España “no tiene un problema grave de pensiones” y la situación actual, con un gasto equivalente al 12% del PIB (por debajo del 16% de países como Francia, Italia, Bélgica y otros), “es totalmente manejable”, señaló ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. “Si no hiciésemos nada, a fines de los años 2040 llegaríamos a los niveles de esos países. Por eso queremos gestionarlo gradualmente”, sabiendo, dijo, que entre los años 2040 y 2070 (cuando se jubilen los jóvenes actuales, una generación menos numerosa) el gasto de pensiones caerá en 2,5 puntos de PIB. “Tenemos un sistema muy sólido, que sólo precisa ajustar algunos aspectos”, explicó.
No obstante, Escrivá sostuvo ayer que “lo más importante” de la negociación no es lo que queda pendiente (el mecanismo de equidad intergeneracional, que dio lugar a las polémicas palabras del ministro el jueves, y que rectificó al día siguiente) sino lo que se acaba de pactar con CEOE, UGT y CC OO: la eliminación de los aspectos fundamentales de la reforma de PP en 2013 (índice de revalorización y factor de sostenibilidad), lo que evitará –dijo– una pérdida del poder adquisitivo del 40% a los pensionistas; acercar la edad real de jubilación a la legal de modo voluntario y con incentivos, que los autónomos coticen por sus ingresos reales y la supresión de los gastos impropios que ha asumido la Seguridad Social por 22.000 millones. Estas medidas, señaló, son “suficientemente sustantivas” y “potentes” como para que “igual no haga ni falta” aplicar el mecanismo de equidad que sustituirá al factor de sostenibilidad.
Pepe Álvarez (UGT) desveló ayer que este mecanismo, que debe estar definido el 15 de noviembre y que forma parte de la segunda fase del pacto, probablemente se empiece a negociar este mismo mes.
El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministro el acuerdo alcanzado la semana pasada con patronal y sindicatos en la primera fase de la reforma de las pensiones, que iniciará, a partir de ese momento, la tramitación parlamentaria.
El ministro reiteró su error del jueves pasado cuando planteó la disyuntiva entre una reducción “moderada” de las prestaciones o una “pequeña” ampliación de la vida laboral para la cohorte de los nacidos en la explosión demográfica de los años 60 y primeros 70 (la más numerosa de la historia española), aunque enfatizó que los hijos de esa generación (que es menos numerosa, con mayor precariedad, salarios peores y una incorporación más tardía al mercado laboral) no deben sorportar el mayor gasto en pensiones y el conjunto del Estado de Bienestar que supondrá la llegada de sus padres a la jubilación.
Pepe Álvarez dijo que lo pactado la semana pasada “es sostenible y viable”. Unai Sordo (CC OO) señaló que se ha recorrido “la mitad del camino” para garantizar las pensiones de aquí a mediados de siglo y que “se pueden sufragar con ingresos adicionales y transferencias desde los Presupuestos”.
