Asturias afronta la mayor concentración de proyectos inversores en su industria que se recuerda desde decenios atrás y en todos los cuales concurren componentes innovadores, en algunos casos en la vanguardia de los nuevos procesos tecnológicos para la descarbonización de la siderurgia, el almacenamiento energético, la producción de energías limpias, el hidrógeno, la eólica marina flotante, las hidráulicas reversibles y de bombeo y mediante hidrotornillos y otras propuestas igualmente transformadoras.
De momento, aún no se pueden considerar como hechos consumados porque son expresiones de voluntad y supeditadas a la obtención de fondos europeos, estatales o autonómicos que mitiguen la movilización de recursos privados, que, no obstante, y aun con tales contribuciones públicas, serían igualmente portentosas. Pero, aun con estas cautelas, se puede considerar como una ofensiva en vías de materialización porque se trata de compromisos asumidos de modo público por algunas de las mayores empresas que operan en la región, de proyectos que están en su fase preliminar y han superado el periodo de estudio, y de planes que en los casos más relevantes no solo han recibido el respaldo de las cúpulas ejecutivas de algunas de las mayores multinacionales presentes en el territorio sino también el amparo político de las administraciones públicas para que puedan acceder a las vías de cofinanciación que permite la Unión Europea con su plan de Reconstrucción y Resiliencia.
Este aluvión de anuncios inversores se ha producido además cuando más arreciaba el temor al desmantelamiento industrial y a la desertización fabril que se atribuía a la transición energética, la carestía de la electricidad y su impacto en la gran industria electrointensiva, el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, el alza de las materias primas y otros factores que ofuscaron las expectativas de los agentes a pesar de la rauda y vigorosa recuperación económica que se está produciendo este año como efecto rebote tras el desplome brutal de la actividad en el pasado ejercicio a causa de la pandemia.
El recuerdo de las reconversiones industriales de los años 80, que marcaron a toda una generación y que tuvieron un impacto aún no totalmente superado en el ideario colectivo pese a que sus efectos individuales no fueron traumáticos, generó una sensación de vértigo ante una transición ecológica calificada de rauda y que amenazaba con volver a poner en cuestión un modelo productivo regional heredero de las dos primeras revoluciones industriales, como ya había ocurrido en los años 80 con las reconversiones de la siderurgia, la minería, los astilleros, la industria de explosivos y otros, y dos decenios antes, en los 60, cuando la continuidad de algunos de estos sectores precisó una gran operación de salvamento público por la vía de las grandes estatalizaciones y la intervención gubernamental.
Oportunidad
Ahora, y ligado de modo indisociable a la apuesta en firme por la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la transformación digital, y a la reacción contundente de la Unión Europea y los Gobiernos nacionales contra la crisis económica causada por el covid –en una manifiesta rectificación de la política que se había seguido durante la recesión financiera de 2008-2013–, Asturias tiene una oportunidad de transformación y modernización de su tejido productivo y de desarrollo de nuevas actividades probablemente sin parangón desde el gran revulsivo que vivió la región a partir de mediados del siglo XIX con la gran afluencia de los capitales que promovieron la industrialización.
De momento se sabe que hay 230 proyectos asturianos que aspiran a recibir cofinanciación de la Fondo Europeo de Reconstrucción, en los que están involucradas ArcelorMittal, EDP, Naturgy, Enagas, Lamelas, TSK, Duro Felguera, Nortegas... y otras compañías, y que la comunidad pretende obtener unos 2.800 millones de euros de los fondos de reconstrucción de la UE: el 2% de los 140.000 millones destinados a España. A esta partida se suma la posibilidad de acceder a los 790 millones de recursos europeos adicionales asignados a España con cargo al Fondo de Transición Justa, los más de 470 millones atribuidos al país procedentes del mecanismo para inversiones públicas y la posibilidad de optar a los instrumentos financieros del programa Invest EU (antiguo Plan Juncker), que cuenta con 25.000 millones, mediante el concurso del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para acompañar a la inversión privada y de los estados en las regiones en transición.
Nuevo “plan Marshall”
Esta disponibilidad de recursos públicos, sumada al despliegue inversor que están comprometidos a llevar a efecto grandes grupos industriales por la exigencia de la descarbonización, debería ejercer un revulsivo sobre la actividad económica tal y como pretendían los gobiernos de España e Italia cuando en marzo del año pasado reclamaron a la Unión Europea lo que entonces dieron en llamar un “nuevo plan Marshall” y para el que, contra todo pronóstico, lograron el respaldo de los países centrales y del norte, incluidos los llamados “frugales”.
Los 750.000 millones del plan de Reconstrucción es el mayor paquete financiero de la historia de la UE y costearlo ha supuesto quebrar tabúes como la renuencia acrisolada a que las instituciones europeas apelaran a los mercados financieros con emisiones masivas de deuda comunitaria. A ello se ha sumado la aprobación del presupuesto más ambicioso de la Unión desde su origen.
En los años 30 el economista británico John Maynard Keynes había postulado la necesidad de un gran esfuerzo inversor para combatir la depresión y llegó a plantear que, en ausencia de otros proyectos más productivos, era preferible abrir pozos y zanjas sin necesidad para volver a cerrarlos inmediatamente con tal de generar actividad y no perpetuarse en la pasividad y en la espera de que la crisis escampara por sí sola.
Ahora, la transición energética para alcanzar los objetivos de la Cumbre del Clima de París y los posteriores compromisos más exigentes (reducir al menos el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en relación a las de 1990 y alcanzar la neutralidad en términos netos en 2050), así como la transición digital, abren una oportunidad de generar actividad con mucho más sentido y con una mayor capacidad de dinamización y de radical transformación aun a sabiendas de que, como toda transfiguración del modelo productivo, dejará por el camino a sectores perdedores y alumbrará a otros ganadores. Es lo que, desde otra óptica y con una visión teórica distinta, el economista austriaco Joseph Alois Schumpeter dio en llamar la “destrucción creativa” para explicar el mecanismo que desencadenan las innovaciones.
Las revoluciones tecnológicas –y los proyectos que se anuncian lo son en muchos casos– propician fuertes impulsos del dinamismo económico, la productividad y el crecimiento del PIB, y, aunque comportan disminuciones de empleo en las actividades viejas, generan ocupaciones y la demanda de nuevos perfiles profesionales en las nuevas. El economista ruso afincado en EE UU Simon Kuznets sostuvo que los procesos de transformación benefician en primera instancia sólo a algunos y finalmente a todos.
Ahora la economía está viviendo una intensa recuperación por la reapertura de actividades, la demanda embalsada durante la pandemia, la movilización del ahorro acumulado por familias y empresas durante el confinamiento, la tradicional regresión a la media tras un derrumbe tan inaudito como el del año pasado y el efecto base –puramente matemático– que deriva de la comparativa de las magnitudes presentes con las del hundimiento de 2020, el más agudo y abrupto de la economía desde 1929.
Reformas
Pero la consistencia y perdurabilidad de este repunte económico no está garantizado, y más cuando subyacen riesgos diversos, como los estrangulamientos en las cadenas de suministro y otros problemas de oferta, una inflación al alza –que se espera que sea pasajera, aunque no hay certeza de ello–, un endeudamiento público sin precedentes después de los cuantiosos programas de estímulo y fastuosos gastos sanitarios contra el covid, y la evidencia –confirmada el viernes por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell– de que la expansión monetaria sin precedentes que han estado acometiendo los bancos centrales para sostener la economía y dar respaldo al obligado gasto desaforado de los gobiernos toca a su fin.
En todo caso, y aun sin contar con estas eventualidades, la lógica indica que, tras el efecto tumultuoso propiciado por la reapertura de las compuertas al término de los confinamientos, la economía tenderá a converger con su potencial y éste era ralo y débil antes de que se desencadenara la pandemia que interrumpió seis años de recuperación tras la crisis financiera. El Banco de España lo estimaba entonces en el 1,5% y lo mismo ocurría en otras economías, en lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) definió como “crecimiento mediocre”.
En estas condiciones, y con el recurso a la política fiscal y monetaria expansivas ya al límite, las reformas estructurales se erigen en la gran ocasión para acrecentar el potencial de crecimiento (aquel punto óptimo del PIB que permite aprovechar el máximo posible de recursos productivos sin que se descontrole la inflación) y generar un verdadero revulsivo en la economía, tanto más necesario cuando aún no se han recuperado los niveles de PIB de 2019, el paro sigue siendo muy elevado por más que el número de ocupados haya recobrado en muchos sitios –caso de Asturias– las cifras de entonces, y sobre todo cuando se precisa una fuerte dinamización para absorber la ingente deuda generada, inédita en términos absolutos en todo el mundo desarrollado y sin precedentes en términos relativos en los últimos 120 años en países como España.
La doble transición energética y digital llega por consiguiente como una oportunidad porque se trata de verdaderas transformaciones radicales que pueden y deben actuar como catalizadores de ingentes inversiones público-privadas, impulso del dinamismo, transformación de procesos y alumbramiento de un nuevo paradigma energético y tecnológico y que, por ser un compromiso irreversible de la comunidad internacional, sólo deja dos opciones a los territorios de la vieja industrialización como Asturias, que son los más expuestos a los costes que entraña el cambio profundo que se plantea: sumarse a él o sucumbir.
Vanguardia.
La oportunidad es además doble porque con anuncios inversores como los realizados por EDP para acometer en Aboño y Soto de Ribera grandes proyectos para la generación y aprovechamiento del hidrógeno verde como energía de futuro o el de ArcelorMittal para fabricar en Aboño acero sin el concurso de carbón recurriendo a la reducción directa del mineral de hierro mediante gas natural en primera instancia e hidrógeno verde en una segunda fase, Asturias y España tienen por vez primera la oportunidad de incorporase en la primera hora a los cambios tecnológicos mundiales y a los procesos fabriles de vanguardia (en algún caso, aún en fase casi experimental), a diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos, cuando el país acumuló un retardo –en algún caso, de hasta un siglo– que dio lugar a la tesis del historiador Jordi Nadal sobre el “fracaso de la revolución industrial en España”.
Muchos economistas (caso de Santiago Niño-Becerra en su última obra) ven en esa demora la génesis de muchas de la dolencias y vulnerabilidades actuales del modelo productivo español, como la prevalencia de las actividades de bajo y medio valor añadido, y su elevada dependencia de sectores intensivos en el factor trabajo.
La transformación en marcha ha dejado fuera de concurso algunas plantas productivas, como las térmicas de carbón de Lada y Soto de la Barca –para las que se han esbozado algunas alternativas inversoras en el segundo caso– pero otras empresas asturianas como algunos astilleros, ingenierías, el negocio de galvanizado de ArcelorMittal y las empresas vinculadas a las energías renovables, están ya experimentando el beneficio del cambio en ciernes.
Saldo exterior y foco fabril.
La transición energética, en la medida en que culmine el despliegue masivo de instalaciones renovables, abaratará la electricidad en tanto que no sea preciso el concurso de energías fósiles (ya sea el gas natural o el carbón), que son las que encarecen la producción en episodios como el actual de gran demanda y acaparamiento, y cuando las fuentes primarias verdes (que no son programables) no son capaces de cubrir las necesidades.
El desarrollo de las renovables permitirá acercarse a esa situación óptima, sobremanera cuando, con la concurrencia del hidrógeno y otros procedimientos de almacenamiento, sea posible hacer “stocks” de energía para cubrir las puntas de demanda y los periodos de baja insolación, pluviosidad y viento. El abaratamiento esperado no es una hipótesis: ya se verificó en tiempos recientes en situaciones de baja apelación a las fuentes fósiles.
La transformación que se anuncia va a tener efectos positivos sobrevenidos también en la balanza de pagos. España tiene una elevada dependencia energética exterior, con el consiguiente impacto negativo en su saldo por cuenta corriente, como consecuencia de ser un país altamente importador de petróleo, gas e incluso carbón, y por tener un tipo de economía que, por su especialización, se caracteriza por una elevada intensidad energética: consume más energía que otros países para producir una unidad de PIB. El desarrollo de las renovables (especialmente la solar, la eólica y el hidrógeno verde, obtenido con cualquiera de ambas mediante electrólisis) podrá permitir que España alcance un alto grado de autoabastecimiento y abarate su factura con el exterior. Muchos analistas creen que, por sus circunstancias, podrá ser incluso exportadora neta de hidrógeno, lo que supondría un vuelco en un capítulo relevante de la balanza por cuenta corriente.
Profesionales del sector, caso de los responsables en España de la francesa Total Energía y Gas, creen que el potencial del país en renovables puede convertirse a su vez en un factor de localización industrial y de atracción de inversiones productivas por el bajo coste de las energías verdes.
A estos beneficios se suma el efecto favorecedor de la transición energética sobre el medio ambiente, factor de salud y de atracción empresarial y turístico. Asturias tiene la quinta peor calidad del aire de España. Por ello, el recuerdo de lo que ahora se va a sustituir será tan enojoso como la evocación de los locales cerrados llenos de humo anteriores a la ley contra el tabaco. Nadie querrá regresar a aquello que tanto costó abandonar.
La presión de organismos supranacionales, gobiernos, reguladores y fuerzas del mercado
La ONU urgió en marzo a suprimir el uso del carbón en el sector eléctrico. La Agencia Internacional de la Energía demandó en marzo el fin de la exploración de nuevos yacimientos de crudo. Los bancos centrales están analizando y emitiendo normas por la incidencia del cambio climático en la estabilidad financiera, en particular en bancos y aseguradoras, y también en la inflación, por lo que consideran que su vigilancia forma parte de su mandato, como dijo el BCE en junio. El Banco de España estimó este mes que la política europea para penalizar las emisiones de gases de efecto invernadero con la imposición de derechos de emisión de CO2, cuyo coste se ha disparado, está determinando sólo el 20% del encarecimiento de la electricidad. La elevada carestía de una energía fósil como el gas natural es responsable del 50%, y este factor está muy influido por la alta demanda, atribuible –entre otras causas– a la ola de calor, que se vincula al cambio climático, al igual que el temporal de frío de enero que también disparó el precio de la electricidad. Organismos supranacionales y gobiernos están comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Resistirse es por ello una batalla estéril. Y más cuando las fuerzas globales del mercado están alineándose con los objetivos de la descarbonización. Las empresas cotizadas están sufriendo una gran presión por parte de fondos y otros grupos de inversión para que transiten hacia modelos de negocio verde. Por esto, y por la evidencia de cuál es el futuro, las petroleras están abriéndose a las energías renovables. Asturias lo ha vivido en primera línea con la entrada en su sector eléctrico de Repsol en 2018 y de Total en 2020.
