El recorte a las compañías eléctricas de los llamados “beneficios caídos del cielo”, que fue aprobado por el Gobierno el 14 de septiembre por un importe estimado de 2.600 millones, no será aplicado a aquellos contratos con la industria en los que las empresas energéticas no repercutan a sus clientes el actual encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista y mantengan o amplíen los contratos bilaterales. Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros en un nuevo paquete de medidas urgentes para contener el impacto de la carestía de la electricidad en la industria y las personas vulnerables, así como el efecto sobre el precio de la luz del intenso encarecimiento del gas natural en los últimos meses.
La matización por el Gobierno de su real decreto ley de septiembre se produce después de que varias energéticas hubiesen anunciado que, de aplicárseles el recorte (que consideraron como un impuesto), tendrían que repercutirlo en sus clientes, lo que dio lugar a anuncios de paradas fabriles y otras medidas reorganizativas por parte de algunas industrias para contener lo costes energéticos.
La decisión de ayer (que ya había sido avanzada por el presidente Sánchez) trata de frenar ese movimiento y de favorecer los contratos bilaterales a precio convenido entre el sector eléctrico y la industria al margen de las tensiones y la volatilidad del “pool” o mercado mayorista.
Para ello se exime de la minoración de los “beneficios extraordinarios” por el alza del precio de la electricidad a la energía producida por instalaciones de generación cubiertas por algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes de la promulgación del real decreto ley de septiembre o, si se firma posteriormente, cuando tenga una cobertura superior a un año.
Las eléctricas habían negado que el alza del precio de la electricidad por el encarecimiento del gas natural y del CO2 estuviese generando “beneficios caídos del cielo” en las plantas que no soportan ese doble coste porque en muchos casos era una energía, afirmaron, que ya había sido vendida a grandes empresas a precios pactados con anterioridad mediante contratos bilaterales más baratos.
Medidas sociales. El Gobierno aprobó también ayer la ampliación de los descuentos en la tarifa regulada (PVPC) a la población vulnerable mediante el bono social eléctrico, que conllevará una rebaja de precios desde diciembre y hasta el 31 de marzo del 60% (en vez del 25%) en el caso de consumidores vulnerables y del 70% (frente al 40% actual) para los muy vulnerables. Los perceptores del bono social eléctrico –cerca de 28.000 en Asturias– recibirán a su vez el bono social térmico, que verá incrementado el importe mínimo desde los 25 euros actuales a 35, y que podrá alcanzar los 124 euros en función de la zona climática en la que se resida. La ayuda (cuyo importe medio se estima en 90 euros) será mayor en las zonas frías que en las cálidas. Para este fin, el Gobierno ha dotado 100 millones adicionales (hasta los 205,5 millones). El bono térmico se hará efectivo mediante un cheque que remitirá la comunidad autónoma. El ejecutivo también aprobó la ampliación del llamado “escudo social, que impide cortar los suministros de agua, luz y gas a la población vulnerable, suspende los desahucios y garantiza la moratoria y condonación de alquileres
Dificultades en la UE. España encontró ayer resistencias en los países nórdicos y bálticos a su petición para abandonar temporalmente el sistema marginalista europeo de formación de precios invocando el “aislamiento” energético de la Península. La UE sigue estudiando otras propuestas españolas, como la compra comunitaria de gas natural y el control de la especulación en el CO2, aunque con reticencias sobre su eficacia.
Las medidas
- Industria. La electricidad suministrada a las empresas mediante contratos bilaterales que mantengan precios no sufrirá la “minoración” temporal de beneficios extraordinarios que el Gobierno aprobó en septiembre.
- Consumidores. Los clientes vulnerables verán reforzados los descuentos en su tarifa regulada o PVPC con un incremento del llamado bono social eléctrico. También aumenta el bono social térmico, para el que se dotan 100 millones adicionales, y que será mayor en zonas frías.
