elementos de forma sutil y equilibrada para que estos jóvenes no soporten todo", explicó el ministro en La Sexta.

Primera etapa: ingresar más

En España, por muy alto que sean los salarios, solo cotizan a la Seguridad Social por la llamada “base máxima de cotización”, que este año es de 4.070,10 euros. Y por muy alto que sean los salarios, y aunque se cotice por 4.070,10 euros, la pensión máxima es de 2.707,49 euros.

Según el ministro, el aumento de las bases máximas de cotización (por encima de los 4.070,10 euros actuales) puede hacer llegar mayores recursos al sistema en una primera etapa. La contrapartida de un mayor gasto por una pensión máxima más alta (por encima de los 2.707,49 euros actuales) llegará algo más diferida en el tiempo; según Escrivá, ello podría coincidir con el periodo en que la presión financiera sobre el sistema de pensiones empiece a declinar, a partir de 2048. Además, siempre se mantendría una distancia que permita que la base máxima de cotización sigua siendo más alta que la pensión máxima. 

Sin cambios en la edad legal de 67 años

El ministro explicó en La Sexta que no se trata de que los 'baby boomers' cobren menos pensión o trabajen más tiempo sino de que los jóvenes de hoy, los hijos de esa generación, no soporten el mayor gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la edad de jubilación. De ahí la necesidad de diseñar un nuevo factor de sostenibilidad que el ministro prefiere llamar "mecanismo de equidad intergeneracional".

"Trabajar más tiempo" para los trabajadores del 'baby boom' no supondrá, según Escrivá, alargar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años que entrarán en vigor en 2027 (en la actualidad la edad legal es de 66 años). El ministro también rehusó aclarar si su Ministerio sopesa ampliar los 35 años que en la actualidad dan derecho a una pensión del 100%. Sobre la mesa sí estará ampliar los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de las pensión, desde los 25 actuales hasta, tal vez, un periodo de 35 años.

La de los jóvenes, explicó Escrivá, es una generación más pequeña y "estrecha" que la de los 'baby boomers' y que además padece "mucha precariedad laboral". "Tenemos que interiorizar que ellos no pueden soportar determinados costes y no me refiero sólo a las pensiones, sino a todas las políticas públicas. Hay que proteger a los jóvenes", indicó. Así, al igual que el componente de género se ha ido incorporando al diseño de las políticas públicas, el ministro cree que este componente juvenil debe introducirse en la confección de las políticas públicas.

"El esfuerzo no puede recaer en los jóvenes. Tenemos que buscar entre todos cómo evitarlo y del mismo modo que hace un año parecía difícil llegar a un acuerdo sobre las jubilaciones anticipadas y demoradas, estoy convencido de que nos pondremos de acuerdo. Hay distintas formas de hacerlo", agregó el ministro.

Desde su punto de vista, el efecto de un cóctel de medidas que incluya, estímulos a demorar la jubilación, una mayor cotización de las bases máximas, mayor penalización para las prejubilaciones de los trabajadores con mayores ingresos y otras posibles, podría evitar aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad. "Igual no hace falta" aplicarlo, dijo el ministro. Pero "por si acaso" consideró oportuno "pensar en algo más. Hay que tener un marco de referencia, por eso tenemos que acordarlo", apuntó.

Para Escrivá, este mecanismo "no es lo más trascendente" del acuerdo con los agentes sociales, pues lo más importante es que las pensiones se actualizarán con el IPC y que la edad efectiva de jubilación se va a ir demorando gracias a un buen esquema de incentivos. "Con un buen esquema de incentivos podemos conseguir que la gente trabaje más años, y ese es el elemento más potente para la sostenibilidad del sistema", ha añadido.

Así, "dentro del paquete agregado", el mecanismo de equidad intergeneracional "es un tema menor y perfectamente manejable", ha insistido el ministro, que ha recordado que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales se mueve dentro de los parámetros de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Escrivá ha subrayado que España "no tiene un problema agudo de pensiones", pues su gasto actual es del 12% del PIB, frente al 16% del PIB de Francia e Italia, y lo que se estima es que, si España no hiciera nada, en algún momento de finales de los años 40 se alcanzaría un gasto del 16% del PIB.

"Y lo que estamos haciendo es prepararnos suavemente para manejar esa problema, que es manejable. A partir de 2050, cuando lleguen los jóvenes a la edad de jubilación el gasto cae de forma muy marcada, 2,5 puntos", ha apuntado el ministro, que ha dejado claro que la reforma pactada con sindicatos y empresarios no obliga a trabajar más años, pues eso sigue siendo voluntario.