El plan de medidas legislativas presentado por la Comisión Europea (CE) para combatir el cambio climático incluye una de las principales reivindicaciones de la gran industria asturiana y del Gobierno del Principado, como es arancel medioambiental para productos importados como el acero, el aluminio, los fertilizantes o el cemento –con fuerte peso en la región–, pero también eleva la presión sobre las factorías asturianas para exigir que rebajen sus emisiones.
El mercado de derechos de emisiones vigente se endurecerá, por lo que previsiblemente se elevará el precio de la tonelada de CO2, que en estos momentos está marcando precios récord, por encima de los 50 euros. Bruselas plantea que la contribución de la industria al objetivo general de reducción de las emisiones de toda la economía europea pase del 43% actual al 61% en 2030. Ese incremento de 18 puntos se logrará con un recorte de 117 millones de títulos en el mercado de emisiones, con el objetivo de encarecerlos aún más, y una reducción progresiva de la entrega gratuita de títulos, de la que hasta ahora se ha beneficiado la gran industria asturiana, principalmente la siderurgia.
El objetivo de la CE es alcanzar en 2030 un reducción general de las emisiones del 55% con respecto a 1990 y entre las iniciativas de su paquete legislativo –que ahora se tendrá que negociar con el parlamento– también se incluye como contrapeso el reclamado por Asturias instrumento para gravar en las fronteras de la Unión Europea la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro. “Es una herramienta de política medioambiental, no una tarifa, no un impuesto”, señaló ayer el eurocomisario de Economía Paolo Gentiloni, quien reconoció que “hay mucha atención curiosidad y preocupación sobre esta decisión a nivel global”.
Se inspira en un concepto que lleva décadas sobrevolando el debate climático europeo, el de mecanismo de ajuste de carbono en frontera, y podría colisionar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si se entiende como un subsidio a empresas europeas.
El arancel ambiental está ligado al sistema de comercio de emisiones, el mercado europeo donde se pone un precio por cada tonelada de CO2 emitida por unas 10.000 plantas intensivas en consumo energético en la UE, entre ellas varias asturianas. Para no restar competitividad a esas industrias, algunas se benefician actualmente de permisos para emitir más CO2 del que deberían, un esquema que según la nueva propuesta deberá terminarse para 2035. Para que el mecanismo no genere problemas en la OMC, esas exenciones a las industrias europeas desaparecerán progresivamente al tiempo que a partir de 2026 se introduce el “ajuste el carbono” de las importaciones, para que todos compitan en igualdad de condiciones.
Entre 2023 y 2025 se recabará información de los importadores y en 2026 arrancará el mecanismo. La Comisión propone que se aplique inicialmente a cinco sectores (fertilizantes, aluminio, hierro y acero, cemento y electricidad) que representan el 2 % de las importaciones de la UE, y se vaya ampliando progresivamente. Son industrias que presentan un riesgo de “fuga de carbono”, es decir, se teme que las fábricas europeas se deslocalicen hacia territorios con normas medioambientales menos estrictas.
El importador tendrá que aportar información sobre la penalización a sus emisiones en el país de origen y si son inferiores a las de la UE se le impondrá un gravamen equivalente al que habría pagado si produjera en territorio comunitario, Si no aporta información, se le aplicaría la media del 10% de las plantas más contaminantes del sector en la UE.
“Idealmente, nunca llegaría a existir”, resumen fuentes europeas sobre un reglamento que requerirá la unanimidad de los Estados miembros y el respaldo de la Eurocámara, si bien el Parlamento ya avaló su diseño en marzo.
Bruselas lleva meses haciendo pedagogía internacional sobre su nueva herramienta, pues el mecanismo no gusta a países como Rusia, Turquía, China o India. En Estados Unidos, el enviado especial de Clima, John Kerry, ha pedido a la UE que el mecanismo sea un último recurso.
