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El alza de la luz agranda la diferencia de costes de la industria asturiana con sus competidores

Ribera señala que los precios altos continuarán durante los próximos meses y pide ahora a la UE un cambio de diseño de la política energética

Instalaciones de Asturiana de Zinc

El precio de la luz en el mercado mayorista español marcó ayer su máximo histórico al alcanzar los 106,57 euros el megavatio hora y hoy se mantendrá por encima de la barrera de los 100 euros de media (en concreto 101,52 euros). Además, el de ayer fue el precio más elevado de los registrados ese día en Europa. La escalada que se está registrando desde abril por el encarecimiento del gas y del CO2 afecta a los hogares –de manera directa a los que están en el mercado regulado– y especialmente a la gran industria, en la que la energía consumida llega a representar más del 70% de la factura y el conjunto del gasto energético rebasa en algunos casos (por ejemplo en Asturiana de Zinc) el 40% de los costes totales. En ese contexto, la vieja brecha de costes energéticos entre la industria asturiana y sus competidores europeos sigue aumentando, lo que lastra la competitividad de las empresas radicadas en la región.

Según el barómetro que elabora la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) a partir de los precios medios de la luz de lo que va de año y el promedio de los futuros de lo que resta del ejercicio, la gran industria electrointensiva española (con fuerte peso en Asturias) paga el megavatio hora a 86,29 euros, mientras que los competidores alemanes pagan 57,17 euros y los franceses 39,98.

El Congreso aprobó ayer la rebaja transitoria de dos de los impuestos que cargan el recibo de la luz (el IVA y el impuesto sobre la producción) para compensar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó que las previsiones de precios altos “no parecen despejarse en los próximos meses”. Las subidas de los precios, dijo Ribera, “no responden a decisiones del Gobierno” y no son “exclusivos de España”, sino que responden al “diseño de la política energética en la Unión Europea”. “Hemos hecho ver esta disfunción” en la Unión Europea, señaló Ribera, que añadió que la señal de precios del CO2 “no puede ser una guillotina para los consumidores domésticos e industriales”.

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