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Carlos Bravo Secretario de protección social de CC OO y negociador en el Pacto de Toledo

“Ni se ha discutido ni planteado recortar la pensión a la generación del baby boom”

“Hay que garantizar que los mayores de 55 años no sean expulsados del mercado laboral; se está negociando extender el modelo de los ERTE”

Carlos Bravo Fernández.

Carlos Bravo Fernández es uno de los firmantes del pacto para la reforma de las pensiones que hace unas semanas presentó, junto a los agentes sociales, el Gobierno de España. Bravo es el secretario de políticas públicas y protección social de CC OO y participó de forma activa durante toda la negociación del conocido como Pacto de Toledo, donde se discute el futuro de las pensiones españolas. El resultado es, asegura, un cambio de rumbo en el sistema con el que se garantiza su sostenibilidad. Hace unos días ofreció una charla sobre la reforma para el sindicato en Asturias.

–¿Qué valoración hace del pacto alcanzado con el Gobierno, la patronal y UGT para la reforma del sistema de pensiones?

–Muy positiva. Después de diez años sin acuerdos en esta materia y con una reforma como fue la de 2013 que rompía con todas las anteriores, sin consenso político ni social, hemos tenido una década muy complicada para las pensiones. Las movilizaciones sindicales y ciudadanas nos han permitido ahora alcanzar este resultado, que supone volver a colocar a las pensiones en el carril que estaban desde 1995, derogar la reforma de 2013 y mejorar la intensidad de la financiación.

–¿Urgía tomar medidas para evitar la quiebra del sistema?

–En 20 o 25 años va a llegar el momento de máxima exigencia para el sistema de pensiones porque vamos a tener un 50% más de pensionistas. Eso nos obliga a necesitar entre 3 o 3,5 puntos adicionales del PIB para destinar a las pensiones. Ahora estamos firmando las bases de la mitad de ese camino y sentando las bases de la otra mitad, en conceptos como la cotización por los ingresos reales que van a tener los trabajadores autónomos. Estamos tomando decisiones que son decisivas para garantizar ese reto que tenemos que abordar y que tendrá su máxima exposición a mediados de los años 40, para luego estabilizarse y, más adelante, decrecer. Tenemos muy bien tasado qué es lo que se necesita en las próximas décadas y lo que había que hacer era tomar decisiones que en los últimos diez años se habían parado.

–Queda una parte importante sobre cómo financiar el sistema, como usted recordaba, que aún está por pactar ¿puede haber problemas para llegar a un acuerdo?

–De financiación en este acuerdo ya hay un buen pedazo. Tenemos los 22.000 millones de financiación presupuestaria y la equiparación por ingresos reales de los autónomos. Nos queda la medida más importante que es el incremento de las bases máximas de cotización y que la gente que gana más de 49.000 euros, que son 1,2 millones de personas en España, coticen por sus ingresos reales. Es una reivindicación sindical de hace ya bastantes años que el Gobierno ha incorporado a su programa de Gobierno de coalición y que, además, ha comprometido ante la Unión Europea en su plan de transformación, reconstrucción y resiliencia para acceder a los fondos comunitarios. Nos hubiera gustado incorporarlo ya en el acuerdo, pero había una resistencia fuerte de las organizaciones empresariales.

–¿Los autónomos están a favor de ese sistema para cotizar por sus ingresos reales?

–En la negociación del acuerdo hubo sesiones en las que estuvieron las organizaciones representativas de autónomos. Este es un tema que tenemos que desarrollar ahora. Lo que hemos acordado es que van a cotizar por sus ingresos reales y que lo van a hacer a partir de 2023 con un periodo transitorio de 9 años. Todo esto conllevará una mejora de la protección social de este colectivo que ahora tienen pensiones un 40% inferiores a las del régimen general de la Seguridad Social.

–El ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, dijo antes de la firma que la generación del “baby boom”, unos 200.000 en Asturias, o tendrán que retrasar su jubilación o cobrar menos. ¿Será así?

–No es así porque de eso no se ha hablado nada. El Ministro hizo unas declaraciones poco afortunadas donde habló de algo que quizás él tenga en la cabeza, pero que es algo que no ha estado en la mesa de negociación. No se ha discutido ni negociado porque ni siquiera el ministerio lo ha planteado. Es una propuesta que nosotros no compartimos, tampoco UGT, CEOE ni Cepyme.

–¿Penaliza el pacto a las jubilaciones anticipadas?

–Se han tocado la mayor parte de las piezas de las jubilaciones anticipadas o demoradas que hay. Se ha reforzado mucho el sistema de incentivos para que las personas cuando les interese puedan retrasar el acceso a la jubilación anticipada a cambio de una mejor pensión. Hay una modificación de todos los coeficientes, bien reductores por anticipo, bien mejoradores de la pensión por demora que en el 95% de los casos suponen una mejora de los previos. Lo previsible es que haya gente que retrase el acceso a la jubilación anticipada uno, dos o cinco meses para tener una pensión mejor el resto de su vida.

–¿Es necesario acercar la edad real de jubilación a la legal en España?

–En las últimas dos décadas la edad media efectiva de acceso a la jubilación se ha acercado en casi un año a la edad legal. Estamos ya en unos 64 años. No basta con incentivar la demora voluntaria, hay que actuar sobre el mercado de trabajo. Hay que garantizar que la gente se mantiene en el empleo, que la gente de más de 55 años no sale expulsada del mercado de trabajo sin posibilidad de retorno. Se está negociando extender el modelo de los ERTE de la pandemia a los momentos de normalidad de manera que antes de que una empresa despida se tomen medidas para mantener el empleo.

–¿Y qué pasa con aquellos, sobre todo las mujeres, que suelen tener una vida laboral más inestable?

–Hay dos medidas en este acuerdo que tienen impacto de género, sabiendo que las mujeres tienen peores carreras de cotización y sufren una brecha salarial que se proyecta sobre el sistema de pensiones. La brecha en las pensiones se puede limitar, pero lo que necesitamos es que no se produzca la bajada de salarios, el acceso a tiempo parcial o la interrupción de vida laboral… es ahí donde hay que actuar. Desde el sistema de pensiones hemos acordado un complemento para reducir la brecha de género, que lo que hace es reconocer una mejora de las pensiones para las mujeres desde que han tenido su primer hijo. Luego tenemos una equiparación de las parejas de hecho en cuanto a viudedad a la de los matrimonios. Esto afecta a 31.500 parejas de hecho en Asturias. Se van tomando medidas que van reduciendo los impactos de género.

–Lo que parece haberse sosegado es la alarma de que es necesario contratar planes de pensiones privados...

–Puede ser conveniente que la gente pueda tener instrumentos complementarios, pero no porque no le vaya a cubrir la Seguridad Social, ese debate ha quedado desterrado. La Seguridad Social nos tiene que dar una protección comparable a la de las anteriores generaciones y para eso necesitamos reforzar la estructura de ingresos, la contribución al sistema… Y eso no lo puede sustituir un sistema complementario de pensiones.

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