Las grandes eléctricas defienden que la electricidad que se produce en España en centrales nucleares e hidroeléctricas no tiene ingresos extraordinarios, como dice el Gobierno, porque no se negocia en el mercado diario sino que se vende antes con contratos a plazo a precios inferiores a los que marca actualmente el denominado 'pool'. El Ejecutivo puso en marcha hace un semana un plan de choque para reducir el efecto del alza del precio del gas natural en los mercado internacionales en la factura de la luz de los consumidores recortando parte de los ingresos 'extra' que reciben, a su juicio, las centrales nucleares, hidráulicas y renovables.

Según fuente del sector, el ministerio parte de un cálculo erróneo en su propuesta porque multiplica toda la demanda eléctrica por el precio del mercado, cuando la realidad --según estas fuentes-- es que a pesar de que toda la energía que se vende pasa por el mercado diario para que luego el operador del mercado (OMIE) traslade ese programa a Red Eléctrica (algo que no ocurre en el resto de países) una parte de esa energía está vendida con anterioridad.

En concreto, según estas fuentes, de los 250 terabatios-hora que se producen en total en España, 56 son nucleares y 25 hidráulicos cuya venta se realizó "antes de que acabase el 2020 a los precios de entonces", entorno a entre 40 y 50 euros el megavatio-hora, lejos de los más de 150 euros que marca este miércoles. Lo mismo ocurre con parte de los ciclos combinados y las renovables, pero no con el carbón porque hay una parte de la generación que tienen que estar cuando hace falta, por ejemplo si ha llovido mucho o la demanda es alta.

El ministerio para la Transición Ecológica publicó esta semana una nota aclaratoria en la que advierte al operador del sistema (Red Eléctrica) que los generadores con contratos bilaterales fijados antes de la publicación del real decreto-ley quedan exentos de la reducción de sus ingresos por el alza del gas natural, sin embargo, se excluye de esta excepción a las sociedades pertenecientes al mismo grupos, es decir, a grandes compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy, verticalmente integradas. De hecho, de los 2.600 millones de recorte estimados por el Gobierno, cuatro quintas partes corresponden a Iberdrola y Endesa.

Las quejas de las eléctricas se topan, sin embargo, con la limitación legal de que no pueden recurrir esta decisión del Gobierno porque al tratarse de una norma con rango de ley solo puede ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional, bien por las comunidades autónomas o por los partidos políticos. La única salida que les quedaría sería la posibilidad de que Red Eléctrica abra un conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a partir de las liquidaciones del sector y en función de lo que dijese la Comisión sí se podría recurrir ante la Audiencia Nacional. Aunque se trata de un proceso largo que requiere la actuación del operador del sistema (REE) y la intervención de la CNMC.

Las compañías temen, además, que este recorte no sea algo temporal, sino que al sentar un precedente, el Gobierno pueda volver a poner en marcha estas medidas de forma recurrente en situaciones de estrés en los precios de la electricidad a partir del 31 de marzo, que es cuando finalizan. El sector cree que a partir de entonces los precios del gas todavía estarán por encima de los 20 euros el megavatio-hora que establece el Gobierno como precio a partir del cual retrae esos supuestos beneficios a las eléctricas. "El Gobierno si tiene este decreto ley en el cajón tendrá la tentación de sacarlo cuando en invierno los precios de la luz vuelvan a subir", explican las mismas fuentes.