"La espera se ha hecho muy larga, tenía ganas de que esto empezara", señaló Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT de Asturias a la entrada del juicio por presunto fraude en las ayudas para la formación que recibió el sindicato. "Siempre hemos dicho que colaboraríamos con la justicia", señaló Rodríguez.
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de prisión que suman más de 40 años para seis dirigentes y trabajadores de UGT de Asturias y de empresas vinculadas al sindicato acusados de un presunto fraude en la gestión de los cursos de formación. El juicio comenzará hoy en el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo con la declaración de los acusados. La vista oral constará de 16 sesiones en las que declararán 50 testigos y peritos.
El escrito del fiscal evidencia que el entonces secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una “actuación concertada” para desviar “de forma sistemática” los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones “beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical”. Para llevar a cabo esta “operativa fraudulenta”, contaron con la “necesaria colaboración” del entonces Delegado Territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES –Alberto González y Silvia Sariego respectivamente–. Contaban además con la “cooperación o auxilio” de María Jesús Ocaña, la administradora única de las empresas Formación 2020 y Localmur, participadas por UGT e IFES.
Según el fiscal, los importes defraudados se destinaban, entre otras, al sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, en especial costes de su personal laboral. Otra parte se orientó a capitalizar una sociedad vinculada del sindicato para cubrir pérdidas generadas en otras actividades llevadas a cabo por UGT Asturias, como una promoción inmobiliaria en La Felguera.
Para el exsecretario general de UGT la Fiscalía pide 10 años de cárcel, al igual que para Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para María Jesús Ocaña, la petición total asciende a seis años y cinco meses; y para Alberto González y Silvia Sariego supone una petición de cuatro años de prisión. Además propone multas que superan, en su conjunto, los cinco millones de euros.
