“Asturias, que tiene muchas industrias en el mercado de comercio de derechos de emisión de CO2, tendrá que hacer un esfuerzo mayor” para cumplir con el nuevo paquete normativo que promueve la Comisión Europea (el plan denominado “Fit for 55”), dado que, si salen adelante sus propuestas, el número de derechos se van a reducir no el 2,2% anual, como estaba previsto, sino el 4,2%, señaló ayer Eduardo González Fernández, director general de coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española del Cambio Climático, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante su intervención en una jornada sobre la transición energética organizada en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, por el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias.

La reducción más acusada de los derechos disponibles supondrá una exigencia adicional para la industria y actividades que ya están supeditados a él, y más cuando la obligación se acogerse a este mercado se va a ampliar para incluir a todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero. El plan comunitario compensa parcialmente esta mayor exigencia con la puesta en marcha a partir de 2023 del mecanismo de ajuste en frontera (CBAM), que es una demanda de las industrias directamente afectadas y que supondrá la imposición a las importaciones extracomunitarias de cemento, fertilizantes, acero y aluminio de recargos equivalentes a los créditos de carbono cuando este sistema penalizador de las emisiones no esté vigente en los países de procedencia.

En otoño comenzarán las negociaciones sobre el plan “Fit for 55” entre los gobiernos y la Comisión Europea y el director general de coordinación de Acciones frente al Cambio Climático vaticinó que van a ser “duras” en la defensa de los intereses nacionales. En todo caso, el ejecutivo español abordará con relativa tranquilidad las mayores exigencias que plantea la Comisión en tanto que la planificación española (el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) ya era más ambicioso que los objetivos hasta ahora vigentes en la UE por lo que se cuenta, dijo, con margen para cumplir las nuevas demandas.

Con todo, Eduardo González Fernández se expresó convencido de que, aunque se trata de “un reto”, la transición energética es “una oportunidad para generar actividad económica y empleo”. “No tengamos miedo. Tomémoslo como una oportunidad”, indicó.

Emilio Nieto Gallego, director del Centro Nacional de Hidrógeno, argumentó las grandes posibilidades del hidrógeno como energía de futuro en el proceso de descarbonización y el gran potencial de España y el sur de Europa para ser proveedor de él tanto para cubrir las necesidades nacionales así como para la exportación a otros países europeos.

En el caso de España, Eduardo González apuntó que tendrá más sentido producirlo con electrolizadores allí donde se concentre una gran demanda de la industria que transportarlo por tubería desde 300 kilómetros de distancia.

El consejero asturiano de Industria, Empleo y promoción Económica, Enrique Fernández, sostuvo que “Asturias va a apostar decididamente por el hidrógeno”, para el que ya existen en la región 34 proyectos. Y destacó que la siderúrgica ArcelorMittal prevé consumir 150.000 toneladas anuales con su plan de descarbonización para sus plantas en el Principado.