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Cincuenta testigos y peritos declararán en el juicio por fraude en los cursos de UGT

La vista oral constará de 16 sesiones que empezarán el martes con el testimonio de los seis acusados, encabezados por Justo Rodríguez Braga

Registro de la sede de UGT

Cincuenta testigos y peritos declararán durante las 16 jornadas que durará el juicio oral por el presunto fraude en las ayudas públicas para la formación de parados que recibía UGT de Asturias. Las sesiones comenzarán el próximo martes en la sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el Palacio de Valdecarnaza de Oviedo. En el banquillo de los acusados se sentarán seis dirigentes y trabajadores de UGT de Asturias y sus empresas vinculadas, encabezados por el ex secretario general del sindicato Justo Rodríguez Braga. Se les acusa de cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones. El fiscal y la acusación particular, ejercida por el Principado, piden penas individuales de hasta 10 años. La acusación popular, ejercida por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN), las eleva hasta 12 años y seis meses.

Los acusados.

Las declaraciones de los acusados centrarán las dos primeras sesiones del juicio. Además de Rodríguez Braga, están acusados Mónica Menéndez Vázquez, que fue secretaria de Administración de UGT Asturias y administradora y representante legal de Infastur, empresa del sindicato; Manuel Díaz Cancio, que fue secretario de Formación y secretario Ejecutivo de UGT Asturias y miembro del patronato de IFES, fundación del sindicato confederal; María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de las sociedades Formación 2020 y Localmur, participadas por el sindicato; Alberto González Castaño, técnico adscrito a la secretaria de Formación de UGT Asturias y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones que recibía, y Silvia Sariego Ferrero, que era la encargada de las mismas funciones en IFES. Además, también está acusada como persona jurídica UGT Asturias.

La trama, según la fiscalía.

Según el relato del ministerio público, los acusados, actuando concertadamente, llevaron a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones para formar parados concedidas a UGT Asturias e IFES entre los años 2010 y 2014. Con ello obtenían supuestos beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical. El desvío de fondos fue llevado a cabo, según la fiscalía, mediante diversos subterfugios para enmascarar los costes reales de ejecución de los cursos de formación por los que recibían las subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). Para ello se habrían servido de sociedades creadas o controladas por el sindicato y de empresas afines al mismo, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar los cursos. Según el ministerio público, de las sociedades Localmur, Formación 2020 e Infastur se sirvieron, a través de un sistema de facturación por horas en el alquiler de locales y aulas, para en cada curso impartido incrementar el precio de los alquileres, facturando un coste superior al valor de mercado. En los casos de alquileres de equipos didácticos, por parte de Formación 2020 e Infastur, facturaban por su uso sin que consten previamente adquiridos esos bienes por las entidades (vinculadas al sindicato) que los alquilaban. Asimismo, en las subvenciones concedidas a UGT Asturias se incluía en la justificación de los costes gastos de personal laboral del sindicato que no había tenido relación directa o indirecta en las acciones formativas objeto de las subvenciones para formar desempleados.

El dinero defraudado.

Los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cifraban en 1.462.666 euros el dinero supuestamente desviado, pero hay que tener en cuenta que para la consideración de fraude en subvención se debe superar los 120.000 euros por convocatoria. En el caso de las subvenciones concedidas a IFES eso ocurrió en los planes de 2010 (231.466 euros) y 2011 (330.179 euros). Respecto a las concedidas a UGT ocurrió en los planes de 2010 (238.247 euros), 2011 (254.521 euros) y 2012 (122.028 euros). Por lo tanto el dinero total presuntamente defraudado sería 1.176.443 euros.

Los testigos.

En las sesiones del juicio de los días 8, 14, 15, 19, 26, 28 y 29 declararán 41 testigos. Entre ellos figuran tres agentes de la Guardia Civil, al menos uno ellos adscrito a la Unidad Central Operativa (UCO), que fue la encargada del espectacular registro de la sede de UGT de Asturias. Entre el resto de testigos figuran dirigentes de UGT Asturias e IFES; trabajadores y ex trabajadores de UGT de Asturias (desde abogados de los servicios jurídicos a administrativos), IFES, Infastur, Localmur y Formación 2020; empresarios, y profesores de cursos de formación, entre otros. Varios de estos testigos ya prestaron testimonio en la comisión de investigación celebrada en la Junta General del Principado de Asturias para analizar la gestión de los fondos destinados a cursos de formación.

Los peritos.

En las sesiones del juicio de los días 2, 4, 5 y 9 de noviembre declararán un total de nueve peritos y testigos-perito. Entre ellos se encuentran los últimos directores gerentes del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: Pilar Varela Díaz (que ostenta el cargo), Luisa Pérez Ramos y José Luis Álvarez Alonso. También declararán, entre otros, Antonio de Luis Acebedo, director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), y María José Mora de la Viña, interventora y auditora del Estado que actualmente es la delegada especial de Economía y Hacienda en Asturias del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Las defensas presentaron durante la instrucción varios informes de expertos independientes sobre el cumplimiento de subvenciones para la formación. Los autores de esos informes también declararán como peritos. Entre ellos Félix Fernández Rodríguez, economista y auditor de cuentas, y Ricardo Queralt Sánchez de las Matas, profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef).

El calendario.

El juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo estableció que las sesiones del juicio oral comenzarán el próximo martes 5 de octubre y se prolongarán hasta 12 de noviembre. Serán un total de 16 jornadas. La investigación del caso se inició en diciembre de 2014.

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