La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la causa en la que se investigan presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos venezolanos, una ampliación de seis meses de la instrucción y que cite a declarar en calidad de investigados a otras tres personas, entre ellas a la exmujer de Javier Alvarado Ochoa, antiguo alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez.
En un informe fechado el 12 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se decanta por ampliar por seis meses la instrucción porque la misma "no ha concluido", y hace referencia directa a un reciente informe policial de 9 de julio en el que se da cuenta de las comisiones rogatorias tramitadas con Andorra, Suiza y Mónaco.
Apuntan que la documentación guarda relación directa con la serie de pagos de Duro Felguera "a las diferentes personas que han participado y colaborado en los actos de corrupción objeto de investigación". Cabe recordar que en esta causa están siendo investigados tanto exdirectivos de la empresa española como altos cargos del gobierno venezolano en la época de Chávez, como quien fuera viceministro de Energía hasta 2006 Nervis Villalobos y su mujer Milagros Coromoto Torres.
La investigación analiza presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales por los hechos fruto de la investigación surgida en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos presuntamente sobornados.
Ahora, con el informe policial en la mano, los fiscales quieren llamar a declarar como imputado a Luis Carlos de León Pérez, quien junto a Alvarado ostentaba puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético venezolano para contratar empresas, como ocurrió con el grupo asturiano o con otras identificadas en el informe policial como Elecnor o Iberdrola.
Además, indican que se ha podido acreditar que desde una cuenta de la sociedad Winrain Business, controlada por Villalobos, se emitió una transferencia de 3,8 millones de dólares a una cuenta de la sociedad Harmony Capital, que pertenece a De León. Las pesquisas llevan a pensar a la fiscalía que habría recibido la transferencia descrita "con base en un contrato entre ambas sociedades, vinculado al proyecto 'TERMOCENTRO' y, sobre el que Técnicas Reunidas (Terca) mantenía a su vez contrato con Duro Felguera como conseguidora de la licitación para su ejecución".
Mariela Pardi, por blanqueo
La segunda de las personas de las que el Ministerio Público interesa su declaración como imputada es Mariela Consuelo Pardi, exmujer del investigado Javier Alvarado. Creen que participaba en el blanqueo de capitales en territorio español y se fijan en que es titular de diferentes propiedades inmobiliarias "que han sido obtenidas mediante las comisiones pagadas" por Duro Felguera al que fuera su marido.
Indican que participó en la operativa bancaria para adquirir esos inmuebles, y que se realizó a través de diversas sociedades. Además, añaden que ha quedado constatada la existencia de una transferencia en abril de 2009 por importe de 3 millones de dólares de una sociedad (Lairholt) a otra (Adisson Corp), sociedad cuyo titular final es Javier Alvarado.
Según una cadena de correos electrónicos analizados por la policía, Alvarado y Pardi "poseen poder de firma sobre esa sociedad y, según lo manifestado en los referidos correos, acredita que ellos dos son los beneficiarios últimos de la misma".
Las transferencias de Villalobos
La tercera persona a la que quieren citar como investigada es Julia Elba Van Den Brule, que ocupó cargos de dirección en la petrolera venezolana PDVSA y fue fundadora y administradora de una filial de esa petrolera en España. Recuerdan que ya fue citada por el cobro de 70.000 euros en 2009 desde una cuenta de Villalobos, y que se desmarcó del asunto alegando que se trataba de un préstamo personal entre ambos.
Pero Anticorrupción recuerda ahora que Van Den Brule poseía una sociedad panameña (Inversiones Eclipsi) desde donde recibió otras transferencias (por valor aproximado de 688.000 dólares) ordenadas desde cuentas vinculadas a sociedades de Nervis Villalobos, fondos con los que finalmente adquirió un inmueble en Madrid.
En su informe, el Ministerio Público también pide al magistrado Ismael Moreno que prohíba disponer tanto a Van den Brule como a Pardi (a través de las sociedades intermedias) de los bienes inmuebles que poseen en Madrid.
Y concluye con la advertencia de que de la práctica de esos interrogatorios es presumible que se deriven nuevas diligencias "para concretar el aspecto objetivo y subjetivo del presente procedimiento, en las que no es descartable la imputación de otras personas".
La petición de prórroga, que debe atender o rechazar Moreno, coincide con la presentación de nueva documentación que ha entregado con fecha de 31 de julio uno de los investigados, Javier Alvarado, según avanzaba ABC y ha podido confirmar Europa Press.
En esa documentación se incluye una resolución firmada por el propio Hugo Chávez en 2010 en la que acordaba pagar 300 millones a Duro Felguera.
Se da la circunstancia además, que la empresa de ingeniería asturiana ha recibido en mayo los primeros 40 millones de euros de la primera fase de las ayudas que aprobó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Tras cumplir la totalidad de las condiciones para el cierre de la primera fase de las ayudas, la compañía percibió ese desembolso mediante un préstamo participativo de 20 millones de euros y un préstamo ordinario de 20 millones de euros, según comunicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Consejo de Ministros aprobó a principios de marzo la concesión de ayudas por importe de 120 millones de euros a Duro Felguera, y la empresa tendrá un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos que reciba.
