Unicaja Banco (resultante de la fusión de esta entidad malagueña y la asturiana Liberbank) propuso ayer a los sindicatos que el ajuste laboral de 1.513 trabajadores (1.005 en oficinas y 508 en servicios centrales) mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) sea preferentemente de adscripción voluntaria y forzosa si no cubriera el número de bajas previsto. El banco plantea una combinación de prejubilaciones y rescisiones de contratos, y ofrece un programa de recolocaciones. Los sindicatos consideraron inaceptables las condiciones ofrecidas.
La entidad, quinto banco español por tamaño, excluye del ERE a los trabajadores de entre 50 y 56 años. Para los mayores de 63 años ofrece indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un importe máximo equivalente a doce mensualidades. Y para los menores de 50 años plantea 26 días por año de antigüedad con un tope de 18 meses. A las prejubilaciones podrán acogerse los empleados de entre 59 y 63 años (se propone el 52% del salario fijo bruto hasta cumplir los 63 años más un convenio con la Seguridad Social) y los que tengan entre 57 y 58 años, a los que el banco ofrece el 50% del salario fijo bruto hasta los 62 años más el convenio con la Seguridad Social.
En el caso de la movilidad geográfica, el banco propone compensaciones cuando los desplazamientos superen los 90 kilómetros de radio desde el centro de trabajo actual. Entre 91 y 150 kilómetros se ofrece una compensación de 3.000 euros; de 6.000 entre 151 y 300 kilómetros, y una ayuda de 700 euros durante doce meses si el alejamiento supera los 300 kilómetros. En caso de rechazo al cambio de centro de trabajo se produciría un despido con una indemnización de 20 días por año trabajado.
En cuanto a la armonización de las condiciones laborales de los trabajadores procedentes de Unicaja y de los que provienen de Liberbank la entidad dijo que está evaluando los costes para converger en el modelo de Unicaja y reiteró que la confluencia debe tener coste cero. También planteó potenciar la figura del gestor remoto con un horario similar al de los actuales centros API, que atienden a asociaciones de promotores inmobiliarios.
Los sindicatos rechazaron las medidas. CC OO dijo que las condiciones son “totalmente inaceptables” y “deplorables” y señala que pueden abocar a “un periodo de conflictividad”, rechaza la “forzosidad”, demanda “minimizar la movilidad” y cuestiona que se pretenda una armonización “a coste cero”. Cesica tachó de “cicateras” y “no aceptables” las propuestas y habló de “compensaciones irrisorias”. UGT, SUMA-T y CSIF rechazan el planteamiento hecho por el banco y le exigen más información.
