José María Salazar, consejero delegado de Tartiere Auto, se convirtió ayer en el nuevo presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Asturias (Aefas) tomando el relevo de Jorge Suárez. Accede al cargo en un periodo de recuperación. “Ya empezamos a ver la luz al final del túnel, la recuperación está ahí”, dijo tras tomar posesión de su nuevo cargo. Sin embargo, reconoció que los desafíos de la región son muchos. Entre ellos citó la necesidad de que la administración sea más eficiente en su gasto. Tampoco eludió el debate de los impuestos –con la advertencia de que “no es el momento de aumentar la presión fiscal”–, ni el problema formativo, porque “cada vez nos cuesta más encontrar trabajadores cualificados”. Mirando hacia el futuro inmediato, Salazar alertó del riesgo de “fiarlo todo al peso del sector servicios” y destacó que “las regiones con una industria robusta capean mejor los temporales”.
El nuevo presidente de Aefas reclamó para su colectivo la condición de “apuesta más segura para impulsar la economía española” a la salida de la pandemia y pidió atención en consideración a su dimensión en Asturias: con su 90% de las empresas, el 70% del PIB y casi el 80% del empleo. Se mostró dispuesto a colaborar con todas las organizaciones, organismos y administraciones que se lo pidan en ese dibujo de la Asturias del futuro, de forma que la asociación va a intentar desplegar su actividad a lo largo de toda la región, sin concentrarse en la denominada área metropolitana central, porque “hay mucho valor y conocimiento” que quieren aprovechar.
En la asamblea de Aefas intervino también el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, quien despertó al monstruo de la competencia fiscal entre regiones y señalando de nuevo a Madrid –“tengo que hacerlo, lo siento, es lo que pienso”– reanudó la disputa con la certeza de que la capital “tiene capacidad atractiva suficiente para atraer actividad económica por sí misma. No es de recibo, y a mí no me parece razonable, que entre en una guerra fiscal en competencia con otros territorios. Así no se construye país”, concluyó.
Cofiño entraba al trapo fiscal que le había puesto el popular Mario Arias. El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo le precedió en el uso de la palabra manifestando su compromiso “a favor de la supresión del impuesto de sucesiones” y tras ese guante habló Cofiño de la conveniencia de “no abordar la fiscalidad figura a figura, o de forma despiezada”, sino dentro de la reflexión mucho más amplia “sobre la fiscalidad en general” que a su juicio necesita España. “Este gobierno hablará de impuesto de sucesiones y donaciones”, prometió el vicepresidente, pero sólo después de que se resuelva en su conjunto ese debate y el de la financiación autonómica, únicamente será pertinente hablar de impuestos “en el marco general de una reflexión sobre fiscalidad y financiación, porque tenemos que asegurar los recursos económicos suficientes para financiar nuestros servicios públicos”.
Ahí acopló la acusación a Madrid, gran bastión del PP, de alentar la competencia fiscal entre territorios y de “dar argumentos” a los independentistas que enarbolan la bandera del “supuesto agravio” del “Madrid nos roba”. Venía de festejar la coincidencia entre curva epidémica que “se va doblegando” y “los primeros indicios de la recuperación económica”. Hizo referencia a los datos de Hispalink que vaticinan para Asturias un incremento del PIB del cinco por ciento y del ocho en su versión industrial y dio por hecho que “la recuperación ya está ahí”. Ante los socios de la empresa familiar, prometió además que sus efectos “llegarán a esta sala”, que “permearán a las pequeñas empresas y a las de medio tamaño” y quiso combatir una vez más “el síndrome negativo que padecemos” destacando lo que puede ofrecer Asturias: “Suelo industrial, y me comprometo a elaborar un plan que haga posible que su precio resulte atractivo y competitivo para el empresario; buenas comunicaciones, completadas por la llegada del AVE en poco más de un año, y unas organizaciones y administraciones colaboradoras”. Es eso, dijo, lo que Amazon valoró para instalarse en Siero. Exhibió, en el capítulo de los problemas, los esfuerzos del Gobierno por elevar al máximo las compensaciones por emisiones de CO2 que recibe la gran industria, los que tienen en marcha para retirar las trabas administrativas que sufren las empresas o los de la reforma de la función pública.
