La sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el sistema de cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida como plusvalía, abre la puerta a que “miles de asturianos” puedan recuperar dinero.
A falta de conocer el texto del fallo, y a partir del avance que ha lanzado el Tribunal Constitucional, los expertos coinciden en que la sentencia afecta a todas aquellas operaciones de compraventa, sucesión o donación de viviendas que se firmen a partir de ahora y, de cara a recuperar dinero, a aquellas liquidaciones del impuesto que estén recurridas por la vía administrativa o judicial. También aquellas que estén en plazo de reclamación o rectificación. Una vez presentada la declaración y recibida la liquidación del Ayuntamiento, el plazo de reclamación es de solo un mes, pero en el caso de las autoliquidaciones hay hasta cuatro años para rectificarlas y, además, según fuentes de la Consejería de Hacienda –que gestiona la recaudación de 51 ayuntamientos asturianos a través del ente de Servicios Tributarios– el número de autoliquidaciones ya supera al de declaraciones.
“En Asturias hay muchas plusvalías recurridas y muchas autoliquidaciones, por lo tanto estamos hablando con seguridad de miles de expedientes afectados por la sentencia”, apuntó Jesús Gutiérrez-Tuya, delegado en Asturias de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
En el caso de cerrarse ahora una compraventa de vivienda, los expertos consideran que no se tendría que pagar plusvalía. “El fallo anunciado anula tres apartados del artículo que determina la base imponible del impuesto y, con que se anule ese artículo se anula todo el impuesto. Sin una base para calcular, los ayuntamientos no van a poder liquidar”, apuntó Salvador Almudéver, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) . El abogado Eduardo Triviño, especialista en Derecho bancario y Consumo, coincide en que, en este contexto, por ahora “no se debe de presentar liquidación alguna y, si fuera la administración la que la presentara, se debe de paralizar porque se basa en una norma que va a ser anulada”.
Gran incertidumbre en los ayuntamientos, que quedan con los presupuestos en el aire
El fallo del Constitucional sobre el impuesto de la plusvalía amenaza con abrir una vía de agua en las arcas de los ayuntamientos asturianos y, de momento, genera mucha incertidumbre en un momento en el que las administraciones locales preparan los presupuestos del próximo año. Desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se afirmó que esperarán a conocer el texto de la sentencia para hacer una valoración, pero se reconoció que hay “mucha incertidumbre” en los ayuntamientos de cara a elaborar los presupuestos de 2022 ya que no se puede hacer una estimación de ingresos.
En el Ayuntamiento de Oviedo ya estaban elaborando las cuentas del próximo año y dan por hecho que tendrán que volver a la casilla de salida porque consideran que la decisión del Tribunal Constitucional borra ocho millones de euros de la ecuación. Javier Cuesta, concejal de Economía, destacó que el tributo de plusvalía es la tercera fuente de financiación municipal y es, además, un ingreso corriente. Con él se financian los gastos del mismo tipo: nóminas, servicios (contratas) y transferencias, algunos de los puntos más complejos para recortar. Para cuadrar el presupuesto ovetense, el Consistorio deberá renunciar a dar ciertos servicios, no vale con reducir la inversión, y la Ley impide financiar los gastos corrientes con deuda. Esto, argumenta, es “otro palo más del gobierno de España a los ayuntamientos”. El edil cree difícil que el Gobierno habilite un fondo de compensación para los consistorios que, calcula, debería rondar los 2.500 millones de euros. Cuesta también aprovecha la coyuntura para reclamar el “prometido” fondo contra el covid que, dice, las administraciones locales llevan esperando ya un año y medio.
La concejala de Hacienda de Gijón, la socialista Marina Pineda, alertó de que “si el detalle de la sentencia confirma que se anula por completo la plusvalía, tendremos que reformar todo el proyecto de presupuestos para 2022, ya presentado, y se nos pondrá muy difícil cumplir las reglas de estabilidad”. Según precisó, en el caso gijonés la merma de ingresos sería de doce millones, “una cantidad muy importante y que nos desequilibraría totalmente el presupuesto”. “Necesitamos una solución urgente y esperamos que el Gobierno central dicte una norma para mantener la previsión de ingresos, estableciendo cuanto antes otro método de cálculo”, señaló Pineda.
