UGT Asturias como entidad jurídica y cuatro exresponsables y trabajadores del sindicato procesados a título personal por un supuesto fraude de 1,4 millones en los cursos de formación entre 2010 y 2014 negaron ayer ante el tribunal la desviación de fondos públicos para otros fines del sindicato que les atribuye el fiscal y la acusación popular, y reiteraron en las sucesivas intervenciones que el sistema estaba sometido no sólo a controles internos sino también a una rigurosa y exhaustiva inspección y supervisión fiscalizadora por la intervención general de la comunidad autónoma, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y auditorías externas como la de una empresa contratada por el Gobierno regional para hacer el seguimiento. “El Principado nunca puso reparos ni requerimientos graves, aunque el seguimiento era estrecho y, a la menor duda, se nos recababan aclaraciones y más documentación. Hubo hasta tres inspecciones por curso”, dijeron varios de los procesados. “Siempre lo hemos hecho igual y nadie nos dijo que lo estuviésemos haciendo mal”, agregaron.
La mención a la inspección puntillosa que realizaba el Principado sobre el correcto uso de los recursos públicos fue común en los casos de Abel Suárez, secretario de Organización de UGT Asturias y que está personado en representación de la entidad jurídica –que es la que está imputada–, así como los procesados Mónica Menéndez Vázquez, entonces secretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, que era secretario de formación de UGT y miembro del patronato de IFES; y Alberto González Castaño, técnico que estaba adscrito a la secretaría de formación de UGT Asturias y encargado del control y justificación de las ayudas públicas.
En sus respectivos interrogatorios, Menéndez Vázquez y Díaz Cancio trataron de evidenciar la incongruencia de la acusación de supuesta malversación esgrimiendo que si el sindicato hubiese tenido ánimo de defraudar no hubiese renunciado a más de 400.000 euros en 2010 y otros tantos en 2011 concedidos para cursos de formación que desistió de impartir porque no tenía la plena certeza de que fuese a alcanzar la calidad formativa que se exigía en UGT.
Gastos asociados. Todos los representantes del sindicato interrogados justificaron que entre los gastos asociados a la impartición de los cursos se hubiese computado una parte de los salarios de un grupo de doce trabajadores de la organización sindical repartidos por el territorio. “Sin ellos, no se hubiesen podido impartir los cursos porque era preciso movilizar a la organización y porque para impartir cursos a 2.000 personas había que atender consultas y llevar información a 15.000”. Los declarantes testimoniaron sobre las funciones concretas que realizaban esos empleados en el ámbito de la formación y señalaron que en cada acción formativa “se justificaba uno a uno los costes directos e indirectos” y que ningún organismo supervisor alertó de que esa atribución fuese incorrecta. González Castaño comentó que “aunque es imposible saber cuánto tiempo preciso dedica cada persona a una función determinada, se hacía una estimación”. “Nuestra prioridad era la calidad de la formación, no financiarnos”, dijeron.
Defensa. La defensa de UGT se interesó en desacreditar uno de los documentos que obran en autos y que carece de firma y de otros requisitos identificativos, así como en cuestionar la acusación analizando, a modo de ejemplo, la subvención recibida por el sindicato en 2012. Frente a la tesis atribuida a la acusación según la cual la subvención a la que se tenía derecho para siete cursos de formación hubiese sido de 1.320 euros y no los 47.000 recibidos, con lo que habría habido un fraude de unos 46.500 en esas operaciones, el representante del sindicato replicó que 1.320 euros “no llega ni para cubrir la limpieza de los locales” en los que se impartieron.
La acusación indagó en las relaciones entre UGT Asturias, dueña del 100% de Infastur SL, y la organización confederal de UGT, titular de participaciones directas e indirectas en otras dos sociedades y entidades involucradas en los cursos impartidos por UGT en el Principado: la Fundación IFES (100% de UGT Confederal), Formación 2020 (95% de IFES y 5% de UGT Confederal) y Localmur (80% de Formación 2020 y 20% de IFES).
Abel Suárez sostuvo que, de tales entidades, el proveedor único conocido por UGT Asturias siempre fue IFES, para cuya subcontratación (hasta un máximo del 55% de los cursos impartidos) tenía autorización del Principado. UGT Asturias, señaló, contrató con otros mucho proveedores y la relación con Localmur y Formación 2020 aunque éstas tenían vinculación con IFES) fue inexistente. Los procesados en representación de UGT y la única que lo está por Localmur y Formación 2020 (la administradora única de ambas sociedades, María Jesús Ocaña Clemente) coincidieron en afirmar que no se conocían hasta que coincidieron anteayer ante el tribunal.
Ocaña negó “concierto para delinquir”, sostuvo que las dos sociedades que dirigía (luego fusionadas) facturaban “a precios de mercado” a IFES y que no tenían relación con UGT. Formación 2020 tenía 1.000 clientes, a todos los cuales aplicaba las mismas tarifas, señaló. Estas sociedades aportaban locales y equipamiento informático y de otro tipo para la impartición de los cursos. “No hemos pagado nóminas ni locales de UGT”, sostuvo.
Parte del interrogatorio del ministerio público giró sobre los arrendamientos y subarrendamientos de varios locales en Oviedo, así como otros en Gijón, Navia, Llanes y Piedras Blancas, y la adquisición de otro en La Felguera.
Díaz Cancio, que estaba en UGT Asturias y era uno de los 30 miembros del patronato de la Fundación IFES a título particular, negó cualquier control de IFES por UGT Asturias (“IFES dependía de la estructura estatal y UGT Asturias es de ámbito autonómico”) y si se recurrió a Andrés de Dios (ex delegado territorial de FIE, ya fallecido) fue, indicó, porque “aunque no era de UGT, sabía mucho de formación”.
Silvia Sariego Ferrero, encargada de las subvenciones en la delegación regional de IFES, y también procesada, matizó algunas de las manifestaciones que realizó durante los interrogatorios que le practicaron la Guardia Civil y el juez instructor, y que obran en autos, por haber comparecido, afirmó, cansada y sin haber tomado el tratamiento médico que precisaba, e indicó que algunas afirmaciones que hizo entonces eran opiniones y no constataciones.
