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El Gobierno quita 2.600 millones de beneficio a las eléctricas para abaratar el recibo de la luz

El ejecutivo amplía las rebajas fiscales y sumará 900 millones más procedentes del CO2 para reducir la factura el 22% desde este mes, y reformará la tarifa regulada

Teresa Ribera

Teresa Ribera

El Gobierno detraerá por decreto hasta el 31 de marzo entre 2.500 y 2.600 millones de los “beneficios extraordinarios” que las compañías eléctricas están generando por el elevado precio del gas natural en plantas de generación que no soportan su coste porque no lo consumen (nucleares e hidráulicas principalmente) y los destinará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sufragar parte de los cargos regulados que soporta el recibo. A este mismo fin destinará 900 millones adicionales procedentes de la subasta de los derechos de emisión de CO2, que se sumarán a los 1.000 millones que ya dedicaba con este origen para esta misma finalidad.

Con ambas decisiones, el ejecutivo pretende reducir en unos 2.500 millones la parte fija de la factura de la electricidad, aminorando en el 96% estos cargos que cubren los costes extrapeninsulares, las antiguas primas a las renovables, la cogeneración y la gestión de residuos.

A su vez, el Gobierno aprobó la rebaja hasta el 31 de diciembre del impuesto especial de electricidad (baja del 5,1% al 0,5%) y prorrogar hasta entonces la suspensión temporal del impuesto de generación (7%). La reducción del IVA (se contrajo del 21% al 10%) también estará vigente hasta fin de año.

Ante la imposibilidad de intervenir sobre el mercado mayorista de electricidad –en el que se fija el precio diario de la electricidad mediante un sistema marginalista que permite remunerar a todas las fuentes energéticas con el precio de la más cara–, dado que este sistema está sometido una regulación europea, el ejecutivo, muy presionado por la espiral alcista de la electricidad, aprobó ayer un paquete de medidas que, actuando sobre los cargos y los impuestos, permitirá reducir de este mismo mes la factura eléctrica de los españoles en el 22%, según su estimación.

Si se suma a ello las decisiones ya adoptadas desde junio, el abaratamiento será del 30%, dijo la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El objetivo del Gobierno es que a fin de año el llamado “recibo de la luz” se sitúe en niveles de 2018 más la inflación, lo que supondrá unos 600 euros anuales para un consumidor medio.

El Gobierno decidió ayer solicitar al parlamento la tramitación por vía de urgencia de los dos proyectos de ley que ya fueron remitidos a las cámaras y que, según su estimación, permitirán abaratar la factura en otros 13 ó 15%: se trata de la reducción de los llamados “beneficios caídos del cielo” (los ingresos que obtienen las eléctricas por la elevada carestía de los derechos de emisión de CO2 en plantas que no incurren en este coste) y la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrica, con el que la financiación de las antiguas primas a las renovables ya no recaerá –como hasta ahora– sólo sobre la electricidad y pasarán a ser también soportada por el gas natural y el petróleo.

Salvo Red Eléctrica (operador del sistema), las grandes compañías eléctricas cerraron en negativo en la Bolsa con caídas entre el 0.37% y el 5,18%.

El “exceso de retribución” que reciben las eléctricas por el “efecto amplificador del gas” incluso en plantas que no consumen este combustible (la electricidad aumenta su precio dos euros en el mercado mayorista por cada euro que se encarece el gas natural) la considera el Gobierno como una medida “excepcional” hasta el 31 de marzo, que es cuando los contratos de futuro anticipan el fin de la escalada del gas. A las plantas de generación que no consumen esta energía fósil el Gobierno les reconocerá una retribución mínima de 20 euros por megavatio (referencia media del precio en los últimos años) y les permitirá beneficiarse con el 10% del precio del gas por encima de ese umbral de 20 euros. El 90% restante es el que se destinará a rebajar los costes fijos del recibo. El Gobierno dijo que tiene dictámenes favorables sobre este procedimiento y que es similar a un caso ya sentenciado favorablemente por la Justicia europea.Ladillo

Otras medidas.

Para actuar sobre el precio de la electricidad sin alterar el mercado mayorista, el ejecutivo convocará dos subastas obligatorias al margen del “pool” a las que deberán concurrir obligatoriamente las cuatro mayores eléctricas. Se pretende fomentar la contratación de electricidad a plazo, lo que beneficiará sobre todo al tejido industrial. El Gobierno mantiene el proyecto para reformar la tarifa regulada (PVPC), a la que están abonados el 40% de los consumidores, para reducir su actual exposición directa a la volatilidad del mercado mayorista, que se pretende reducir al 10% con la incorporación de una cesta de otros indicadores. El ejecutivo también amplió las medidas de acompañamiento social, con la ampliación de los cuatro meses actuales a diez la prohibición de cortar el servicio eléctrico a los consumidores vulnerables, lo que se denomina suministro mínimo vital, que beneficia a un millón de hogares con bono social. En el caso de la factura de último recurso (TUR) del gas natural se limita el encarecimiento al 4,4% en el próximo trimestre y en el primero de 2022 cualquiera que sea el encarecimiento que experimente el combustible. A las empresas se les permitirá recuperar lo que ahora no facturen con un descenso más lento del precio cuando se abarate el gas a partir de la primavera.

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