La Comisión Europea está dispuesta, tal y como reclama el Gobierno de Pedro Sánchez, a explorar la opción de “compras conjuntas voluntarias” de gas a nivel europeo, como en la crisis del covid-19 con las vacunas, revisar la regulación para mejorar la capacidad de almacenamiento de gas en la UE e incluso estudiar el funcionamiento del mercado de la electricidad. Sin embargo, en lo inmediato, a corto plazo, la única respuesta para frenar la escalada de los precios de la luz pasa por las medidas que ya existen y que los gobiernos pueden adoptar a nivel nacional como una rebaja de impuestos y tasas a los hogares más vulnerables, ayudas selectivas a empresas, aplazamientos temporales en los pagos, facilitar el acceso a renovables en los acuerdos de compra y más vigilancia sobre el mercado energético. 

Así figura en la comunicación presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario de cara al debate que mantendrán los jefes de estado y de gobiernos de la UE en el Consejo Europeo del 21 y 22 de octubre. El documento, que responde a la campaña de presión lanzada por España, Francia, Italia y otros países para rebajar de forma inmediata la factura de la luz, se limita a enumerar el listado de instrumentos que los Estados miembros pueden utilizar a corto plazo para amortiguar el golpe de una subida de precios que, según el diagnóstico de Bruselas, es “global “y “temporal” y que previsiblemente terminará la próxima primavera con una estabilización de los precios del gas. 

“Es probable que los precios al por mayor del gas se mantengan elevados durante los meses de invierno y caigan a partir del mes de abril”, señala el análisis que achaca el aumento de precios básicamente al incremento de la demanda a nivel mundial -particularmente de Asia- derivada de la recuperación económica, al menor suministro de gas procedente de Rusia y en menor medida al aumento de los precios del carbono. La “caja de herramientas” incluye, sin embargo, pocas novedades y no entra de momento en las soluciones planteadas por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera a principios de septiembre para hacer frente a una situación "excepcional" que requiere, según el Gobierno, de medidas excepcionales.

 “Las propuestas que recoge el papel no dejan de ser manifiestamente incongruentes. Son propuestas que se pueden aplicar y es interesante que haya un recopilatorio de todas ellas pero no abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos, con medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos por delante”, ha lamentado Ribera insistiendo en la necesidad de lograr que el precio del gas no contamine al de la electricidad. “Esta situación de tensión en la oferta y demanda internacional de gas puede mantenerse todavía algún tiempo y sería una pena que Europa no esté a la altura de las circunstancias, intentando corregir, cortar, esa hemorragia que se produciría en el conjunto de la economía europea si no se reaccionara” ha avisado.

Ayudas y rebaja de impuestos

A corto plazo, Bruselas sugiere a los Estados miembros que concedan ayudas directas a los hogares en riesgo de pobreza energética y que reduzcan los tipos impositivos de impuestos como el IVA. Además, plantea aplazamientos temporales en los pagos, la prohibición de cortar la luz o la concesión de cheques de emergencia que, según recuerda la Comisión, pueden financiarse en parte con los ingresos del sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS), que entre agosto de 2020 y de 2021 permitió recaudar a los Estados miembros 26.300 millones de euros.

Bruselas reconoce en todo caso que en el futuro los precios del gas se situarán en niveles superiores a los del pasado y que hay que sacar lecciones de esta crisis. Y es en este punto, con la vista puesta al medio plazo, es cuando abre la puerta a estudiar algunas de las opciones planteadas por Madrid, París y otras capitales europeas. “La UE debería considerar medidas que, sin tener un impacto inmediato en la situación actual, fortalecerán la preparación ante posibles choques de precios futuros, aumentarán la integración y la resiliencia del mercado, empoderarán a los consumidores, mejorarán el acceso a energía asequible y reducirán la dependencia de combustibles fósiles volátiles”, señala el documento. 

Revisión del mercado del gas

Los 27 disponen actualmente de una capacidad de almacenamiento de gas de más del 20% de lo que consumen anualmente -el nivel de almacenamiento actual se sitúa en el 75%, ligeramente por debajo del 90% de la última década- aunque no todos los Estados miembros disponen de instalaciones ni obligaciones al respeto. Bruselas aboga por revisar la situación en diciembre y abre la puerta a explorar “los posibles beneficios de la compra conjunta de reservas de gas” por parte de los reguladores o las autoridades nacionales para permitir a los Estados miembros que lo deseen aunar fuerzas y crear reservas estratégicas, una de las reclamación de España aunque países como Bélgica ya han mostrado públicamente sus reticencias. La participación en el sistema de compra conjunta, señalan, sería voluntaria y el sistema no debería entrar en el funcionamiento del mercado interior de la energía.

La Comisión Europea también abre la puerta a solicitar al regulador europeo que evalúe los beneficios e inconvenientes del mercado eléctrico europeo actual para responder a situaciones de volatilidad extrema de precios en los mercados del gas y reducir al mínimo crisis como la actual. Sin embargo, subraya que “hay un consenso generalizado” en que el sistema marginalista de precios “es el más eficiente” para los mercados de electricidad liberalizados y el “más adecuado para fomentar un comercio de electricidad eficaz” entre los Estados miembros en el mercado mayorista porque además promueve “la integración de energías renovables que bajan los precios gracias a sus costes operativos nulos”.