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Miles de comunidades de vecinos asturianas deben modificar ya su sistema de calefacción

Las empresas alertan de que están agotándose los plazos para presupuestar la instalación obligatoria de contadores individuales

Miles de comunidades de vecinos asturianas tendrán que modificar sus calefacciones centrales para instalar contadores individuales. Uno en cada vivienda. Y el tiempo apremia. De hecho, buena parte de ellas deberían haber solicitado ya presupuesto para saber a cuánto asciende el coste de los trabajos y muchas comunidades tendrían que estar además ejecutando el cambio.

La mudanza de estas calefacciones, de un sistema central a uno individual, viene regulada en un decreto del Gobierno cuyo objetivo es que los consumidores ahorren en su gasto energético y, por lo tanto, también recorten sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. En principio, los vecinos tendrán que afrontar una inversión que puede llegar hasta los 1.200 euros, para ahorrar un 40% en la factura de la luz de forma anual. Un alivio para el bolsillo con los precios actuales del megavatio. Los más afectados serán los edificios con mayor antigüedad, que en Asturias se cuentan por miles.

Luis Nevares, presidente de la Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines del Principado de Asturias (Afoncasa), desgrana el decreto y asegura que “las comunidades de vecinos con sistemas de calefacción deben individualizar sus consumos. Siempre que sea posible tienen que solicitar un presupuesto entre el uno de febrero de 2021 y el uno de febrero de 2022”. Aunque las fechas son estimativas y varían en función de los municipios y del número de viviendas que formen parte de la comunidad de vecinos.

El decreto del Gobierno divide el mapa de Asturias en tres zonas, en función de sus necesidades energéticas. El gran grueso de la región está dentro de la denominada “zona D” –de la que forman parte, por ejemplo, Oviedo, Siero, los municipios de las Cuencas y otros del centro de la región–, cuyas comunidades de vecinos más grandes (las formadas por más de veinte viviendas) deberían haber solicitado ya un presupuesto para las obras. Las más pequeñas aún tienen hasta el 1 de diciembre. Algo más laxos son los plazos para los concejos englobados dentro de la conocida como “zona C”, en la que estám Gijón, Avilés y la mayor parte de los municipios bañados por el Cantábrico, donde las comunidades de menos de veinte viviendas tienen hasta el día 1 de febrero de 2022 para solicitar presupuestos. Las grandes tienen que hacerlo antes del 1 de diciembre.

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El decreto que regula este cambio se sustenta sobre dos pilares, explica Nevares. El primero es “el derecho de los consumidores a recibir información sobre sus consumos energéticos”. Y el otro es “el derecho a que la facturación de ese gasto se realice de acuerdo con el consumo energético real”. Es la vía, sostienen los instaladores, para que los equipos que regulan la temperatura dentro de las viviendas sean mucho más eficientes. Nevares insiste en que no hay que ver este cambio como un gasto, sino como una inversión a futuro, porque los hogares podrán tener un mayor control sobre sus facturas. “Todo esto repercutirá en un ahorro de entre el 25% y el 40% anual en combustible. Se conseguirá además mayor confort del usuario, por lo tanto, tenemos que verlo como una inversión”, apostilla.

Como el negocio es goloso, por la cantidad de trabajo que generará, el Gobierno ha intentado meter mano para que no se cuelen “chapuzas”. Por eso, estos trabajos solo pueden encargarse a compañías que estén inscritas en un registro habilitado por el Ejecutivo. La duración de las obras necesarias es variable, aunque suele moverse entre el mes y medio y los dos meses, apunta Luis Nevares. El límite para que los trabajos estén acabados está fijado para el día 1 de mayo de 2021.

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