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En Asturias hay 7.500 propietarios que tienen más de diez inmuebles

El Gobierno fija en una decena de propiedades el límite para controlar el precio del alquiler, norma que el PP no aplicará donde gobierna

Shutterstock

La nueva ley de vivienda que va a impulsar el Gobierno de coalición tras el acuerdo que han alcanzado los dos partidos que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, ha puesto el foco de atención en los propietarios que tienen más de diez inmuebles a su nombre. Será en estos casos en los que se podrá actuar para controlar el precio al que los dueños arriendan sus viviendas. En Asturias esa medida podría afectar a 7.500 propietarios, que son los que tienen más de diez inmuebles urbanos: la mayor parte (6.457) de ellos tienen entre 11 y 25; otros 625 poseen entre 26 y 50; y con más de 50 existen otros 405 propietarios.

Lo cierto es que el anuncio del Ejecutivo habla de que sólo se actuará para controlar los precios en las que se ha dado en llamar como zonas de mercados “tensionadas”, es decir, en núcleos en los que los precios se han disparado. Además, va a depender de cada comunidad autónoma determinar cuándo una zona tiene el “mercado tensionado”. En los casos en los que se establezcan esas zonas, las autonomías podrán obligar a los propietarios de más de diez inmuebles a rebajar los precios del alquiler en consonancia con los índices de referencia establecidos por el Ministerio de Vivienda.

En el caso de los pequeños propietarios (hasta diez inmuebles), la intención es que se congelen los precios en esas zonas tensionadas y poner en marcha incentivos fiscales para provocar la bajada del precio de las rentas que se cobran en concepto de alquiler. Estas bonificaciones oscilarían entre el 60% y el 90% de los rendimientos obtenidos por el alquiler.

Otro de los objetivos que persigue la nueva ley de vivienda, a la que aún tiene una larga tramitación por delante, es gravar las viviendas vacías para que sus propietarios se decidan a alquilarlas. La intención es que las viviendas deshabitadas estén sujetas, sean propiedad de una persona física o jurídica que tenga más de cuatro inmuebles, a un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podría alcanzar hasta el 150%. Esta medida será aplicada por los ayuntamientos y, por lo tanto, será su decisión reclamar estos recargos o no hacerlo.

El PP anunció ayer que en las comunidades y en los ayuntamientos en los que gobiernan no se adoptarán estas medidas y que, en el caso de que lleguen al Gobierno, derogarán esta ley.

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