La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado incluir en el caso que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato los delitos fiscales supuestamente cometidos en el ejercicio 2005, y que se corrija la cuantía defraudada en los ejercicios de 2010 y 2011, que el juez cifró en una cantidad menor.

En dos autos conocidos ayer, la Audiencia estima parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de procesamiento dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal, y obliga a éste a considerar que en 2010 y 2011 “se superó la cuantía de los 120.000 euros defraudada”, constitutiva de delito. Asimismo, admite los recursos de varios implicados, entre ellos el del exdirector de Comunicación Externa de Bankia y el de una de sus empleadas, respecto a los que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial, ya que fueron “figuras subalternas o subordinadas, con una actuación difusa e imprecisa”.

Según los magistrados, la pretensión del Ministerio Fiscal “lleva a incluir en los delitos contra la Hacienda Pública el ejercicio de 2005, y a considerar que también en los de 2010 y 2011 se superó la cuantía de 120.000 euros de cuota defraudada que, sin embargo, el juez cifraba, siguiendo los criterios de la ONIF (Oficina Antifraude dependiente del fisco) en algo menos”. La sala apunta que “inmersos en la investigación de un complejo entramado que durante numerosos años se habría, supuestamente, ocupado de ocultar al fisco bolsas patrimoniales deslocalizadas en el extranjero, con incrementos patrimoniales no justificados”, procede dar la razón a Anticorrupción. De no hacerlo, “tendríamos la incoherencia de que se ha abierto juicio oral por once delitos contra la Hacienda Pública, sin que el relato de los hechos recoja correctamente el soporte de dicha acusación”, tanto en el incremento de bases y cuotas defraudadas, como en las operaciones de blanqueo y en las “ilícitas” comisiones de la corrupción en los negocios.