El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos tiene atados apoyos suficientes para sacar adelante la primera parte de su reforma de las pensiones, como se puso de manifiesto este lunes en el debate y votación de la norma en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. Los votos de las dos formaciones del Ejecutivo, sumados a los de ERC, PNV y Compromís, aseguran la mayoría requerida para que en la cámara baja ratifique en los próximos días un primer paquete de cambios que se caracteriza por desactivar aspectos sustanciales de la anterior reforma del PP (el mecanismo de revalorización y el llamado factor de sostenibilidad) y por incorporar ajustes de baja intensidad, sin impacto significativo a la baja en la generosidad del sistema y tampoco en sus costes presentes y futuros. Presumiblemente, los cambios con mayor enjundia económica formarán parte de una segunda parte de la reforma que, asociada a los compromisos adquiridos por España con la UE a cambio de los nuevos fondos europeos (Next Generation EU), se abordará durante 2022.
El Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá ha llegado al trámite parlamentario de la reforma de las pensiones llevando bajo el brazo un acuerdo con los agentes sociales –salvo con la patronal CEOE en lo tocante a la subida de las cotizaciones– y ha recurrido a una tramitación exprés, de forma que, tras el debate y al votación de hoy, el texto de la “Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” pasará de forma rauda al Pleno del Congreso y de ahí al Senado. El estrecho margen para el debate que conlleva ese procedimiento ha suscitado quejas de los grupos de la oposición e incomodidades también entre algunos de los socios parlamentarios del Gobierno. No obstante, este último tiene asegurados apoyos suficientes para esta parte de la reforma, un texto “light” si se compara con los cambios aprobados en 2011, con el PSOE en el Gobierno (aumento de la edad de jubilación y del período de cómputo de la pensión, entre otros), y en 2013, con el PP (revalorización desconectada de la inflación y otro mecanismo que, desde 2013, iba a ajustar a la baja las nuevas pensiones vinculándolas a las variaciones en la esperanza de vida).
El primer capítulo de la “reforma Escrivá” desmonta esos dos capítulos de la ley del PP: la revalorización vuelve a estar ligada normativamente a la inflación y el conocido como “factor de sostenibilidad” se sustituye por una subida de las cotizaciones sociales durante diez años (0,6 puntos a partir de 2023) con el que se pretenden amortiguar los sobrecostes asociados a las pensiones de la generación del “baby boom” (los nacidos a partir de 1960, unos 200.000 trabajadores en Asturias).
Garantizada la vía libre parlamentaria para una primera tanda de cambios en las pensiones, quedan sobre la mesa para 2022 otros cruciales, particularmente la posibilidad de una ampliación (de 25 a 35 años) del período de vida laboral que se usa para calcular la pensión o el nuevo sistema de cotización de los autónomos (variable según los ingresos reales).
La opción de volver a tocar la edad de jubilación no está en la agenda del Gobierno. El Círculo de Empresarios ha defendido hoy esa vía al proponer llevar el retiro a los 70 años, con incentivos para llegar a los 72 y penalizaciones para quienes se jubilen con 68.
