La modificación del plan estratégico y de viabilidad de Duro Felguera por su nuevo equipo gestor ha obligado a aplazar por segunda vez el desembolso de los 80 millones de euros pendientes del rescate estatal de la compañía, que fue aprobado por el consejo de ministros el 30 de marzo por un importe de 120 millones, de los que 40 millones ya fueron satisfechos el 10 de mayo.
Los abogados del Estado consideraron por cautela jurídica que la modificación de algunos aspectos sustanciales del plan sobre el que se fundamentó la decisión del Gobierno obliga a que los cambios introducidos tengan que ser de nuevo aprobados por el consejo gestor del Fondo estatal de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE), la comisión de subsecretarios y el Consejo de Ministros. El proceso, que se pretende que se resuelva lo más rápido posible, podría consumir como máximo entre mes y medio y dos meses (hasta el 30 de noviembre). La compañía remitió la versión definitiva del documento a la Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI), brazo ejecutor de FASEE, hace una semana.
Fuentes de la Administración confirmaron que no hay ninguna duda sobre el rescate de Duro Felguera y que se trata de un mero proceso de trámite.
La entrega de los últimos 80 millones iba a producirse antes del 30 de junio, según lo previsto por el Gobierno, pero entonces se demoró a petición de la empresa durante tres meses para formular un nuevo plan de viabilidad.
La modificación más relevante introducida por el nuevo equipo gestor, que dirige Jaime Argüelles, es la renuncia a la venta de los derechos de cobro al fondo estadounidense Fortress, que era uno de los pilares del diseño financiero inicial en el que se fundamentó el rescate. El anterior equipo de Duro pretendía obtener por esta vía 40 millones de modo inmediato más un porcentaje de los beneficios futuros que obtuviera el fondo en el ejercicio de las diversas reclamaciones emprendidas por la ingeniería a clientes por diversas obras. La actual dirección considera que Duro podrá obtener una cuantía superior negociando directamente una a una sus reclamaciones. El nuevo plan también actualiza la fase de ejecución de los proyectos en marcha.
Hasta donde se ha podido saber en medios de la Administración, la revisión del plan de viabilidad realizado por la nueva dirección de Duro ha sido bien recibida y fuentes consultadas expresaron que los cambios “tienen sentido”, por lo que no se albergan incertidumbres sobre su aprobación por el Consejo de Ministros.
La selección de un inversor para que entre en el capital de Duro sigue su curso pero no ha condicionado la decisión porque la entrega de los 80 millones pendientes de desembolsar por el Gobierno no está ni ha estado supeditado a que entre ya un accionista de referencia. El compromiso es que se refuerce el accionariado pero cuando se considere que hay una solución óptima. Las conversaciones avanzan con varios candidatos (se sabe de tres inversores interesados) y hay acuerdos de confidencialidad ya firmados entre los aspirantes y la compañía.
Junto con el rescate estatal y la negociación de derechos de cobro por obras ejecutadas, el plan de salvamento de Duro se fundamenta en el acuerdo alcanzado con la banca acreedora para reestructurar la deuda financiera y liberar avales, lo que la compañía espera que se produzca con prontitud para culminar las gestiones avanzadas para acceder a nuevos contratos, en los que la compañía tiene buenas perspectivas.
El rescate de Duro por el Estado fue aprobado por un importe de 120 millones. De ellos, se entregaron 40 millones en mayo (20 como préstamo participativo y 20 como préstamo ordinario) y, de los 80 millones pendientes, 50 se abonarán como préstamo participativo y 30 como capital o préstamo participativo según entre ya o no un accionista privado.
