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El precio de la luz se desboca en plena tensión entre las eléctricas y el Gobierno

El megavatio bate un nuevo récord y el Ejecutivo pide a Competencia que vigile que las comercializadoras aplican la rebaja que entra hoy en vigor

Una factura del consumo de luz Eduardo Parra - Europa Press

El precio de la electricidad sigue su escalada vertiginosa y hoy se pagará en el mercado español al por mayor a 188,18 euros por megavatio, un nuevo récord (el octavo este mes) que se produce en el mismo día en el que entra en vigor del real decreto-ley de medidas urgentes aprobado anteayer por el consejo de ministros para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, y que está enfrentando a las compañías energéticas y el ejecutivo. Para evitar que las eléctricas tengan las tentación de boicotear las medidas, el Ejecutivo ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile que las comercializadoras apliquen correctamente ese descuento a partir de su entrada en vigor. Se trata de evitar malas prácticas como las que el organismo regulador detectó tras la entrada en vigor de los tres tramos horarios de la factura en junio, cuando un “número reducido” de compañías aprovecharon para encarecer el término de energía en hasta un 30%.

Según el ejecutivo, la norma, publicada ayer en el “Boletín Oficial del Estado”, permitirá abaratar la electricidad el 22%, lo que sumado a las rebajas fiscales previas vigentes desde junio, deparará una minoración de la factura de la electricidad –afirma– del 30%. El compromiso del Gobierno es que el recibo eléctrico de los consumidores se sitúe a fin de año en niveles de 2018, a lo que habría que sumar la inflación acumulada: 0,7% en 2019, -0,32% en 2020 y 3,3% en lo que va de año. De cumplirse los pronósticos, el importe de un consumidor medio se situaría en 600 euros. El ejecutivo tiene en el Congreso dos proyectos de ley para reducir el coste para el consumidor en otro 13% a 15%.

Esta ofensiva gubernamental para contener el impacto en el recibo del consumidor del precio mayorista (el que fijan empresas generadoras y comercializadoras en sus cruces de oferta y demanda) se enfrenta sin embargo a una vorágine alcista de los precios internacionales del gas y del carbón –que no cesará antes de marzo, a juzgar por los contratos de futuro–, y el europeo de los derechos de emisión de dióxido de carbono.

El precio hoy en el mercado mayorista (15,6 euros más que ayer) oscilará, según franjas horarias, entre los 180 euros (entre las 4.00 y las 7.00 de la mañana) y los 198,85 euros, un precio nunca visto que regirá entre las 22.00 y las 23.00 horas.

La decisión del Gobierno de detraer 2.600 millones de los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas hasta el 31 de marzo para destinarlos a reducir la parte fija del recibo de los usuarios ha motivado un profundo malestar en la industria eléctrica, que estudia posibles recursos judiciales.

El Gobierno asegura que “el mecanismo de minoración” de beneficios “replica el sistema implantado entre 2007 y 2009 y que fue validado por el Tribunal de Justicia de la UE” y que “se han aumentado las garantías al incorporar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado“. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que es normal la reacción de las empresas porque tenían una expectativa de sobrebeneficios por el alza del gas y que ahora esa parte con la que no contaban se les reduce. No obstante, se mostró dispuesta al diálogo.

Ribera y Red Eléctrica (el operador del mercado) señalaron que las compañías no podrán cerrar unilateralmente sus centrales nucleares, una opción con la que amenazó anteayer la patronal nuclear, dado que todas las plantas de generación eléctrica precisan la autorización del Gobierno y de Red Eléctrica para cesar en su actividad, lo que debe supeditarse a la garantía de suministro. En este clima de desencuentros, la Bolsa siguió ayer penalizando a las tres grandes eléctricas con una merma de su valor de unos 5.500 millones.

El Gobierno español tomó las nuevas medidas para paliar la repercusión del precio mayorista en el recibo del cliente final (sobre todo, en la tarifa regulada o PVPC, que afecta al 40% de los consumidores españoles) al no poder modificar unilateralmente el sistema de formación de precios en el mercado al por mayor o “pool”, que se rige por un criterio marginalista (todas las energías se pagan al precio de la más cara) en virtud de la regulación europea. La escalada alcista de la electricidad está golpeando por ello a toda Europa y ayer Josep Borrell, alto representante exterior y vicepresidente de la UE, se mostró dispuesto a que se reconsidere el mecanismo: “La norma europea tienen que ser revisada porque tiene demasiadas disfunciones”, dijo.

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